| Ejército vs. narcos: Debate nacional | ||
| Liset Salgado Sábado 12 de Mayo de 2007 |
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Cada día se suman nuevas voces para criticar la transferencia de las Fuerzas Armadas a las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal Preventiva, con lo cual el gobierno pretende enfrentar al crimen organizado.
La Comisión Permanente del Congreso reclamó la semana pasada al Ejecutivo revalorar su decisión de mantener al Ejército en esas acciones por considerarlo un detonante del incremento de la ola de violencia en el país.
México vive técnicamente una emergencia en la que el crimen organizado representa el mayor desafío a la gobernabilidad, afirmaron los congresistas, que reclamaron la revisión de metas y objetivos en esa lucha contra la delincuencia.
Agustín Pérez, experto en derechos humanos, consideró que los recientes enfrentamientos en el estado de Michoacán entre las fuerzas armadas y los narcotraficantes demuestran lo poco que importa la población civil, atrapada en el conflicto.
De acuerdo con Pérez, de continuar la estrategia de seguridad militar impulsada por Calderón, se incrementarán los abusos y atropellos contra los civiles en un doble efecto que sólo generará más violencia.
Haciendo oídos sordos a los cuestionamientos, la Presidencia de la República acaba de crear un Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea, sin precedentes a nivel internacional.
Según decreto publicado este jueves, ese cuerpo castrense operará bajo las instrucciones directas del presidente en su calidad de Comandante en Jefe, con la aspiración de restaurar el orden, enfrentar al narcotráfico y preservar la seguridad de la nación.
Pero los especialistas, nada optimistas, advierten que si no se impulsan acciones a nivel internacional en contra del crimen organizado, que impidan el ciclo de reproducción de ese flagelo, la creación de la citada fuerza policíaca será intrascendente.
Por el contrario, esa nueva fuerza de choque corre el riesgo de terminar igual de corrompida que el resto de sectores de las policías (federal, estatal y municipal), indicó el estudioso en temas de seguridad nacional, Guillermo Garduño.
En opinión de Garduño, el recién nombrado cuerpo federal apenas es un ensayo y no la panacea, pues lo que se requiere es de una acción conjunta en los terrenos militar, de inteligencia y en la reducción de la demanda de droga, lo cual involucra a toda la sociedad.
Fuentes del gabinete de Seguridad Nacional precisan que el gobierno federal tardará al menos tres años para que la llamada Estrategia Integral de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia funcione a plena capacidad.
Señalan que la Secretaría de Seguridad Pública -encargada de su ejecución- enfrenta problemas de infraestructura, necesidades de personal, así como carencia de mecanismos legales que posibiliten el trabajo conjunto de todos los factores.
Insisten en que la falta de un buen trabajo de inteligencia redunda en el deterioro la eficacia del Ejército, que actúa sin un plan integral y con los mismos funcionarios que en el sexenio anterior fracasaron en detener la violencia y la ola de criminalidad.
A pesar de ello, los expertos coinciden en que el recién creado grupo especial constituye prácticamente la última trinchera que tiene el gobierno para enfrentar al delito, debido a la corrupción e ineptitud que minan las corporaciones policiales en el país.
De fracasar, advierten, el crimen organizado se consolidará definitivamente en México porque el Ejército, constituido por casi 178 mil elementos en activo, desde tropas hasta generales, es la última barrera de contención.
Otros señalan la necesidad de reformas constitucionales para proteger a los militares en las labores de seguridad interna que les han sido impuestas y en las que perdieron la vida desde en el último sexenio 127 efectivos, 51 de ellos en los dos últimos años.
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