Por Denise Dresser

Dice Carmen Aristegui que el rescate de la banda 2.5 GHz va con dedicatoria. Y así es. La controvertida medida decretada el 8 de agosto no busca fomentar la competencia o promover nuevos jugadores o salvar al espectro en nombre del interés público. No busca reducir la concentración o mermar a los monopolios o favorecer a los consumidores.

El objetivo es distinto y mucho menos loable, tiene que ver con los poderes fácticos y cómo subyugan. Tiene que ver con los intereses atrincherados y cómo controlan. Tiene que ver con Televisa y cómo ha logrado, en las postrimerías del sexenio, poner de nuevo al gobierno a su servicio.

Es una historia de chantajes inaceptables y presiones criticables. De un gobierno que mezcla las pasiones viscerales con las políticas públicas. De la forma en la cual funcionarios públicos llamaron a Joaquín Vargas — presidente de MVS — para exigirle que Carmen Aristegui se disculpara por hacer preguntas al aire sobre el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón.

De la manera en que Dionisio Pérez Jácome, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, canceló la negociación con la empresa hasta que la disculpa se diera.

De cómo el entonces Secretario del Trabajo, Javier Lozano, amenazó con que si Vargas recontrataba a Aristegui, su proyecto de explotar la frecuencia radioelétrica se iría “a la chingada”. Muestras de un gobierno irascible, de un gobierno subyugado, de un gobierno que prefiere quedar bien con la televisión antes que con los consumidores.

Porque el supuesto “reordenamiento” y “rescate” de la banda ancha despierta sospechas legítimas. Genera preguntas válidas. Se da casi al final del sexenio, cuando es un tema que debería dejarse en manos de la siguiente administración. Se da después de la oposición de Televisa a la renovación de la concesión a MVS, su claro competidor. Se da después de que la empresa de Vargas presentara un proyecto ambicioso de utilización del espectro, avalado por la Cofetel y la Comisión Federal de Competencia.

Y por ello el rescate huele mal, se ve mal, se entiende mal. Parece un acto político más que una decisión técnica. Parece más una venganza que acto racional y deliberado de política pública. Si al gobierno le interesaba tanto la contraprestación que le exigía a Joaquín Vargas, por qué la Cofetel y la Secretaría de Hacienda tardaron tantos años en ponerse de acuerdo sobre sus lineamientos?

Si al gobierno le preocupaba tanto la supuesta sub-explotación de la banda, por qué mantuvo la incertidumbre jurídica sobre su renovación, alejando así a los inversionistas que Vargas había reunido? Si al gobierno lo motivaba instrumentar una mejor política de comunicaciones, por qué esperó hasta el final del sexenio para empujarla?

La respuesta a estas preguntas no se encuentra en documentos gubernamentales sobre el aprovechamiento del espectro o la generación de la competencia. No se encuentra en sesudos diagnósticos elaborados con criterios estrictamente técnicos. No toma en cuenta el imperativo de reordenar las frecuencias excedentes de Televisa. No contempla el hecho de que México ocupa el último lugar en servicios de banda ancha de la OCDE y dentro de los más caros, o que el “rescate” — debido a los litigios que generará — postergará la competencia aún más. No toma en cuenta que Alejandra Sota le pidió personalmente a Joaquín Vargas que no interpusiera recursos jurídicos contra la fusión Iusacell-Televisa.

La razón real detrás del “rescate” se halla — más bien — en la panza del presidente y en su relación con la televisión. Tiene que ver con el castigo a una conductora incómoda y a quien la ha empleado. Tiene que ver con la decisión de seguir haciéndole favores a una empresa privilegiada. De seguir impulsando su agenda, sus objetivos, sus planes de negocios.

Televisa ha sido la gran beneficiaria del sexenio con la autorización para la fusión con Iusacell; con que no se le obligara al “Must Carry”; con la compra de Cablemás y otras cableras; con la posibilidad de que ahora se apropie de las frecuencias arrebatadas a MVS. Tiene razón Joaquín Vargas: cuando la sociedad exige la democratización de los medios, el gobierno toma medidas que llevarían a una mayor concentración.

El caso MVS evidencia un problema mayor. El gobierno de Felipe Calderón ha fracasado en la creación de una política de telecomunicaciones integral, pro-competitiva, y abocada al bienestar de los consumidores. El supuesto “reordenamiento” llega demasiado tarde y se aplica de forma demasiado selectiva como para creer que en realidad se trata de recuperar un bien público intempestivamente.

Más bien la intención ha sido castigar y chantajear, obscurecer y favorecer, sancionar a los enemigos de la administración y apoyar a una empresa a la cual le teme. Una empresa que obtiene lo que quiere doblegando a funcionarios endebles y a autoridades cómplices.

Por eso al país le urge un marco legal en materia de telecomunicaciones y competencia para evitar lo que el escándalo ha revelado. Mientras a MVS le bloquean su autopista, a Televisa le construyen segundos pisos.