Pintar con grafitti en las paredes de casas, edificios y bardas será un delito tipificado por el Código Penal de Sonora, establece el proyecto de dictamen aprobado en el Congreso del Estado.

Se definirá como delito específico en el artículo 236 Bis que se adicionará al Código Penal del Estado de Sonora y un segundo párrafo al Artículo 115 de la Ley que Establece el Sistema de Justicia para Adolescentes.

En estas adiciones se establece que se aplicarán de seis meses a dos años de prisión, y de 30 a 60 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, al que, utilizando cualquier tipo de sustancia o medio para realizar pintas y otros, altere la presentación original de bienes muebles e inmuebles.

Se considerarán también los códigos, rayones, mensajes, figuras y gráficos de todo tipo, sin consentimiento del dueño o quien legalmente posea, y se considerarán como bienes a los planteles educativos, monumentos o sitios considerados como patrimonio cultural, con valor histórico, arqueológico, científico, arquitectónico, hospitales, áreas recreativas o cualquier otro bien propiedad del Estado o en los municipios que estén destinados a prestar servicios públicos.

En lo relativo a la Ley que Establece el Sistema de Justicia para Adolescentes, el segundo párrafo del Artículo 115 dirá: los padres, tutores o quienes ejerzan patria potestad del adolescente, serán solidariamente responsables y deberán garantizar el cumplimiento de la representación del daño a la víctima u ofendido.

Los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, diputados Damián Zepeda Vidales, presidente; Moisés Ignacio Casal Díaz, Bulmaro Pacheco Moreno, Jorge Antonio Valdez Villanueva y César Augusto Marcor Ramírez, secretarios, votaron a favor del proyecto que fue presentado con las adecuaciones que permitieron enriquecer la iniciativa original y lograr establecer que “la expresión cultural no está reñida con el respeto a la legalidad”.

Los legisladores dieron a conocer sus comentarios y la conclusión fue que lo aprobado presenta un cambio de estrategia con relación al documento inicial, ya que ahora se enfocará a la reparación del daño y al trabajo comunitario que derivará en una justicia restaurativa.

Para la redacción de esta reforma la comisión legislativa consultgó a cámaras empresariales, representantes de grupos sociales, medios de comunicación, abogados y especialistas en la materia.

“Se llegó a la conclusión de que la conducta conlleva daño, sin embargo tales conductas no deberán tener el carácter de delito grave, en razón de argumentos basados en estudios técnicos que se hicieron saber en las mesas de trabajo”, expresó el legislador.

El diputado César Augusto Marcor Ramírez informó que lo siguiente será trabajar en una segunda etapa en la que se propondrá la creación de un consejo ciudadano que se encargará de vigilar el cumplimiento de sanciones impuestas, el cual estará integrado por ciudadanos honorables, grupos sociales, organismos empresariales y otros que no pertenezcan al gobierno estatal o municipal.