A su brutal vacuidad intelectual, a su dependencia existencial de Televisa y su complicidad con uno de los grupos políticos más corruptos dentro del PRI (Atlacomulco), Enrique Peña Nieto añade ahora a su triunfo en la elección presidencial del pasado 1 de julio, el mayor cuestionamiento social y político a su pretendida legitimidad: el financiamiento ilegal de su campaña, no sólo por el rebase de los topes de gasto, las ilegales aportaciones de sociedades mercantiles y las aportaciones privadas no reportadas, sino por los indicios de lavado de dinero en transferencias financieras hacia empresas fantasmas que esta semana se pusieron al descubierto, en lo que constituye el escándalo Monexgate, ya de repercusión internacional.

Era de esperarse que la montaña de dinero en la que Peña Nieto basó su campaña para comprar, más que electores, encuestadoras, estructuras corporativas, medios de comunicación y atiborrar de propaganda todas las ciudades del país, tuviera un rebase en los topes y también recursos de procedencia ilícita. El cuantioso flujo de dinero privado y público que alimentó esa campaña tuvo sus fisuras, precisamente por las que hoy podemos conocer todo el mugrero que estuvo detrás.

Desde el pasado 25 de junio - y no después de la elección como quieren hacernos creer -, el PAN denunció el caso Monex y dio cuenta de los recursos que el PRI estaba utilizando para la compra de votos a través de su estructura básica. Con base en testimonios de algunos de esos operadores, el tricolor habría pagado a cada delegado distrital (se acreditaron 300) la cantidad de 180 mil pesos, lo que da un total de 54 millones de pesos; a cada uno de los 19 mil 490 representantes generales les habría pagado 20,000 pesos, mientras que a los representantes de casilla (tres por 143 mil casillas, aproximadamente) se les habrían pagado 600 pesos, lo cual nos da una cifra que asciende a 701 millones 471 mil 800 pesos y que sería distribuida a través de casi 450 mil tarjetas Monex.

La denuncia se interpuso ante el IFE, a quien se pidió dictara medidas cautelares y congelara las cuentas, pues las transferencias estaban claramente enmarcadas en la recta final de la elección, sin mayor posibilidad de gasto, que la compra del voto. La Comisión de Quejas y Denuncias determinó que no existían elementos que comprobaran que con ese dinero se comprarían votos, y el TRIFE confirmaría esa resolución.

Cabe resaltar que la Unidad de Fiscalización del IFE sí acreditó la existencia de las tarjetas presentadas por el representante del PAN, y agregó que, de acuerdo a sus indagatorias, se trataba de una serie de 9,924 tarjetas que una persona moral de carácter mercantil contrató con Banca Monex y que el monto total fondeado ascendía a 70 millones 815 mil 534 pesos, el doble de lo que la legislación electoral establece como tope a las contribuciones privadas (32 millones de pesos). El IFE también validó que los beneficiarios que dieron testimonio estaban dados de alta en el Instituto como representantes del PRI.

Esa investigación está abierta y se pidió apoyo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al Servicio de Administración Tributaria. La Unidad de Fiscalización ordenó, además, dar aviso a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que se investigara la posible comisión de un ilícito. Pero el caso Monex tiene varias vertientes: en el transcurso de los días se han desvelado nuevos elementos, por ejemplo, que el Grupo Financiero se ha visto inmerso en varias investigaciones por operaciones de lavado de dinero y transferencias de recursos del narcotráfico entre España, Estados Unidos y México.

El periódico Reforma reportó, por ejemplo, que en 2003 fueron capturados operadores financieros de los Arellano Félix, quienes de acuerdo a la PGR habrían lavado 2.8 millones de dólares vendiéndoselos a Monex Divisa (2000-2002). Para 2006 de acuerdo a una investigación de la PGR un grupo perteneciente al Cártel del Valle del Norte utilizó esa institución para mover grandes cantidades de dinero producto de la venta de cocaína en Europa. Los beneficiarios habrían sido Monex Casa de Bolsa y Monex Divisa.

En 2007 Zhenli Ye Gon habría utilizado diversas instituciones bancarias y casas de cambio para transferencias, incluida Monex. Para 2008 autoridades españolas notificaron que uno de los principales lavadores de dinero de los Beltrán Leyva realizó transferencias a través de Monex Casa de Bolsa y Monex Divisas. El último registro que Reforma da a este respecto se da este año, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emprendió acciones contra Fernando Cano, presunto prestanombres de Tomás Yarrington, a quien se le acusa de haber realizado transferencias de dinero en diversas entidades financieras incluida Monex.

Además de ese flanco abierto, el Movimiento Progresista que encabeza Andrés Manuel López Obrador presentó una importantísima denuncia: el caso de la Importadora y Comercializadora Efra, así como Grupo Comercial Inizzio, como las compañías a través de las cuales la campaña de Peña Nieto se valió para comprar monederos electrónicos a Grupo Monex.

