Joseph Biden

Vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica

P r e s e n t e

Respetable señor Vicepresidente:

 A pesar de que a lo largo de la historia, las relaciones entre México y Estados Unidos han sido complejas, ha habido periodos de entendimiento político y de cooperación.

Recordemos la relación de respeto que se logró entre los presidentes Franklin Delano Roosevelt y el General Lázaro Cárdenas del Río en los tiempos de la expropiación petrolera. O durante la Segunda Guerra Mundial, cuando México ayudó a Estados Unidos para satisfacer su necesidad de materias primas y mano de obra, mediante el convenio laboral que dio origen al programa “Bracero”.

En los años cincuenta, México impulsó el desarrollo de su industria, lo cual requirió de bienes de capital y tecnología de los Estados Unidos.

En los sesenta, se iniciaron en México los programas para el desarrollo de la zona fronteriza norte, aprovechando el creciente intercambio comercial con nuestro vecino. Al mismo tiempo, el desarrollo de nuestro mercado interno resultó atractivo para las empresas estadounidenses, que abrieron filiales e invirtieron en México.

En 1993, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, en 1995, Estados Unidos otorgó apoyo financiero extraordinario para superar la devaluación del peso y la crisis de confianza de ese entonces.

Sin embargo, en los últimos tiempos, la cooperación bilateral se ha enfocado principalmente a temas de seguridad, sin atender las causas que han originado los problemas de violencia y la creciente migración de mexicanos a los Estados Unidos.

Es posible, ciudadano Vicepresidente, que este descuido se deba a la falta de información de lo que realmente ha sucedido en la historia reciente de nuestro país; y  en razón de lo anterior, considero pertinente plantearle de manera resumida nuestra visión sobre el origen de la crisis actual, así como nuestra propuesta para lograr el renacimiento de México.

Debe tomarse en cuenta que desde 1983, la política económica aplicada en nuestro país sólo ha beneficiado a una pequeña minoría y ha propiciado el abandono de las actividades productivas, la falta de empleos, el empobrecimiento de la gente y la descomposición social que hoy se expresa en inseguridad y violencia.

Para demostrar que la crisis de México tiene como origen los malos resultados de la política económica, conviene explicar que en los últimos 29 años, el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido en promedio de 2.3 por ciento y, si consideramos el aumento de la población, el per cápita es de 0.4 por ciento anual, una de las tasas más bajas del continente americano y del mundo.

 La falta de crecimiento ha limitado la creación de empleos. En los pasados 15 años, por ejemplo, solo se han generado anualmente 500 mil empleos formales, cuando se requieren un millón 200 mil. Es decir, cada año 700 mil mexicanos han tenido que optar entre buscarse la vida en la economía informal, emigrar a los Estados Unidos o tomar el camino de las conductas antisociales.

Y lo peor de todo es que, en los últimos cinco años, durante la “guerra contra el narcotráfico”, han perdido la vida alrededor de 60 mil mexicanos, sin considerar a los desaparecidos. En muchos casos se trata de víctimas inocentes y, en su mayoría, jóvenes que no tuvieron oportunidades de trabajo ni de estudio y que, obligados por las circunstancias, se convirtieron en delincuentes. Así de inhumana y terrible es esta tragedia.

En pocas palabras, la violencia en México se ha originado, en lo fundamental, por la corrupción y por la falta de desarrollo. También, por ello, han aumentado los flujos migratorios hacia los Estados Unidos. Esta es la realidad aunque todavía no termine de aceptarse.

Por eso nuestra propuesta pone el énfasis en la justicia, en la honestidad y en cambiar la política económica, orientando la atención y el esfuerzo hacia la generación de empleos y el bienestar de los mexicanos.

Pensamos lograr este objetivo manejando con disciplina las finanzas públicas; es decir, se respetará la autonomía del Banco de México; se mantendrán los equilibrios macroeconómicos y el crecimiento se alcanzará sin inflación ni endeudamiento.  Tampoco habrá aumentos de impuestos en términos reales ni nuevos impuestos.

El desarrollo se financiará de tres maneras: se reducirá 15 por ciento el gasto corriente, bajando los sueldos de los altos funcionarios públicos y suprimiendo todo el gasto superfluo del gobierno; se combatirá a fondo la corrupción; y se eliminarán los privilegios fiscales. Con ello se podrá aumentar al doble la inversión pública, que se utilizará como capital semilla para atraer inversión privada y social, en un modelo tripartita para el desarrollo y, en particular, para el desarrollo regional.

La agenda de proyectos incluye el impulso al sector agropecuario con miras a lograr la soberanía alimentaria; el apoyo a las pequeñas y medianas empresas que son  importantes fuentes de empleo; grandes obras de ingeniería civil e hidráulica y manejo integral de cuencas de grandes ríos. Asimismo, trenes de alta velocidad del centro al norte del país; un corredor en el Istmo de Tehuantepec para comunicar a países del Pacífico con la costa este de los Estados Unidos (utilizando los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, con apoyos para la creación de empresas ensambladoras de manufacturas y con la construcción de un ferrocarril para el transporte de contenedores); y un nuevo aeropuerto internacional en Tizayuca, Hidalgo.

En cuanto al sector energético, proponemos la construcción de 5 refinerías para darle valor agregado al petróleo crudo; dejar de importar 400 mil barriles diarios de gasolinas; ahorrar costos en fletes; generar empleos aquí y bajar el precio de gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica en beneficio de consumidores y de las empresas.

Proponemos también un proyecto de desarrollo turístico para la región maya con la construcción de un tren rápido de Cancún a Palenque, con estaciones en Chichén Itzá, Mérida, Uxmal y Campeche. Por último, habrá un amplio programa de construcción de carreteras y de obras públicas para reactivar en el corto plazo la economía y crear empleos.

