Integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua consideraron que la licitación del acueducto Independencia es un desacato a ordenamientos judiciales.

Tomás Rojo Valencia afirmó que con este acto se incita a la sociedad a quebrantar la ley, lo cual puede llevar a la ingobernabilidad.

Haber adjudicado la obra de construcción del acueducto El Novillo a un consorcio sonorense significa pasar por encima de disposiciones de un juez que ordenó no seguir adelante con la licitación, sostuvo.

Contraviene la medida cautelar del Tribunal Unitario Agrario de detener cualquier acción, de hecho y de derecho, que pudiera afectar los volúmenes de agua de las presas La Angostura y El Novillo, cuya restitución pelean los indígenas, señaló el integrante de la tribu yaqui.

“Muchos otros festinan la medida tomada, como si violentar las leyes fuera lo mejor para una sociedad que se presume vive en un estado de derecho”, puntualizó.

Adelantó que esperarán al 24 de noviembre, fecha de la audiencia constitucional en el Tribunal Agrario, para saber cómo se responderá, pero de hecho las brigadas civiles ya están listas para partir a El Novillo.

“A como pintan las cosas, como no han dado oportunidad de dialogar sobre la restitución del agua correspondiente a la Tribu Yaqui, están obligando a tomar medidas como la de un campamento en El Novillo”, señaló.

Alarmante pero no sorprende

Por su parte Adalberto Rosas López,  Alberto Vizcarra Osuna y Jaime Miranda Peláez, expresaron que la medida de hacer a un lado las suspensiones judiciales en torno a esta obra es alarmante pero no sorprende.

Ya estaba notificado Padrés Elías, así como la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua, a pesar de haber cerrado las oficinas de ambas dependencias el día 5, sobre la resolución judicial de que no debía publicarse la decisión sobre la licitación del acueducto, precisó Rosas López.

Se seguirá defendiendo por la vía legal y con movilización social el derecho a mantener para los cajemenses un patrimonio que le ha costado crear, sostuvo.

Serán las autoridades judiciales de oficio las que conminen al mandatario estatal a respetar sus dictámenes, expresó, o bien los mismos solicitantes de los amparos podrán emprender una ampliación de la demanda que lleve al desafuero e incluso pérdida de la libertad y la gubernatura.

El diputado federal Rogelio Díaz Brown declaró que es increíble como el Gobierno del Estado desconoció dos órdenes de suspensión provisional vía amparo contra la construcción del Acueducto Independencia, demostrando con ello una total falta de respeto a los otros Poderes de la República.

Recalcó que para eso existen tres poderes en la nación y que el Gobierno de Sonora parece que no le importa incumplir con la ley, por lo cual bien podría caer en un desacato.