| En la lupa | ||
| Guillermo Noriega Viernes 10 de Septiembre de 2010 |
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Cada vez que conozco más en el mundo de la administración pública me doy cuenta por qué nuestro País funciona más defectuosamente. Es efectivamente un problema de sistema y de perspectiva, una falta de visión más o menos común y la falta de incentivos para generar acuerdos intermedios.
La perspectiva no está centrada en la realización de los derechos más fundamentales, claro está. Los gobiernos no tienen planes a corto, mediano y largo plazo para resolver los problemas de fondo, no tienen capacidades técnicas, humanas o financieras ni tampoco los incentivos para querer hacerlo, pues al modificar un ápice a las cosas que en verdad pudieran incidir en una mejora, irrumpen en el monopolio de, en el negocio de, en el coto de poder de, en el sindicato de, en los privilegios de, entre muchos des.
Me he dado cuenta que la realidad política existe en dos dimensiones: Una que es pública y otra que es de contenido reservado a unos cuantos. La pública implica simulación, existen reglamentos, normas, procedimientos institucionales, presupuestos, etcétera, que se convierten en un interminable e infinito pergamino de pretextos más mareadores que irrefutables. Una maraña de argumentos encubridores de la otra realidad.
La parte no pública, la reservada, es aquella explicación que a veces recibimos al oído por parte de algún tomador de decisiones, como queriéndonos hacer cómplices del secreto, por el cual creen que deberíamos estar agradecidos eternamente: “Es que equis diputado tiene su negocio de farmacias y medicamentos y no podemos bloqueárselo”; “es que la partida secreta beneficia a x o y, por lo mismo y como no queremos ingobernabilidad, pues hay que tomar decisiones fuertes, así son las cosas”… “eso no lo puedes cambiar”, entre muchas otras explicaciones.
Regularmente parten del principio de que las razones verdaderas del ejercicio del poder no las puede soportar la población, es más juran ¡que ni queremos saber!, que la población común y corriente está más interesada en su primaria sin energía eléctrica que en las licitaciones de obra pública o en las partidas no fiscalizables, etcétera.
Y para ellos esa misma población no sabe ni sabrá nunca lo amargo y difícil que es gobernar... ¡pobrecitos! Seguramente por los grandes ‘sapos’ que se ‘tienen’ que deglutir diariamente es que merecen tanta cosa, tanta prerrogativa.
Entender esa parte es interesante, porque bastan unos meses en el poder para que algunos se consideren dueños de lo público y puedan determinar unilateralmente y bajo cualquier absurdo criterio personal, cuál sí es el verdadero interés público y cuál no.
Es posible que la población no se quiere enterar si se soborna a líderes tribales o movimientos sociales con recursos públicos para que no armen problemas, sobre todo si como es costumbre, no pasa nada con esa información. No queremos saber, ciertamente, de un fraude más, porque a fin de cuentas nepotistas, rateros o mentirosos, pululan entre nuestros políticos y ¡nunca pasa nada!
Pero, ¿qué tal si hacemos más sencillo que la gente se entere de los asuntos públicos relacionados con sus problemas diarios? ¿Qué tal, por ejemplo, si relacionamos a las primarias sin luz eléctrica y a los niños sentados bajo un mezquite a 40ºC con un acto mínimamente de (i)responsabilidad administrativa con nombres y apellidos? ¿Qué tal un: “Prefirieron gastar el dinero en…”?
¿Qué tal si traducimos el monto de algún fraude en el número de ambulancias que se pudieron comprar? ¿Qué tal si sumamos el monto de la partida secreta sonorense de la Secretaría de Gobierno y vemos para cuántos doctores nos puede alcanzar? ¿O para cuántos diabéticos o hipertensos discriminados por el Isssteson nos puede alcanzar? ¿Cuántos tratamientos? ¿Cuántos desayunos escolares? ¿Becas? ¿Drenaje?...
Por supuesto que la población quiere saber la verdad, sobre todo si la entiende como parte de SUS propios problemas.
Lo que pasa es que nuestros servidores públicos prefieren autoerigirse como soberbios administradores de la verdad al servicio de un sistema, que como verdaderos agentes de cambio.
¿Y los incentivos reales? ¡No existen! Nadie tiene las suficientes motivaciones para erigirse como kamikaze del sistema, no hay utilidad real. Por eso cada quien a su escritorio, a su parcela de competencias, a “hacer como que hago”, sin cambiar muchas cosas de fondo… “no vaya a ser”.
¿Así cómo pues?
