Alfredo Acedo

El Diario Oficial de la Federación publicó apenas el 13 de octubre la reforma aprobada por el Constituyente Permanente que incorpora a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la alimentación, corolario victorioso de una larga lucha ganada principalmente por las organizaciones campesinas.

Casi por no dejar, el viernes 29 de abril de este año la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional que establece el derecho a la alimentación en México. El miércoles 17 de agosto el Senado de la República recibió informes de la mayoría de los estados del país que aprueban la reforma y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación (1).

Durante más de tres lustros, la mayoría de los legisladores —en el absurdo— parecía preferir la abolición del deseo de comer, para que así no faltasen alimentos, a dar curso a compromisos asumidos por el gobierno de México mediante acuerdos internacionales vinculantes en materia de derechos humanos, especialmente el reconocimiento del derecho a la alimentación.

Acostumbrados a manejar acuerdos como monedas de cambio, en abril los diputados buscaron obtener apenas algo que no fuera un período legislativo en blanco. El derecho a la alimentación fue el único asunto de trascendencia abordado por la Cámara de Diputados en el segundo periodo ordinario de sesiones, y en el camino quedaron esfuerzos infructuosos de reformas en los temas laboral, electoral y de seguridad nacional.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (404 votos a favor y 4 abstenciones) la reforma por la cual se incorpora en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la alimentación, con la obligación del estado para garantizarlo (adición al Artículo 4º) y se establece asimismo el abasto adecuado de alimentos básicos a través de un desarrollo rural integral y sustentable (adición a la Fracción XX del Artículo 27º).

Las modificaciones a la Carta Magna quedaron como sigue:

“Artículo 4º: Toda persona tiene derecho a la alimentación adecuada para su bienestar y su desarrollo físico, emocional e intelectual. El Estado lo garantizará.

“Fracción XX del Artículo 27º: El desarrollo rural integral y sustentable (…) también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.”

Si en cierto sentido uno es lo que come, entonces con el derecho a la alimentación estamos recuperando nuestro derecho a ser. Los alimentos podrán considerarse un valor que nos permite reproducirnos como seres humanos, no la mercancía que son ahora, con la que se lucra y cuyo acceso es negado a 30 millones de personas, más de una cuarta parte de la población mexicana que hoy padece carencias alimentarias (2).

Una batalla ganada por las organizaciones sociales

La reforma es una batalla ganada después más de 16 años de manifestaciones, demandas y propuestas, durante los cuales, sobre todo en la última etapa, hubo una intensa labor de diálogo y gestión de las organizaciones sociales con diversos legisladores de ambas cámaras federales.

Sumada a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que podría convertirse ahora en la ley reglamentaria, esta reforma constitucional representa un enorme avance en términos de derechos humanos y es una llave que abre la puerta a un cambio de modelo, con políticas rurales favorables a la agricultura campesina. Hoy México tiene mejores condiciones legales para reactivar el campo, lograr la revaloración de los saberes agropecuarios tradicionales y garantizar la soberanía alimentaria así como una nutrición adecuada y una vida digna para todas las personas.

Pero el derecho a alimentarse en condiciones exigibles y verificables tardará todavía en ser una realidad, sobre todo en un país donde proverbialmente las leyes pasan lejos de los hechos y donde la pobreza y el hambre han adquirido niveles alarmantes.

Según lo establece el proceso legislativo constitucional mexicano, la reforma requirió la aprobación por mayoría calificada en al menos la mitad más uno de los congresos locales que forman parte del Constituyente Permanente.

A la fecha, el derecho a la alimentación ha sido admitido en 18 estados (de 16 mínimamente necesarios), incluyendo congresos hegemonizados por partidos políticos distintos, como Guerrero y Chihuahua. Tales estados, además de los mencionados, son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Un poco de historia

En 1986, el eminente nutriólogo Salvador Zubirán, en su discurso de recepción de la medalla “Belisario Domínguez” otorgada por el Senado de la Republica, presentó la propuesta de reconocer el derecho a la alimentación para evitar que el estado mexicano siguiera siendo omiso en ese terreno. La consecuencia histórica de esta omisión para los campesinos e indígenas mexicanos ha sido la ingesta deficiente de nutrientes, una alimentación inadecuada que ha impedido a millones de personas desarrollar sus potencialidades físicas e intelectuales.

