HERMOSILLO.- Diputados priistas acusaron al coordinador del PAN en el Congreso local, Enrique Reyna Lizárraga, de haber ignorado los documentos donde, dicen, se comprueba que no hubo desvío de recursos en la pasada administración estatal.

Y en respuesta a las acusaciones vertidas por Reyna, los priistas señalaron presuntas irregularidades detectadas en la revisión de la cuenta pública de la administración actual.

Los legilsadores del PRI - Alianza afirman que en los primeros tres meses de gobierno de Guillermo Padrés se elevaron los índices históricos de deudores diversos.

Flor Ayala y Ulises Cristopulos expusieron que tan sólo el día dos de octubre, es decir, a menos de un mes de haber entrado este nuevo gobierno, se expidieron cheques por casi cinco millones de pesos.

Roberto Ruibal cuestionó esos recursos, cuando este gobierno ni siquiera acaba de acomodarse. En este tenor también se encuentra una serie de observaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) relativas a facturas sin soporte.

Los diputados señalaron que la empresa Frog Electronic recibió del gobierno panista 230 mil pesos; en tanto que la compañía Gráficos Lerer, obtuvo un millón 149 mil 242 pesos y Grupo Seed cuatro millones 509 mil con 52 pesos, haciendo un total de cinco millones 888 mil 294 pesos, sin que hayan dado la prestación de algún servicio.

Esto, a pesar que en los conceptos de las facturas se señalan trabajos de impresión, insumos de papelería y mantenimiento al equipo de cómputo, de lo cual el ISAF detectó que no se encontraron copias de los contratos ni los respectivos dictámenes de adjudicación.

Por si esto no fuera suficiente, dijeron, las mismas empresas antes precisadas aparecen en el listado de deudores diversos, con una cantidad global de 9 millones 545 mil con 20 pesos, todos estos otorgados en un sólo día, el 2 de octubre de 2009.

Ante tales hechos, el Coordinador Parlamentario priísta hizo hincapié en que Sonora cuente con órganos autónomos de auditoría, para dejar atrás que, al ser juez y parte, dejen sin aplicarse las sanciones para quien haga mal uso de los recursos públicos.