Diputados panistas en el Congreso del Estado lamentaron no haber sesionado en tiempo y forma para realizar la renovación del  Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Gildardo Real Ramírez, integrante de la comisión de Gobernación y puntos constitucionales, explicó que el pasado 18 de octubre el Congreso recibió la propuesta enviada por el Gobernador del Estado, teniendo por ley un plazo de hasta 3 días para aprobar o rechazar el nombramiento según el artículo 113 de la constitución Política del Estado; el mismo señala que de no hacerlo en ese término, se darán por aprobados dichos nombramientos.

Real Ramírez lamentó que la cita para analizar el asunto haya sido a destiempo y pidió ser respetuosos con la ley, pues ya se encuentra publicado en el boletín Oficial la designación de Juan Sebastián Sotomayor como magistrado propietario y Luis Carlos Monge Escarcega como magistrado suplente.

“Desde el día jueves teníamos la propuesta en el congreso, y creo que la comisión bien pudo llamar a sesionar y autorizar que el pleno sesionara en días que no está programado, así fuera fin de semana, esa es nuestra responsabilidad, ahora estamos a destiempo y la ley es clara”, afirmó el legislador.

Por su parte Juan Manuel Armenta Montaño, se pronunció en el mismo sentido y pidió ser respetuosos a la ley, además descartó que el nuevo magistrado incumpla con los requisitos, pues los cuestionamientos que se hacen a su curriculum son interpretaciones personales.

“No estamos en la discusión de que falten requisitos o no, que no los faltan, el tema es muy importante y debió resolverse con anterioridad y no pretender hacerlo al cuarto para la hora, además el plazo de ley ya venció para el Congreso”, agregó.

El pasado 18 de Octubre, el Congreso del Estado recibió la propuesta por parte de Guillermo Padrés Elías, Gobernador de Sonora, donde se propuso el nombramiento de magistrado propietario y suplente, cumpliendo con lo que dicta el artículo 113 de la Constitución Política, donde se manifiestan las responsabilidades que el Ejecutivo tiene, en relación con la sustitución de dichos cargos públicos.