Algunos analistas electorales serios, entre ellos, Luis Carlos Ugalde y muchos comentaristas han afirmado que no hay condiciones para un  fraude electoral.  Si con ello se refieren al modo fraudulento de 1988, totalmente de acuerdo. Pero no hay que dejar de lado lo que algunos no aceptan como fraude electoral, pero si lo reconocen como fraude a la democracia, entre ellos Ugalde, que fue, digamos el modelo de 2006. En este espacio mostraré que  las mismas condiciones de fraude a la democracia han estado presentes en el proceso electoral del 2012.

El consenso entre analistas y comentaristas es que el sistema federal electoral está  blindado contra las posibilidades de un fraude electoral.

El argumento que esgrimen tiene dos partes. La amplia participación ciudadana en la organización de proceso: observadores electorales, representantes de partido en las mesas directivas de casilla, con facultades para levantar actas sobre irregularidades, firmar o no el acta de resultados, solicitar asesoría a su partido frente a cualquier duda en la operación; la integración al azar de la mesa directiva de casilla, Hasta aquí efectivamente la jornada electoral está en manos de los ciudadanos. Ellos alegan que también se da la integración ciudadana en  los 300 consejos distritales y los 32 consejos electorales estatales y obviamente en el Consejo General del IFE. En lo formal sí, en la realidad son los  ciudadanos con vínculos  y compromisos partidistas que hacen labor de promoción y cabildeo para ser integrados a algún consejo, distrital, estatal, nacional. 

La segunda parte del argumento es la normatividad barroca del Código Federal Electoral. En realidad esta parte no constituye ningún argumento, porque lo barroco no garantiza ni pertinencia, ni funcionalidad, ni eficacia de la norma. Al contrario, hay un alto riesgo de entorpecimiento. Lo que es cierto es que los instrumentos aportan un mayor control: la credencial es difícil de falsificar, aunque ya  se han presentado denuncias penales sobre funcionarios coludidos en la emisión de credenciales falsas; la papelería tampoco admite posibilidades de falsificación y menos que llegue a las urnas en calidad de voto; los votos que cuentan y se cuentan, cada partido tiene el derecho de vigilar y confirmar el proceso y el PREP, programa de resultados electorales previos.

Hasta aquí,  totalmente de acuerdo, salvo pequeños detalles que no impactan a los resultados electorales.

Pero que de las condiciones de antes y durante el proceso, que Ugalde llama las condiciones del contexto, otros de práctica política,  aunque algunas son del texto  del COFIPE, que hicieron la apretada diferencia en el 2006 y que hoy  llaman fraude a la democracia y que se están repitiendo en este proceso. Basta con ver los anuncios de la FEPADE para tener un listado de delitos electorales y que los partidos prefieren hacer porque las sanciones, si las hay son menores, me refiero a la compra y coacción al voto, por condiciones de pobreza, de subordinación y  de los intereses de los poderes fácticos. ¿No se pronunció el Presidente contra los resultados electorales en Michoacán, argumentando la intromisión del dinero del crimen organizado?