Con la pretensión de crear una Comisión de Asuntos Indígenas, la iniciativa de ley indígena presentada por el PRI no reconoce los derechos de las etnias, declararon los ocho gobernadores tradicionales yaquis.

En un comunicado, las autoridades de Vícam, Pótam, Tórim, Ráhum, Bácum, Huírivis, Cócorit y Belem indicaron que la propuesta sólo quiere ampliar y otorgar más recursos a la obsoleta política indigenista, a través de nuevas agencias.

“Es decir, el nuevo sujeto de derechos será una institución descentralizada del Ejecutivo, más dependiente del Congreso que será el que normará el nombramiento de su titular y su personal operativo.

“Además, establecerá un consejo directivo en el cual la representación de la tribu yaqui a través de su gobierno tradicional y de los demás pueblos indios no está considerada”, expusieron.

Cometen los diputados de nuevo la aberración de reconocer los derechos indígenas en una institución que suplanta a quienes verdaderamente reclaman reconocimiento jurídico en una nueva relación, explicaron.

Es condenable haber reformado el artículo primero de la constitución de Sonora sin haber consultado a los indígenas, manifestaron, pero usaron la vieja fórmula de votación de los ayuntamientos sólo para tener una mayoría.

Pero también debe condenarse, expusieron, la actual pretensión de sacar una Ley Indígena que dará carácter reglamentario al artículo primero en materia indígena de la Constitución política del estado de Sonora.

“Esta estrategia partidista con visión electoral del voto indígena y conspiradora de no consultarnos, está violando el marco legal nacional e internacional, que establece claramente la obligación jurídica de consultarnos.

“La estrategia de buscar formas artificiosa de evadir el trato y el pacto de gobierno a gobierno que pelea siempre la Tribu Yaqui para que se reconozcan sus reclamos desde la época colonial, se pretende realizar a través de una nueva figura institucional”, sostuvieron.

Esa pretendida Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, empeoraría más la situación de los pueblos, más con el manejo mediático de “sacar” las manos de intereses políticos sobre la atención a las etnias, destacaron.

“Porque serán los partidos y sus aliados indígenas los que buscarán las posiciones de cada sexenio en esta nueva comisión, que desplazará en las formas de relación a los protagonistas principales que son las estructuras de autoridad formal tradicional con los poderes gubernamentales y también de relación al interior de los pueblos indígenas”, afirmaron.

De promulgarse esta ley, puntualizaron, se anuncia un nuevo conflicto y una nueva lucha de resistencia, como es la que se mantiene con el artículo 27 Constitucional y su ley agraria reglamentaria que hasta ahora en la Tribu Yaqui no se aplica.

El conflicto nuevo que se avecina es grave, consideraron, porque se plantea otorgar el 1% del presupuesto estatal para la nueva Comisión Estatal Indigenista, que representa más de 300 millones de pesos.

“El objeto de la nueva Comisión Indigenista es el asistencialismo social con fines de cambiar su realidad social, a través de actores externos e internos, regidos por normativa de esa institución.

“Muchos de ellos, se espera, serán los mismos que han traicionado en el manejo de los asuntos internos de los pueblos indios y son por obviedad mal vistos, mas aún que siguen encontrando nuevas formas de intromisión y de imposición”, puntualizaron.

Ahora con más dinero en mano, se transgredirá de nuevo con fuerza el sistema normativo interno tradicional, en el nombramiento de autoridades tradicionales, en la forma de solución de los reclamos históricos y en las formas de organización tradicional para la atención de las demandas sociales y económicas, argumentaron.