Crónica de una desgracia anunciada
Sergio Ibarra
Martes 30 de Agosto de 2011

A partir de éste pasado viernes 26 de agosto, todos los ojos del Estado mexicano han sido puestos en Nuevo León y más concretamente en Monterrey, su capital, tras el abominable atentado con el que el crimen organizado sello su supremacía dejando claro quien manda en este país, haciendo alarde del tantas veces negado, por el gobierno, terrorismo del que han venido haciendo uso estos últimos cinco años.

De ello nos hablan los multitudinarios ajustes en el que, en un solo ataque se han cobrado hasta quince muertes, como el ocurrido aquí en Cajeme, para no ir muy lejos, en donde hace más del año  muriera acribillado el líder Margarito Montes Parra y catorce de sus acompañantes, su joven pareja sentimental y dos de sus pequeños nietos que quedaron en sus brazos, entre estos.
De ese mismo terror nos hablan las narcofosas descubiertas en el Rancho San Fernando, de Tamaulipas, en donde el macabro conteo nos habla de más de sesenta cuerpos encontrados, la mayoría, identificados como migrantes centroamericanos y el resto, compuesto por mexicanos que en un intento por salir de la miseria que les arropa en su pueblo de origen, habían encaminado sus pasos en dirección a los Estados Unidos.


Hoy, los ojos del gobierno de Calderón – y en esta ocasión, del mundo—han puesto su atención en Monterrey tras la tragedia que enluta no solo a los regios sino a la nación entera, luego de la masacre del casino Royale en donde perecieron, carbonizadas y asfixiadas, cerca de sesenta personas.
Operación, ésta, por cierto, por demás tardía, no solo por lo que dictaría el sentido común sino por el dicho de los expertos y los propios regiomontanos que desde años atrás, habían venido detectando la presencia de las bandas del crimen organizado y la forma en que impunemente se dedicaban a la extorsión, el secuestro y la forma en que, merced a los ilegales ingresos obtenidos por sus latrocinios, se habían venido apoderando del comercio, la industria y los servicios de la ciudad capital, desplazando a quienes, con el esfuerzo de sus vidas, habían hecho de Monterrey y su zona conurbada, un importante motor de ingresos del noroeste del país.


Naturalmente, con la complicidad de las altas autoridades políticas y las diferentes instancias encargadas de velar por la seguridad de los neoloneses, en sus tres niveles de gobierno. 

En pocas palabras, el caso del casino y sus cincuenta y tantas víctimas, es el cáncer que terminó por expandirse en el cuerpo del enfermo, de ahí que ni los mil quinientos elementos que ahora les envía Calderón para el reforzamiento de la seguridad, ni las mil marchas que estén programadas por hacerse de aquí a diciembre, próximo ni los cacerolazos que tuvieron lugar el fin de la semana pasada ni los que vienen, en los que se aprovecha para pedir la renuncia de Calderón y García Luna, su inepto y protegido secretario de Seguridad Pública Nacional servirán para maldita la cosa.


Y de esas miles de versiones que se escuchan, te comparto, lector, la del analista en cuestiones de seguridad nacional, Simón Vargas Aguilar con quien no tiene uno más que estar de acuerdo en sus apreciaciones. Se remite, don Simón, a uno de los principales actores en la vida regiomontana como en su tiempo lo fue quien por naturaleza del cargo, debe de ser todo oídos y todo ojos, para su jefe directo, el Presidente de los Estados Unidos; el cónsul de ese país, Bruce Williamson, el que en su momento, alertó a su país de la forma en que Monterrey pasó a ser, del enclave económico que fue siempre, a territorio controlado por el crimen organizado que encontró en esta pujante metrópoli un refugio seguro, de ingresos estables, mediante el cobro de extorsiones y abasto de insumos para sus integrantes. A continuación, te transcribió, lector, la parte medular de uno de los informes referidos por el analista y que habrían sido enviados por el Cónsul a su país y del que, por lo visto, no se le puso la debida atención:

“Más adelante, en otro cable, Williamson alertó a Washington que las corporaciones policiacas de los tres niveles se encontraban profundamente infiltradas por el crimen organizado y la previsible guerra entre el cártel del Golfo y Los Zetas, organización que dominaba la ciudad hacía ya tiempo, finalmente había llegado a la entidad.

