Cd. de México.- Hasta el momento, cuatro ministros se han pronunciado por declararla inválida, pero bajo diferentes argumentos relacionados con preceptos constitucionales.
El más extenso, propuesto por Genaro David Góngora Pimentel, sostiene que el procedimiento viola garantías constitucionales de libertad de prensa y expresión.
Antes de declarar el inicio de una sesión privada, cuatro ministros se pronunciaron por la inconstitucionalidad del Artículo 17-G de la Ley Federal de Radio y Televisión, que se refiere al mecanismo de subasta pública para adjudicar nuevas concesiones.
El proyecto del ministro Salvador Aguirre Anguiano difiere del planteado por Góngora Pimentel, pues propuso declarar inválida la norma bajo el argumento de que viola los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, referentes a la rectoría del Estado sobre los bienes de interés público.
Góngora Pimentel leyó un estudio para fundamentar su posición contra las concesiones mediante subasta, en el que sostuvo que afecta los derechos de expresión, prensa y acceso equitativo a los medios de comunicación, argumento que a Salvador Aguirre le pareció disperso y lleno de "retórica".
Según la justificación de Genaro David Góngora, al adjudicar concesiones por subasta pública el Artículo 17-G "favorece indirectamente la creación de monopolios, ya que quien tenga mayores recursos económicos resultará vencedor de la subasta".
Dicha condición, sostuvo, derivará en un "acaparamiento de los medios de comunicación en los grandes grupos del poder".
Propuso hacer una valoración de la inconstitucionalidad del concepto "a partir de la dignidad humana", pues a su parecer el procedimiento de subasta se llevaría a cabo "en menoscabo del pluralismo en los medios de comunicación".
Asimismo, enfatizó que la Constitución obliga al legislador que sus disposiciones reflejen la pluralidad existente en la sociedad, y definió al pluralismo político y cultural como toda una gama de opiniones que se expresan a través de los medios, a fin de llegar a "una vida democrática más plena".
En su opinión, la subasta se contrapone al valor del pluralismo, pues sólo favorece a los grupos más poderosos, "que incluso ya tienen posiciones relevantes en el mercado y se excluye a las demás personas".
Esa situación puede conducir a que "los grandes medios de comunicación dejen de ser intereses comunitarios para convertirse del dominio de los capitales", advirtió.
Aguirre Anguiano opinó que esas consideraciones no debían integrarse a la determinación final de la Corte, pues a su modo de ver, engloban conceptos generales y dispersos; mientras que Fernando Franco González Salas, propuso que se rescaten varios aspectos del documento de Góngora Pimentel.
A su vez, Margarita Luna Ramos consideró que la norma impugnada viola los Artículos 16, 17 y 134 Constitucionales.
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