El senador sonorense Javier Castelo acusó a las organizaciones campesinas:  Cajeme Humaya A.C., Frente Agropecuario Nacional AC y Fundación para el Desarrollo Comunitario y Atención Ciudadana AC, de tratar de eludir la ley al señalar una supuesta “persecución política”, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara irregularidades en el manejo de recursos por un monto de un millón 533 mil pesos que les entregó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

El legislador recordó que como parte del informe de la Cuenta Pública 2009, el órgano fiscalizador dio a conocer esos resultados e informó que presentaría denuncias de tipo penal por las irregularidades detectadas al presumirse, primero, un daño o perjuicio contra la Hacienda Pública Federal por un millón 233 mil pesos por parte de esas tres organizaciones, ya que no se impartieron foros y talleres que supuestamente contrataron.

Además, continuó Castelo Parada, la ASF advirtió un daño a la Hacienda Pública Federal por otros 300 mil pesos, de parte del Frente Agropecuario Nacional AC, al no comprobarse la existencia física de equipos de cómputo e insumo que esa organización dijo haber adquirido para sus oficinas.

Recordó que entre los dirigentes que ya han enfrentado un proceso penal por esas irregularidades están Alfonso Valenzuela Segura, Manuel Arenas Caballero y otras cinco personas.

“Estas organizaciones campesinas de Sonora ahora tratan de evitar la ley señalando que sufren de persecución política, lo cual es infundado, pues la Auditoría Superior ha detectado graves irregularidades en el manejo de los apoyos económicos que les daba la Sagarpa. Vivimos en un país de leyes e instituciones, y es absolutamente criticable que los dirigentes de estas organizaciones se digan ‘perseguidos políticos’ cuando violaron la ley”, dijo Castelo Parada.

En el reporte de la cuenta pública 2009, la ASF expuso, por ejemplo, que una de esas organizaciones presentó diversas facturas por la supuesta adquisición de equipos de cómputo e insumos que, en realidad, nunca fueron comprados.

También se apuntó que las organizaciones habían contratado cursos y talleres a realizarse en el Centro Magno de Ciudad Obregón; sin embargo, el encargado de la administración del Centro rechazó haber emitido alguna factura.
 
“El gerente general de la empresa Rahikama, encargado de la administración del Centro Magno, manifestó que no se encontraron facturas emitidas a favor de las organizaciones Cajeme Humaya AC, Frente Agropecuario Nacional AC y Fundación para el Desarrollo Comunitario y Atención Ciudadana AC, con lo cual se presume que los recursos y talleres tampoco fueron realizados”, abundó la ASF en su informe de la Cuenta Pública 2009.

En este sentido, Castelo Parada subrayó que los resultados dados a conocer por la ASF son contundentes y demuestran a cabalidad las irregularidades en que incurrieron esas organizaciones sociales, las cuales, apuntó, juegan con los recursos que la Sagarpa otorga para el apoyo a los campesinos.

Por ello, sostuvo: “No se vale que se pretenda desviar la atención y eludir la ley con señalamientos falsos y mediáticos. Las organizaciones deben responder de sus actos y dejar a un lado el chantaje político, ya que todo lo que buscan es salir impunes de estos hechos”, concluyó el Senador por Sonora.