Así como los legisladores se autorizan aumentos salariales de hasta 30%, deberían colocar el sueldo mínimo en 81 pesos diarios y aún así no se resarciría el poder adquisitivo de los trabajadores.

Carlos Armando Muñiz Reyes, presidente de la Asociación de Vecinos pro dignificación de las colonias de Cajeme, enfatizó que es tiempo de que la sociedad impida que se siga pisoteando la dignidad de los ciudadanos con los ofensivos aumentos al salario mínimo.

“El próximo aumento debe de ser proporcional a todos los que se han aprobado tanto en materia de impuestos como en los diferentes servicios y productos de la canasta básica”, consideró.

Está por presentarse la propuesta sobre los salarios del año entrante, expuso, por lo cual debe hacerse un llamado a los integrantes de la comisión que los determinará para que sean justos en sus apreciaciones.

“Hacemos un llamado a los legisladores para que exijan un  aumento proporcional a lo que se ha incrementado los diferentes productos de la canasta básica, gas, gasolina y energía eléctrica, entre otros”, destacó.

Aunque se incrementara el salario en los porcentajes en que los diputados se subieron sus sueldos, dijo, el mínimo quedaría en 81 pesos y ni así se garantiza ni en lo más indispensable lo que establece la Constitución Política.

“El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de sus hijos”, reza la máxima legislación nacional, indicó.

Si se analizara con justicia la situación económica del país, los cambios de mayor importancia en las actividades económicas, las variaciones en el costo de la vida por familia y las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de salario mínimo, consideró, éste debería incrementarse en 50%.

“De lo contrario, lo que establece la ley laboral es letra muerta, como lo ha sido a la fecha, por lo tanto se llega a la conclusión de que el salario mínimo en nuestro país es anticonstitucional, además de que agravia, vulnera y ofende la dignidad de los trabajadores.

“Es tiempo de que nuestros diputados y senadores legislen y vean por el bienestar de los que menos tienen; es tiempo de que nuestros gobernantes le restituyan al pueblo su dignidad con salarios realmente bien remunerados, que realmente satisfagan todas las necesidades que señalan nuestra constitución y la legislación laboral”, puntualizó.