Ocho años después entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que consumaría el desmantelamiento de las instituciones y programas de apoyo a la producción agroalimentaria de México, producto del régimen de la Revolución Mexicana. Entonces surgió la primera iniciativa legislativa de derecho a la alimentación, respaldada en una propuesta del Frente Mexicano por el Derecho a la Alimentación que consideró necesario incluir ese derecho en la Constitución como una forma de proteger los intereses del pueblo, traicionado por el gobierno al pactar condiciones desventajosas para México ante la apertura comercial.

Hubo después más de 20 propuestas en ambas cámaras. La mayoría recuperaban los acuerdos internacionales suscritos por el gobierno federal que garantizan el derecho a la alimentación, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Para la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), el reconocimiento del derecho a la alimentación formaba parte de una estrategia para empujar una reforma social y económica en el país.

Transcurrieron casi 17 años hasta que se elaboró la propuesta definitiva tras largos periodos de inacción legislativa, vencidos por la gestión y el cabildeo ante el Congreso de la Unión por parte de organizaciones sociales.

La cámara alta aprobó en diciembre de 2004 un proyecto de decreto, enviado enseguida a la cámara de diputados, donde permaneció varios años hasta llegar a los dictámenes debatidos y acordados el año pasado que darían pie a la reforma finalmente concluida hace unas semanas.
Esto coloca la legislación mexicana en consonancia con la Convención Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según la cual el hambre debe ser eliminada y los pueblos deben tener acceso permanente a una alimentación adecuada.

De acuerdo con esa norma internacional, los estados tienen la obligación de proteger y garantizar el derecho a la alimentación. La Convención también prohíbe la utilización de sustancias tóxicas en la producción de alimentos.

El hambre no espera

Mientras el derecho a la alimentación es reconocido con rango constitucional, las condiciones de pobreza, hambre y marginación en el país se han exacerbado al grado de que para poner en práctica este derecho se requerirá transformar radicalmente el modelo económico. Según evaluaciones oficiales, cerca de 13 millones de personas más ingresaron al círculo infame de la pobreza entre 2006 y 2010.

Ahora el número de familias que no tienen recursos para adquirir la canasta básica se incrementó, ya que en cuatro años se elevó en 6.1 millones de personas. Según el conteo oficial, hay más de 21 millones de mexicanos con hambre, 28 millones que padecen carencias alimentarias considerables y son casi 50 millones con algún grado de escasez alimentaria.

Si la eficacia de un gobierno nacional se mide por el bienestar que genera para su población, el actual no sólo es un fracaso sino una verdadera calamidad: en sólo cuatro años arrojó al infierno de la pobreza a 12 millones 205 mil 356 mexicanos (3). Es, en efecto, una infamia: se trata de un aumento de 27 por ciento del número de pobres que había en 2006. Es decir, la pobreza patrimonial pasó de 45.5 millones ese año a 57.7 millones el año pasado.

Ahora la mitad de los mexicanos es pobre. Y eso, si nos atenemos a las mediciones oficiales, porque si atendemos lo que dicen los especialistas independientes, apoyados en metodología de la Organización Internacional del Trabajo y del Banco Mundial, entonces el nivel de pobreza rebasa al 75 por ciento de la población.

La mayor proporción de pobreza reside en el campo. Del sector rural están en pobreza 17 millones de personas, es decir, 65 por ciento de quienes viven en ese medio. Hace dos años eran el 62.4 por ciento —15.9 millones—, según cifras oficiales.

Si enfocamos la población indígena, la situación es peor ya que sólo dos de cada 10 de estos mexicanos no están en pobreza. El 79.3 por ciento —5.3 millones— vive con carencias y de ellos, 40 por ciento está en situación extrema. La población que vive en esta condición se incrementó entre 2008 y 2010, pues hace dos años era 75.9 por ciento.

