La propuesta para federalizar los delitos cometidos contra el ejercicio del periodismo sólo ha sido acogida por siete congresos locales, y el Congreso de Sonora no está entre ellos, afirmó Javier Sepúlveda Amed.

El director del programa de Agravio a Periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) añadió que para que sea valida dicha propuesta a nivel nacional, requiere ser aprobada por la mitad más uno del total de legislaturas estatales y a la fecha solo siete, dentro de las cuales no está el de Sonora, la han aprobado.

Mencionó que del año 2000 a la fecha, 81 periodistas han sido asesinados en México, seis en lo que va del 2012; del 2005 a la fecha siguen desaparecidos 14 periodistas y se han registrado 28 atentados a medios de comunicación.

Dijo que las cinco autoridades con mayor agravio a periodistas según la CNDH son en primer lugar la Procuraduría General de la República y le siguen Secretaria de Seguridad Pública Federal; en tercero la Secretaria de la Defensa Nacional; en cuarto la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y por último, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca.

Entre los estados donde se reciben más denuncias de agresión a periodistas figuran el Distrito Federal en primer lugar y le siguen Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Chihuahua.

Sonora está dentro de los diez estados más peligrosos de México para ejercer el periodismo, informó .

“Es lamentable que los últimos acontecimientos ocurridos este año, han sido sumamente violentos, sumamente graves, todos los hemos abierto de oficio y cada día el estado y el norte del país han cobrado una relevancia importante”, declaró.

Recordó la guía que emitió la CNDH para implementar medidas cautelares en beneficio de periodistas y comunicadores en México y que sirve para que las autoridades, que en Sonora serían el Gobierno del Estado y la Procuraduría de Justicia, salvaguarden la seguridad física de los comunicadores en situaciones de riesgo.

Entre las medidas que se deben activar una vez que el periodista recibió amenazas ya sea por teléfono, correo electrónico o directamente de otra persona, son que el estado le proporcione un escolta, videocámaras de vigilancia en su casa o lugar de trabajo, un celular con localizador e incluso atención psicológica para él y sus familiares.

“Qué se le dice a un familiar cuando su hijo o hija salió a cubrir una nota y no regresó, un servidor ha estado cerca de las víctimas me dicen, salió a cubrir una nota, no regresó, lleva cinco años desaparecido y no sabemos, qué se le dice a los papás de un periodistas como Alfredo Jiménez Mota, cuánto tiempo va pasar, cuánto tiempo necesitan más para saber las autoridades”, manifestó.