A pesar de las campañas de concientización y de cambios en patrones culturales, el asesinato de mujeres sigue siendo uno de los crímenes con mayor impunidad en México.

De enero del 2009 a junio del 2010 se reportan 1728 feminicidios en la mitad del país.

De acuerdo con datos difundidos por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), casi en el 50 por ciento de los asesinatos de mujeres las autoridades desconcen los motivos.

Pero tal vez la cifra más alarmante es la de la impunidad: de todos los casos registrados, sólo se ha dictado sentencia en 40 casos, es decir, el 4 por ciento del total.

En el informe "Una mirada al feminicidio en México", el OCNF afirma que ocurren 120 mil violaciones al año, es decir, aproximadamente una cada cuatro minutos.

Además, las mujeres víctimas de violación sexual siguen encontrando graves barreras para acceder a servicios de atención integral a la salud, incluida la interrupción legal del embarazo (ILE), debido a la falta de lineamientos entre las Secretarías de Salud y las Procuradurías.

A más de 3 años de vigencia de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no se cuenta con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Estos datos reflejan la dramática realidad de la falta de acceso a la justicia y a la reparación integral del daño que viven las mujeres víctimas de violencia en México, señala el informe del OCNF.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha documentado ampliamente la ineficacia de las instituciones federales y locales obligadas a procurar y administrar la anhelada justicia, debido al total desinterés en impulsar políticas públicas integrales que erradiquen la desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres. Asimismo han invisibilizado la problemática del feminicidio al no contar con registros globales y rigurosos que permitan cuantificar la dimensión real de la violencia contra las mujeres.

Ante esta grave situación el OCNF exige que se cree, aplique y estandarice a nivel nacional –como lo establece la Sentencia de Campo Algodonero- un protocolo para la investigación de homicidios dolosos y desapariciones de mujeres con perspectiva de género, que contemple un mecanismo de sanción a los servidores públicos que incurran en violencia institucional contra las mujeres. De la misma manera exige la cabal instrumentación de la NOM 046 en todas las entidades de la República.

Este 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicido demanda a las autoridades federales y estatales el cumplimiento de las obligaciones contraídas ante los mecanismos internacionales de derechos humanos.