A la par, por consecuencia, ha aumentado la población con problemas de obesidad con las enfermedades que de ella derivan y hemos perdido radicalmente nuestra soberanía alimentaria, al depender la alimentación de los mexicanos de las importaciones que se elevan a casi la mitad de lo que consumimos. Ahora ocupamos el primer lugar en obesidad en el mundo, la desnutrición infantil es del 40 por ciento y la obesidad infantil afecta al 33 por ciento.

En este mismo periodo, un puñado de inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores incrementó sus activos a una cantidad que equivale al 45 por ciento de la economía nacional (4). Es decir, mientras millones de personas pierden, unos cuantos ganan: el valor de los activos de 203 mil 23 inversionistas, que equivalen a 0.18 por ciento de la población total del país, sumó en junio 6 billones 122 mil 632 millones de pesos. Menos del 1 por ciento de la población concentra cerca de la mitad de la riqueza producida en el país.

En ese marco, las organizaciones que en el 2003 generaron el movimiento “El campo no aguanta más”, que mandó a la otrora poderosa Confederación Nacional Campesina (CNC) a la cola y colocó la agenda rural con temas como el derecho a la alimentación en el primer plano nacional, hoy convergen para intentar convertirse en el tercer factor de decisión en el sector, frente a la CNC y el Consejo Nacional Agropecuario que aglutina a los grandes productores privados y las trasnacionales.

Para este bloque de izquierda campesina el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación debe llevar a cambios de fondo en la política agroalimentaria, por los cuales ha luchado durante años, que implican una necesaria transformación del modelo de producción y consumo de alimentos. Las referidas adiciones legales dan pie a la revisión de las políticas públicas para el campo y a una restructuración de programas que atienda al tema alimentario y disminuya el peso de la política asistencial. Se requiere una profunda reforma institucional que considere la creación de una Comisión Nacional de Alimentación mediante una nueva ley alimentaria o bien su incorporación en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La reforma también obligaría al gobierno a revisar el tema de los agrocombustibles ya que su producción demanda una gran cantidad de agua y tierra, en competencia con la producción de alimentos.

La mala ocurrencia de convertir granos como el maíz en combustibles es la antesala del desastre. En la batalla entre comida y combustibles, los pobres y los hambrientos quedarán a merced del mercado para la definición de los precios de los alimentos. Se ha calculado que para llenar el tanque de un automóvil con agrocombustible son necesarios 200 kilogramos de maíz, suficientes para alimentar a una persona durante un año.

En México ya se han vivido los efectos de las alzas de los precios de productos alimentarios causadas por la producción de agrocombustibles. En enero de 2007, las tortillas de maíz subieron más de 400 por ciento, golpeando severamente a los más pobres. El maíz constituye más de la mitad de la ingesta calórica de las familias pobres mexicanas. Como resultado del TLCAN el país perdió autosuficiencia y ahora es importador, incluso de maíz blanco.

Existe una alarmante dependencia alimentaria en México.5 El país ha llegado a la importación de 25 mil millones de dólares en alimentos, esto es 10 veces más de lo que importaba en 1982 y el doble de las importaciones que se realizaban en el 2006. La cifra supera también el total de los recursos públicos que se aplican en el campo.

El valor de las importaciones agroalimentarias supera ahora en 6 veces los recursos destinados como gasto productivo en el campo. También el costo de las importaciones ya rebasó el monto de las remesas que recibimos de nuestros migrantes. Lo grave de este fenómeno es que el valor de las importaciones de alimentos se ha duplicado en solo cuatro años, al pasar de 12,500 millones de dólares en 2006 a los mencionados 25,000 en 2010.

De acuerdo con datos de la Cámara de Diputados, México importa el 33 por ciento del maíz que consume, el 95 por ciento del soya, el 80 por ciento del arroz, el 31 por ciento del trigo, el 40 por ciento de la carne de res y puerco, el 20 por ciento del frijol y ocupa el primer lugar como importador de leche en polvo del mundo.

