A la lucha contra la construcción del acueducto de El Novillo, los indígenas de México sumaron su rechazo al despojo y apropiación privada de ríos, arroyos, manantiales, mares y playas de sus territorios.

Reunidos en la casa del Yaqui, los pueblos Purépecha, Nahua, Wixárika o Huicholes de Durango, Coca, Odham, Mayo, Mizteco, Triqui, Tzotzil y Otomí, fueron contundentes en sus apreciaciones:

“Nos oponemos a la construcción (del acueducto) por parte del gobierno federal, estatal y el empresario Carlos Slim, mismo que pretende llevar casi la totalidad de las aguas del río Yaqui al municipio de Hermosillo para favorecer intereses inmobiliarios, turísticos y agroindustriales del gran capital”.

Acaparamiento

Y fueron más allá en sus declaraciones finales, divulgadas esta semana:

“Nos oponemos rotundamente a que el agua, fundamento de la vida, pueda ser acaparada por intereses privados y que sea considerada como una mercancía susceptible de venta y compra”.

Reclamaron, una vez más, su derecho histórico a la libre determinación como pueblos, naciones y tribus originarias, con respeto a las formas que para su ejercicio, decidan susm pobladores.

Y de frente al centenario de la Revolución Mexicana acusaron:

Esta lucha histórica y otras del pasado mexicano costaron mucha sangre a los indígenas, pero en las constituciones de 1824, 1857 y 1917, ni siquiera se reconoció su existencia.

Es necesario, dijeron, fortalecer la autonomía de sus pueblos mediante la defensa de la tierra, los montes, las aguas, los seres espirituales y naturales, así como sus culturas propias y su gobierno, bajo el principio de mandar obedeciendo.

Más reclamos
Pero los indígenas hicieron suyas otras demandas que a lo largo del país enfrentan día con día, como la represión gubernamental y paramilitar en contra del pueblo Triqui, de Oaxaca, la comunidad Caracoles y las juntas de buen gobierno zapatista, en Chiapas.

Ese mismo clima de inseguridad persiste en la comunidad Nahua de Santa María Ostula, Michoacán, y entre el pueblo Tzotzil de Mitzitón, Chiapas.

“Nos oponemos al desplazamiento forzado de quienes integran el municipio autónomo de Juan Copala y la militarización de la región Triqui”, sostuvieron.

Y es que ahí, citaron, intereses externos se han entrometido para provocar conflictos entre los mismos indígenas, al grado de causar ya varias muertes entre grupos de la misma comunidad.

Los indígenas solicitaron de igual forma la liberación de quienes han sido encarcelados para callar su voz, al tiempo que se solidarizaron con la comunidad Nahua de San Salvador Atenco, en su lucha para evitar el despojo de su territorio.