El 4 de julio Ricardo Monreal presentó ante la Unidad de Fiscalización del IFE un paquete de 37 facturas y 3 notas de crédito expedidas por Banca Monex a Inizzio y Efra por un monto de 159.4 millones de pesos, por la entrega de miles de monederos electrónicos.

De acuerdo a los documentos, el Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Efra pagaron al Grupo Financiero Monex 68 millones 316 mil 158 pesos y 91 millones 212 mil 30 pesos, respectivamente, por la expedición de miles de plásticos bajo el concepto: “recompensas carga de saldos prepagados”. Más adelante en el recurso de impugnación presentado por la Coalición Lopez Obradorista documentaron la existencia de 40 facturas que elevaron el monto de los 159 millones a los 179 millones 639 mil 693.71 pesos.

Los elementos presentados hasta el momento por Acción Nacional y por el Movimiento Progresista serán importantes para conocer si las empresas sirvieron al Revolucionario Institucional para triangular y fondear monederos electrónicos para sus operadores, en una especie de contabilidad paralela ya que estos jamás fueron reportados al IFE como gastos de campaña.

Todo indica que así fue: las manos hábiles de los periodistas Daniel Lizárraga, Sheila Amador y Olga Carranco bajo la dirección de la inteligente Carmen Aristegui en la primera emisión de Noticias MVS, han venido desvelando pistas de enorme valor a la investigación de este asunto. En primer lugar el domicilio fiscal de Inizzio no corresponde a esta empresa, mientras que el domicilio fiscal reportado por Efra coincide con el del Grupo Abogacía Profesional. Detrás de Comercializadora Efra se encuentra una familia vinculada al PRI, a través de personajes como el extinto Miguel de la Madrid, Alfredo del Mazo y Emilio Chuayffet, y a otros operadores directos de la campaña de Enrique Peña Nieto.

Gabino Fraga Mouret es el actual director de Grupo Abogacía Profesional, con amplios antecedentes priístas. Su hijo, Gabino Fraga Peña fue identificado como coordinador regional (en los estados de Tlaxcala, Puebla, Guerrero y el Distrito Federal) de Compromisos de la Campaña de Enrique Peña Nieto. Su hijo Emilio Fraga Hilaire es Director de Importadora y Comercializadora Efra.

A la información que se ha revelado hay que agregar la demanda judicial que el empresario México-estadounidense, José Luis Ponce de Aquino, dueño de Frontera Televisión Network, presentó ante una corte del distrito centro en California, en contra del primer círculo de operadores de Peña Nieto mediante la que los acusa de un presunto fraude para obtener 56 millones de dólares de procedencia desconocida.

Aquino afirma haber sido contratado por Alejandro Carrillo Garza Sada, socio de la empresa Jiramos S.A. de C.V, para posicionar la imagen de Peña Nieto entre la comunidad mexicana en Estados Unidos. El empresario identificó tanto a Roberto Calleja, jefe de Comunicación Social del PRI, así como a David López, jefe de Comunicación Social de EPN como los impulsores de este proyecto.


Aquino asegura que el fraude consistió en hacerle creer que su proyecto, estimado en 56 millones de dólares, había sido aceptado, pues fueron firmados distintos contratos que lo garantizaban, para después utilizar esos mismos documentos para justificar gastos millonarios de la campaña de EPN. En el transcurso de las firmas de los contratos, Aquino aseguró que Carrillo Garza Sada lo habría llevado a Monex y Mifel para mostrarle que había recursos suficientes para financiar los servicios solicitados, pero el pago nunca llegó, por lo que le reclamó a Carrillo el pago o la devolución de los documentos de FTN. De acuerdo a la demanda, Aquino dice tener indicios de que el dinero se repartió entre Giselle Morán, David López, Edwin Lino; particular de Peña Nieto, Roberto Calleja, Alfredo y José Carrillo Chontowsky, así como Hugo Vigues.

De acuerdo a una investigación de Proceso, en la demanda de Aquino también se asienta que “Frontera Televisión Network, por medio de sus agentes autorizados, fue amenazada. Se les indicó que el dinero se originó y fue transferido (a la campaña de Peña Nieto) por compañías que pertenecen a los cárteles de la droga”.

Las redes expuestas por Noticias MVS, así como las evidencias que han entregado el PAN y el PRD llevaron a que los dirigentes nacionales de éstos partidos, Gustavo Madero y Jesús Zambrano celebraran una conferencia de prensa conjunta el pasado lunes en la que demandaron a las autoridades que investiguen con toda profundidad lo que a vistas está resultando en un colosal manejo ilícito de recursos por parte del PRI.

El asunto es muy delicado, y llama a un alto sentido de la responsabilidad por parte de todos los partidos. Particularmente al PAN y al PRD que no pueden ni deben cejar en su exigencia por sancionar estos hechos. Es vital que las investigaciones presenten, por lo menos, un informe de sus avances antes de que el TRIFE califique la elección presidencial. De lo contrario estaríamos ante una burla mayúscula de nuestra justicia electoral.