En 2007 se registró el asesinato de 29 policías, sin que las autoridades actuaran al respecto ni se detuviera a los responsables. En 2008 los plagios se incrementaron, exhibiendo la falta de una unidad antisecuestros y descoordinación del gobierno estatal con las instancias federales. El 6 de enero de 2009, las instalaciones de Televisa en Monterrey fueron atacadas con fusiles y una granada.

En tanto, el 19 de enero y el 9 y 10 de febrero se registraron los primeros narcobloqueos, los cuales evidenciaron el dominio de los cárteles en la ciudad. El 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del ITESM, fallecieron frente al campus Monterrey en un fuego cruzado.

El 6 de octubre del año pasado, Lucila Quintanilla, estudiante de la UANL, murió durante una balacera en la plaza Morelos.”
 El atentado al casino Royale el pasado jueves, en el cual fallecieron más de 50 personas, es una prueba más de las demostraciones de fuerza de los grupos delictivos y dejan entrever que están dispuestos a todo, dice Vargas Aguilar.

Continúa en su análisis:

Los narcotraficantes han tomado Monterrey. Se infiltraron en la vida social en municipios como San Pedro Garza, en el cual algunos han establecido su lugar de residencia; llegaron a arrebatarles sirvientas y jardineros a los neoleoneses acaudalados; se apoderaron de los salones de belleza para convertirlos en negocios que son administrados por sus amantes; desplazaron a la tradicional clientela de las familias adineradas, y hoy son ellos los que gastan fuertes sumas de dinero en lujosas tiendas en exclusivos centros comerciales y suntuosas agencias automotrices.

Han logrado incorporarse en el ámbito financiero y de negocios a través de inversiones locales, inaugurando restaurantes o centros de diversión y esparcimiento; algunos otros han tendido lazos sanguíneos o políticos, emparentando con familias importantes en la región mediante el matrimonio, las relaciones extramaritales o el amasiato; sus hijos estudian en las mejores escuelas y universidades y comparten sus aulas con los hijos de prominentes empresarios y políticos.

Los narcotraficantes han transformado su rol social y han comenzado a erigirse como líderes en algunos ámbitos, respaldándose en el poder que les da el dinero que han ganado a través de actividades ilícitas y lícitas. Estos individuos se favorecieron, de manera colateral, de actividades como el juego, las apuestas –campo fértil para el lavado de dinero– en alguno de los más de 57 casinos establecidos en Monterrey en los últimos años; y ni qué decir de la trata de personas y la prostitución, la cual se percibe en la proliferación de spas, centros de belleza y masajes.
La vida en Monterrey cambió desde hace tiempo; todo mundo lo percibió pero no se actuó. Así pasó con México, en todo el territorio la población conoce quiénes son los criminales, sólo falta que las autoridades actúen; de lo contrario, la escalada de violencia seguirá creciendo hasta que alguien los detenga.

¿Alguna duda?

Que no vengan, pues, ahora con el cuento de que a fines de la semana anterior se clausuraron quien sabe cuantos casinos y que se han asegurado tres mil máquinas de juego que estaban operando en forma ilegal en algunos casinos del país y que, bla, bla, bla, bla.

Ese no es el punto. Tampoco se lograría nada con negar permisos a quienes, cumpliendo con el ordenamiento legal, lo hayan solicitado ante las debidas instancias, a fin de cuentas, además de que son una importante fuente de empleos, a éste tipo de lugares nadie va bajo presión u amenazas. El caso aquí es que, la mayoría de las ciudades del país viven situaciones similares a la de Monterrey, en donde la abierta complicidad y el disimulo podrían encender la mecha del polvorín en que está convertido el país entero.

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