CD. DE MÉXICO.- Organizaciones de derechos humanos reprobaron el desalojo de trabajadores de las minas de Cananea y Pasta de Conchos, propiedad de Grupo Minero México. Con este tipo de decisiones, afirmaron, “el gobierno federal confirma sus acciones autoritarias y represivas en contra de la clase trabajadora y en favor de los grupos de poder económico”.

En el grupo de organizaciones que se manifestaron por separado en contra de la acción gubernamental figuran la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Observatorio Eclesial y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Las organizaciones exigieron al gobierno de Felipe Calderón la instalación inmediata de una mesa de negociación que resuelva las demandas de los mineros y las familias afectadas.

Gloria Ramírez, de la AMDH, opinó que con ese tipo de decisiones “se agudiza la situación desastrosa del país en materia de derechos humanos”, se criminaliza el disenso, se cierra la vía de diálogo y se consolida un estado represivo.

Luis Arriaga, director del centro ProDH, recordó que en Pasta de Conchos se mantiene un proceso internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de la explosión donde murieron 65 mineros. Exigió una investigación imparcial y afirmó que queda clara la ineficacia de las autoridades para resolver los conflictos a través del diálogo.
Juan Carlos Gutiérrez, director de la CMDPDH, dijo: “El Presidente y su gobierno se han puesto del lado de los grupos de poder económico, por tanto, hay autoritarismo”.

Por su parte, Édgar Cortez, del IMDHD, señaló: “El Ejecutivo federal utiliza las corporaciones policiacas para proteger los derechos de las empresas y a los trabajadores que reclaman justicia se les reprime. El estado de derecho en este país no es más que un discurso hueco, porque en realidad se ejercen prácticas autoritarias”.

A su vez, Enrique González Ruiz, coordinador del programa de derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, calificó la decisión de “acto autoritario” y afirmó que el gobierno federal se pliega a los dictados del poder.

Es, dijo, “un pésimo augurio para lo que viene en materia de reforma laboral, donde el actual gobierno va a mantener su política de acabar, por todos los medios, con las conquistas sociales y laborales” de los trabajadores.