Presupuesto para el derecho a la alimentación

El tema central del presupuesto 2012 debe ser el derecho a la alimentación, para recuperar la soberanía alimentaria a través de un cambio cualitativo en el presupuesto rural, más allá de un simple incremento de montos.

Para la UNORCA es prioritario y fundamental que el Derecho Constitucional a la Alimentación sea reconocido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. La organización entregó hace varias semanas a la Cámara de Diputados una propuesta de presupuesto rural que gira en ese sentido. Se busca la reorientación de políticas, programas y montos con la idea de atender el grave problema alimentario que vive el país. Este propósito y las propuestas centrales fueron retomados por un documento suscrito por varias organizaciones, entregado a los legisladores el 11 de octubre.

En correspondencia con el reconocimiento del derecho a la alimentación, se pretende modificar la Estructura Programática del Programa Especial Concurrente 2012 con la creación del Programa Nacional de Alimentación que podría dotarse con los recursos de 13 programas que se deben fusionar, sumando un monto de poco más de 82 mil millones de pesos.

Un objetivo del Programa Nacional de Alimentación sería reducir en un 30 por ciento la dependencia alimentaria durante 2012, estableciendo módulos de producción para el consumo local, pero sobre todo fijando metas específicas de producción de alimentos. Así el presupuesto se convertiría en un verdadero instrumento de transformación y cambio de modelo de producción y consumo de alimentos.

En suma, el Programa debe ser una iniciativa de producción social de alimentos que tenga como objetivo fundamental resolver la terrible paradoja de que siendo el campo donde se producen los alimentos es ahí donde se concentra la pobreza alimentaria, la desnutrición y el hambre.

Alfredo Acedo es Director de comunicación social y asesor de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas.

Notas:
(1). Página virtual del Senado de la República. LXI Legislatura. Sesión pública de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, celebrada el miércoles 17 de agosto de 2011. Versión estenográfica. Al tratarse de una reforma aprobada por el Constituyente Permanente integrado por ambas cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas locales, la declaración de la Comisión Permanente: “Se aprueba el decreto que adiciona un párrafo III al artículo 4, recorriéndose en el orden, los subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, constituyó en sí el acto de promulgación, por lo cual se ordenó directamente la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, sin intervención del Poder Ejecutivo, carente de facultades para vetar esta clase de resoluciones. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=4&sm=2&f=2011/8/17

(2). Periódico La Jornada Sábado 30 de julio de 2011, p. 2. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que entre 2008 y 2010 la pobreza alimentaria –cuando el ingreso de las familias no alcanza para adquirir la canasta básica– se incrementó de 18.4 por ciento (20.2 millones de mexicanos) a 18.8 por ciento (21.2 millones). A su vez, la pobreza de capacidades, que incluye a quienes no pueden acceder a alimentación, salud y educación suficientes aunque utilicen todos sus ingresos para ello, también aumentó, al pasar de 27.8 millones a 30 millones de personas. http://www.jornada.unam.mx/2011/07/30/politica/002n2pol

(3). Ibídem.

(4). Periódico La Jornada, miércoles 3 de agosto de 2011, p. 24. Debido al sostenido aumento en su valor, los activos bursátiles llegaron a 6 billones de pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 203 mil inversionistas concentran 45% del PIB y han logrado remontar sus pérdidas ocurridas por la crisis de 2009, que golpeó más a los estratos sociales pobres. http://www.jornada.unam.mx/2011/08/03/economia/024n1eco

(5). Imagen Agropecuaria, 29 de noviembre de 2010. José Luis Calva, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM estimó que el volumen de las importaciones de alimentos este año llegará a los 25 mil millones de dólares. En un foro del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sostuvo que el campo mexicano puede producir alimentos “hasta de sobra” porque cuenta con la gente, el territorio y las condiciones climatológicas necesarias, pero debe cambiar de modelo económico y generar políticas de fomento rural. http://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id_art=1230&id_sec=12