CD. DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a altos funcionarios que tuvieron bajo su mando averiguaciones previas sobre delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la salud, en 2010 y 2011, por filtrar a abogados de grupos criminales información de cateos, órdenes de aprehensión y operativos en contra de cárteles de los hermanos Beltrán Leyva, Los Zetas y Sinaloa.

En sus investigaciones, la dependencia detectó que abogados que servían a grupos criminales llegaron a plantear la realización de atentados en contra de personajes, como la propia titular del Ministerio Público Federal y el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, “para bajar la presión” en contra de organizaciones regionales que operan al servicio del cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el expediente que se desahoga en el Poder Judicial de la Federación, tras la captura de Baltazar Sauceda Estrada, El Mataperros, implicado en el ataque al casino Royale, en Monterrey, Nuevo León, Los Zetas amenazaron al titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), “y les resultó, porque para que no lo arraigaran y lo siguieran investigando por esto, lo consignaron de inmediato y lo beneficiaron jurídicamente”.

La PGR supo que sus actuaciones eran filtradas a grupos criminales, tras las detenciones de Carlos Moreno Flores, La Calentura (capturado en septiembre de 2011 en Guerrero); Felipe Cabrera Sarabia, El Inge (aprehendido en diciembre de 2011), y dos presuntos colaboradores de los hermanos Cabrera Sarabia, ya que estos últimos se convirtieron en testigos protegidos y declararon que el abogado José Gerardo Ortega Maya –ex yerno de Luis Ricardo Ruano Angulo, segundo secretario de Marina durante la administración de Carlos Salinas de Gortari– vendía información de averiguaciones previas.

Muestra de la “colaboración” que tenía a cambio de miles de dólares por parte de fiscales, ministerios públicos, incluso, según las investigaciones de la PGR, con titulares de unidades especializadas en el combate al crimen organizado, Ortega Maya advirtió de operaciones contra grupos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y de personajes relacionados con Sergio Villarreal Barragán, El Grande, uno de los principales operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, entre otros.
En el pliego de consignación que la Siedo realizó, con base en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012, que se desahoga en juzgados federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, y en Toluca, estado de México, se menciona que Gerardo Ortega “sintiéndose muy ofendido por la forma en que Luis Alberto Cabrera Sarabia, El Arqui, había perdido la vida (el 23 de enero de este año) nos dice que hay que hacer algo ya, proponiéndonos que habláramos con La Gente, refiriéndose a la organización delictiva de los Cabrera Sarabia o El Cortito, este último es Joaquín El Chapo Guzmán Loera (…) para responder a las acciones de autoridad, proponiendo llevar a cabo la ejecución de dos o tres generales del Ejército o de la Marina.

“Porque los militares y marinos le estaban dando con todo a la organización delictiva y que de otra forma no podríamos parar la presión hacia la organización Cabrera Sarabia, sugiriendo que para que tuviéramos la certeza de que el contaba con información de valor respecto de como podríamos hacer las cosas, en ese momento nos llevaba a los lugares que él, Gerardo Ortega, conoce perfectamente y sabe que ahí comen y viven varios generales, sabía de los que no traen escolta y que era un trabajo fácil; incluso conocía y sabía llegar al domicilio de cuatro o cinco, entre los que se encontraba el secretario de la Defensa Nacional”, el del hermano del secretario; el de la procuradora Marisela Morales, y el de otro personaje “muy importante en un área de inteligencia de la Marina”.

El litigante propuso “también ejecuciones de funcionarios de la Siedo, principalmente” a los que integraban la averiguación previa de Felipe Cabrera Sarabia “para que le fueran bajando la presión a la organización”.

Esta es la segunda ocasión en que Morales Ibáñez realiza una limpieza en el interior de la Siedo, después de que en diciembre de 2008 se inició un operativo denominado Operación Limpieza, que hoy tiene en prisión a varios ex funcionarios de esa institución, entre ellos al ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano, a quien, según el penalista Martín Rodán Millán, le han pedido que colabore en esta indagatoria, en la que podían estar involucrados servidores públicos que tuvo bajo su mando.