México despertó este jueves con la noticia que el Gobierno Federal firmó en Japón el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), a pesar de que instancias como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y el Senado de la República habían recomendado por separado al presidente Felipe Calderón no participar en la iniciativa comercial.

El ACTA entraría en vigor en México una vez que la próxima legislatura del Senado lo apruebe.

La propuesta contempla que en caso de una demanda por parte de un autor a un tercero, las autoridades estarían obligadas a proporcionar la información del acusado para que sea acreedor de una sanción legal.

El convenio, cuyas negociaciones iniciaron en 2006 por parte de distintos gobiernos, tiene como objetivo combatir la piratería y proteger los derechos de autor online y físico a nivel internacional, pero se ha enfrentado a duras críticas por parte de líderes sociales y distintas instancias legales nacionales e internacionales.

En el Acuerdo, firmado por Claude Heller, embajador de México en Japón, participan además Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur y Suiza.

"El ACTA surge en momentos en que México enfrenta un grave problema de falsificación de marcas y de piratería en distintas ramas industriales, (...) y no violenta los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y por los Tratados Internacionales de los que México es parte", dijo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a través de un comunicado de prensa.

¿Cómo me va a afectar?

Las primeras versiones de ACTA indicaban elementos que eran un ataque en contra de la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios, según León Felipe Sánchez, abogado especialista en temas de derechos de autor.

"Existía la famosa Ley de Tres Strikes dentro de este documento, en el que si el usuario era sorprendido compartiendo archivos en tres ocasiones, te desconectaba el servicio y los proveedores de servicio de Internet lo pondrían en una especie de lista negra para no ofrecerles más este servicio", comenta Sánchez, en entrevista con CNNExpansión.

A pesar de que este apartado ya no existe en este Acuerdo, el problema es que el documento y  su aplicación es demasiada ambigua, considera el catedrático de la UNAM.

"Hoy ACTA ya no es tan agresivo pero tiene un gran defecto: es suficientemente ambiguo como para que al momento de su aplicación y de su interpretación por parte de quien lo tenga que hacer se violenten los derechos humanos como el de privacidad, el de acceso a la información, el de debido proceso", apuntó el abogado.

La iniciativa final contempla, en el Artículo 24, Sección 4, que el proveedor de servicios de Internet (ISP por sus siglas en inglés) podría revelar la información de un usuario, si un propietario de un material original así lo requiere.

Europa lo rechaza

En la primera semana de julio, el Parlamento Europeo (PE) rechazó la firma del ACTA, por preocupaciones sobre los derechos de los usuarios de Internet.

El pacto no tendrá validez jurídica en ningún país de la Unión Europea (UE) luego de que recibiera 478 votos en contra, 39 a favor y 165 abstenciones.

En 2011 el Foro Económico Mundial señaló que el valor del comercio ilegal asciende a 1.3 billones de dólares y, de este universo, los rubros relacionados directamente con la Propiedad Industrial se ubican en el orden de 360 mmdd, siendo la falsificación de medicamentos la más elevada con 200 mmdd.

México navega en la ambigüedad

Además de que no existe una institución gubernamental que regule y aplique este acuerdo en México, el especialista de la UNAM dijo que deberían existir más instrumentos legales que protejan al usuario.

"Si ya estamos metidos en ACTA, hay que poner un marco regulatorio adicional que delimite cual será el alcance de ese texto que compromete el crecimiento y desarrollo de Internet en México", dijo Sánchez.

Propuso que sea creara un legislación secundaria, en donde existan limites a actividades que se pudieran malinterpretar como el intercambio de archivos de manera ilegal, con los métodos necesarios para que no se vulnere el derecho a la privacidad del usuario.

"Debería también tener el aspecto de la presunción de inocencia, el derecho de audiencia y el derecho a defenderse", agregó el catedrático de la UNAM.

Además de ser ratificado por México, el Acuerdo deberá tener las firmas de al menos seis países para que entre en vigor. El documento, del cual CNNExpansión posee una copia, dice que las naciones participantes tienen hasta el 1 de mayo de 2013 para realizar este acto.