Guillermo Noriega Esparza
Internacionalista, UNAM y director de Sonora Ciudadana A.C.
Correo: noriega@sonoraciudadana.org.mx
Twitter: @elmemonoriega
La perspectiva no está centrada en la realización de los derechos más fundamentales, claro está. Los gobiernos no tienen planes a corto, mediano y largo plazo para resolver los problemas de fondo, no tienen capacidades técnicas, humanas o financieras ni tampoco los incentivos para querer hacerlo, pues al modificar un ápice a las cosas que en verdad pudieran incidir en una mejora, irrumpen en el monopolio de, en el negocio de, en el coto de poder de, en el sindicato de, en los privilegios de, entre muchos des.
Me he dado cuenta que la realidad política existe en dos dimensiones: Una que es pública y otra que es de contenido reservado a unos cuantos. La pública implica simulación, existen reglamentos, normas, procedimientos institucionales, presupuestos, etcétera, que se convierten en un interminable e infinito pergamino de pretextos más mareadores que irrefutables. Una maraña de argumentos encubridores de la otra realidad.
La parte no pública, la reservada, es aquella explicación que a veces recibimos al oído por parte de algún tomador de decisiones, como queriéndonos hacer cómplices del secreto, por el cual creen que deberíamos estar agradecidos eternamente: “Es que equis diputado tiene su negocio de farmacias y medicamentos y no podemos bloqueárselo”; “es que la partida secreta beneficia a x o y, por lo mismo y como no queremos ingobernabilidad, pues hay que tomar decisiones fuertes, así son las cosas”… “eso no lo puedes cambiar”, entre muchas otras explicaciones.
Regularmente parten del principio de que las razones verdaderas del ejercicio del poder no las puede soportar la población, es más juran ¡que ni queremos saber!, que la población común y corriente está más interesada en su primaria sin energía eléctrica que en las licitaciones de obra pública o en las partidas no fiscalizables, etcétera.
Y para ellos esa misma población no sabe ni sabrá nunca lo amargo y difícil que es gobernar... ¡pobrecitos! Seguramente por los grandes ‘sapos’ que se ‘tienen’ que deglutir diariamente es que merecen tanta cosa, tanta prerrogativa.
Entender esa parte es interesante, porque bastan unos meses en el poder para que algunos se consideren dueños de lo público y puedan determinar unilateralmente y bajo cualquier absurdo criterio personal, cuál sí es el verdadero interés público y cuál no.
Es posible que la población no se quiere enterar si se soborna a líderes tribales o movimientos sociales con recursos públicos para que no armen problemas, sobre todo si como es costumbre, no pasa nada con esa información. No queremos saber, ciertamente, de un fraude más, porque a fin de cuentas nepotistas, rateros o mentirosos, pululan entre nuestros políticos y ¡nunca pasa nada!
Pero, ¿qué tal si hacemos más sencillo que la gente se entere de los asuntos públicos relacionados con sus problemas diarios? ¿Qué tal, por ejemplo, si relacionamos a las primarias sin luz eléctrica y a los niños sentados bajo un mezquite a 40ºC con un acto mínimamente de (i)responsabilidad administrativa con nombres y apellidos? ¿Qué tal un: “Prefirieron gastar el dinero en…”?
¿Qué tal si traducimos el monto de algún fraude en el número de ambulancias que se pudieron comprar? ¿Qué tal si sumamos el monto de la partida secreta sonorense de la Secretaría de Gobierno y vemos para cuántos doctores nos puede alcanzar? ¿O para cuántos diabéticos o hipertensos discriminados por el Isssteson nos puede alcanzar? ¿Cuántos tratamientos? ¿Cuántos desayunos escolares? ¿Becas? ¿Drenaje?...
Por supuesto que la población quiere saber la verdad, sobre todo si la entiende como parte de SUS propios problemas.
Lo que pasa es que nuestros servidores públicos prefieren autoerigirse como soberbios administradores de la verdad al servicio de un sistema, que como verdaderos agentes de cambio.
¿Y los incentivos reales? ¡No existen! Nadie tiene las suficientes motivaciones para erigirse como kamikaze del sistema, no hay utilidad real. Por eso cada quien a su escritorio, a su parcela de competencias, a “hacer como que hago”, sin cambiar muchas cosas de fondo… “no vaya a ser”.
¿Así cómo pues?
Guillermo Noriega Esparza
Internacionalista, UNAM y director de Sonora Ciudadana A.C.
Correo: noriega@sonoraciudadana.org.mx
Twitter: @elmemonoriega
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