Las constantes violaciones que se cometen por parte de la policía, -- en sus tres niveles; municipal, estatal y federal--  son tan viejas como las protestas que en ese sentido se han venido haciendo a lo largo de los tiempos. Desde entonces, como ahora, no ha habido poder humano que pueda desterrarlos. Traigo a cuento lo anterior por la tarea que acaba de echarse a cuestas el abogado y maestro cajemense en materia de Derecho, Carlos Amaya, a quien conozco de atrás tiempo, primero como amigo y maestro de dos de mis hijos que no entendieron razones y les dio por estudiar lo chueco del derecho.

Señala y no sin razón, don Carlos, que la policía viola los derechos fundamentales de los ciudadanos mediante los retenes e inspecciones a cargo de elementos encapuchados, de ahí que, ante la constante negativa del doctor Victor Landeros, jefe de policía y barandilla de la gendarmería de Cajeme –  después que no se diga que le falta mono al título—por escuchar su demanda, éste haya acudido a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a cargo del navojoense Raúl Arturo Ramírez, con el propósito de que este designe visitadores a ver si a estos si les dan razón o justificación alguna del motivo de cada una de las inspecciones a cargo de los elementos encapuchados.

Craso error, mi querido letrado. Por una sencilla razón; si situaciones de menor envergadura no son atendidos por el órgano que dirige el de Navojoa y el que hasta el momento después de casi tres meses no acaba por instalarse en el cargo, atareado como se encuentra acomodando a sus paisanos en los cargos que dejan aquellos que son obligados a renunciar,  menos habrá tiempo y elementos para estar en cada uno de los cientos de retenes que se despliegan a lo largo de las principales ciudades del estado.

Y con otra. Los atropellos y anomalías que pudieran cometer los hijos del doctor Landeros en sus tropelías, perdón, retenes policiacos, en Cajeme, son pecata minuta comparados con estos si, verdaderos atropellos y desmanes que a últimas fechas han venido cometiendo los agentes de la PFP que de un tiempo a la fecha han convertido a Cajeme en su auténtico botín de guerra.

Por elemental sentido común y temor a las represalias me reservo el nombre de quien hace apenas unos días tuvo que sufrir en carne propia el robo en despoblado de que fue objeto por parte de estos elementos, cuya unidad fue revisada, si, pero no con la intención de ver qué tipo de irregularidad o enervante podría encontrarse adentro, sino con la intención de ver con qué se quedaban.

Así se lo dijo, abiertamente, el delincuente con charola “que lo atendió” en una de las calles de Cajeme. Tengo en mi poder el número de la patrulla y del agente, pero “por esta” que ni hablándome el mismo Genaro García Luna, este si, Secretario de Seguridad Pública Federal, ni el propio Felipe Calderón se los revelaría.

Sería tanto como intentar labrar en el desierto, ese desierto de la corrupción y la inocencia de la que nos habló ayer el pobre de Fernando Gómez Mont cuando a manera de justificación, nos dice que el gobierno federal desconocía el grado de corrupción o filtración en que se hallaban (¿se hallaban Kemosavi?) las policías y las dependencias encargadas de la impartición de justicia, por el crimen organizado. Tan fácil que era haber echado mano de cualquier cholo de barrio o haber jalado por la “Paca”, la vidente aquella en la que se apoyó el antiguo fiscal, Pablo Chapa Bezanilla, para dejar en claro algunos de los muchos casos peliagudos con los que se enfrentó a su paso por la PGR, cuando Antonio Lozano Gracia era el titular de la dependencia, por encargo, ni más ni menos que del ahora desaparecido jefe Diego Fernández de Cevallos.

FIERRITOS EN LA LUMBRE

Para acabar luego, el caso de los retenes es un asunto más o menos equivalente a los llamados arraigos policiacos que no son otra cosa que cárceles disfrazadas al servicio de las procuradurías y que según los expertos y alguien que tenga dos dedos de cerebro, podrá comprender que son a todas luces inconstitucionales y que son un abierto abuso que se comete, ante la absoluta incapacidad de investigación del Ministerio Público.

La mayor prueba de su inconstitucionalidad, para acabar luego es que no se hallan por ningún lado en la Constitución y por tanto, son ilegales, como es el caso del que tenemos aquí en Cajeme en Coahuila y Rodolfo Elías Calles en donde los ahí apandados no tienen, ni por asomo, las garantías que se tienen en las cárceles como son las visitas familiares o la atención médica a la que pudieran tener derecho; irregularidades y abusos de las que está al tanto la carabina de Ambrosio sonorense, es decir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero cual dijera aquel, se hacen de la vista obesa.

Volviendo con nuestro amigo, el abogado Amaya, cito a continuación lo esencial del artículo 16 de la constitución del que echa mano el facultativo para sustentar su denuncia y del que se pitorrean los genízaros y los mismos doctos en la materia, entiéndase Landeros y seguidores: Artículo 16. “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.  Sin comentarios.

Sugerencias y comentarios; premiereditores@hotmail.com