Con estos proyectos, garantizando la libre competencia y no permitiendo prácticas monopólicas, lograremos que nuestra economía pueda crecer a tasas de cuando menos 6 por ciento anual y generar alrededor de un millón 200 mil empleos anuales.

La fórmula es sencilla: el Estado combatirá la corrupción, ahorrará recursos e invertirá con eficiencia. El sector privado, en un ambiente de confianza y certidumbre jurídica, invertirá en México y pagará impuestos. El sector social se involucrará en los proyectos, vigilando su buena marcha y cuidando el medio ambiente.

Además de este plan económico, aplicaremos una política de desarrollo social destinada a combatir la desigualdad y la pobreza no solo por razones humanitarias, sino para evitar la frustración y los estallidos de odio y resentimiento que provocan. De modo que combatiremos la delincuencia bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Enfrentaremos el flagelo de la violencia, con una estrategia y un enfoque distintos al actual, creando fuentes de trabajo, combatiendo la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y atendiendo a los jóvenes que demandan empleo y estudio.

Asimismo, las dependencias encargadas de la seguridad y de la procuración de justicia actuarán de manera coordinada; habrá mando único y reuniones diarias del Presidente con el gabinete de seguridad; se dará prioridad a las labores de inteligencia; se le seguirá la pista al dinero ilícito; se cuidará que tanto los funcionarios como los mandos policíacos sean personas de inobjetable honestidad; habrá una policía federal profesional y moralizada para retirar gradualmente al ejército de las calles; mejoraremos los sueldos y prestaciones de todas las corporaciones policíacas. Y, en todo ello, habrá un escrupuloso respeto a los derechos humanos. En suma: vamos a serenar al país y estamos seguros que garantizaremos a nuestro pueblo el derecho principal a la vida y a la tranquilidad que merece.

Esta nueva política exige llevar a cabo cambios de fondo en el gobierno, en su estructura y en su organización. Estamos convencidos de que sin combatir la corrupción en las altas esferas gubernamentales, no será efectiva ninguna estrategia de desarrollo ni de seguridad. La colusión de funcionarios con negocios privados de toda índole en perjuicio del país y la ausencia de valores éticos, han minado las bases de la prosperidad y han producido la actual decadencia. Ante esta degradación, nuestra ventaja es que contamos con la suficiente autoridad moral para convocar a todos los mexicanos y juntos hacer de la honestidad y del recto proceder un estilo de vida y una forma de gobierno.

En este marco, ciudadano Vicepresidente, es que les propondremos formalmente, en su momento, un cambio sustancial en la relación bilateral entre nuestros gobiernos.

Estamos preparados para convencer y persuadir a las autoridades de Estados Unidos de que por el bien de las dos naciones, es más eficaz y más humano, aplicar una política de cooperación para el desarrollo que insistir, como sucede actualmente, en dar prioridad a la cooperación policiaca y militar. 

Hoy, por ejemplo, el monto de ayuda de Estados Unidos a México es de 478 millones de dólares. Esto, además de ser muy poco, casi en su totalidad (450 millones) se destina a la llamada Iniciativa Mérida. Con claridad decimos que nuestra propuesta es obtener más recursos y cambiar las prioridades: lo primero debe ser el desarrollo y el empleo.

 Los problemas de índole económico y social no se resuelven con medidas coercitivas. Con respeto a quienes piensan de otra forma, expresamos que no es con asistencia militar y de inteligencia o con envíos de helicópteros y armas, como se remediará el problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Tampoco se detendrá el flujo migratorio construyendo muros, haciendo razias o militarizando la frontera. Los mexicanos que van a buscarse la vida a los Estados Unidos, lo hacen obligados por la necesidad. Lo arriesgan todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza.

En esencia, lo que planteamos es que el gobierno de los Estados Unidos aumenten y den un nuevo cauce a la ayuda oficial a México. Y para eso, estamos dispuestos a poner en correspondencia nuestro plan económico y establecer una nueva relación fincada en la cooperación para el desarrollo. Ello, desde luego, en un ambiente de respeto a la soberanía de nuestro país.

Inclusive, promoveremos la firma de un acuerdo para la aplicación de un programa bilateral orientado a reactivar la economía y a crear empleos en México. Con esto se lograría atender las causas que han dado lugar a la inseguridad, a la violencia y al fenómeno migratorio.

Al mismo tiempo, es de nuestro interés convencer a congresistas y funcionarios del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, de la importancia de aprobar una reforma migratoria para regularizar la situación de los mexicanos que trabajan honradamente en ese país. Y que, en vez del maltrato, la persecución y el racismo, se reconozcan y respeten sus derechos laborales y humanos.

Ciudadano Vicepresidente:

Por lo que a nosotros corresponde, sostenemos que, por razones geográficas, económicas, culturales y porque millones de mexicanos viven y trabajan en los Estados Unidos, el mejor camino es buscar una política de buena vecindad y de mutuo beneficio, manteniendo inalterables los derechos soberanos de nuestras naciones.

Hay voluntad de nuestra parte de procurar con el gobierno de los Estados Unidos una relación basada en la cooperación para el desarrollo, la prosperidad, la estabilidad y la tranquilidad de nuestros pueblos.

En particular, reconozco a usted y a su gobierno, la decisión expresa de no intervenir, bajo ninguna consideración, en los procesos electorales de nuestro país, asunto que solo corresponde resolver, con democracia, absoluta libertad e independencia, al pueblo de México.

Cordialmente.

Andrés Manuel López Obrador

Precandidato a la Presidencia de la República

por la Coalición Movimiento Progresista