GINEBRA, Suiza.- El Comité contra la Tortura (CAT) reiteró su condena a la aplicación de la figura del arraigo en México, y cuestionó la impunidad en que se mantienen las denuncias de tortura.

Luego de que representantes del Estado mexicano respondieron las preguntas que la víspera les formularon nueve de los 10 expertos del CAT, éstos se sumaron a la condena que ya otras agencias de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han hecho a la práctica del arraigo.

En la sesión de este jueves, los representantes de la delegación mexicana, que encabeza Ruth Villanueva, suprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, insistieron en defender el arraigo para combatir los delitos graves, y aseguraron que en materia de tortura, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Seguridad Pública (SSP) han aceptado todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Además, detallaron que la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar estaba lista para ser aprobada por la actual legislatura federal, luego de que en la pasada quedó pendiente de ser votada, e informaron que 43 familias de víctimas de desaparición forzada de la guerra sucia han sido indemnizadas económicamente por la Secretaría de Gobernación, y que se cuenta con un fondo de 885 millones de dólares para mejorar el sistema carcelario federal, entre otros temas.

En la réplica a la información presentada por México, el experto George Tagushi, originario de Georgia, exigió a los representantes del gobierno de Calderón abolir el arraigo y dejar de justificar su aplicación.

“No se trata de tener nuevas salvaguardas. La práctica del arraigo puede llevar a torturas. La adopción de algunas medidas administrativas podrían mejorar la situación, pero la clave sigue siendo que es una práctica que queda al margen del control judicial, por eso en vez de defender el sistema, lo que debe proceder es abolirlo”, dijo.

Tagushi también demandó luchar contra la impunidad, pues ese es justamente, dijo, “uno de los motivos por los que se comenten torturas, porque muchos de los autores de torturas, quedan impunes”.

Añadió:

“Debo recordarles que la tortura no es sólo una cuestión normativa, hay detrás una humillación, hay daños físicos. Si no atendemos lo que hay detrás puede parecer que la cosa es menos grave”.

Los expertos del CAT reiteraron algunas preguntas que quedaron sin contestar por parte de la delegación mexicana, como el abismo en las cifras de quejas y recomendaciones en la CNDH por tortura, así como la independencia de los peritos de las procuradurías de Justicia para determinar la existencia de huellas de tortura y las reparaciones de daño por violaciones a derechos humanos.

Entre los funcionarios de la delegación mexicana, la voz discordante fue la del representante del Poder Judicial, Edwin Noe García, quien desmintió la afirmación de la subprocuradora Villanueva en el sentido de que las víctimas de torturas o de arraigo pueden acceder a reparación a través de la interposición de un amparo.

Es más, el abogado recordó que desde 1999, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró inconstitucional la figura del arraigo, “pero la respuesta del Ejecutivo y el Legislativo fue incluirla en la Constitución”.

Para el Poder Judicial Federal, subrayó, “en los estados donde ya se aplica el sistema acusatorio penal no tiene por qué ser aplicado”.

En tanto, defensores de derechos humanos y el enviado de la CNDH, presentes en la sesión, advirtieron que algunas de las respuestas de los funcionarios mexicanos no se apegaron a la verdad.

El tercer visitador de la CNDH, Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, afirmó en entrevista con esta reportera que “hubo sin duda imprecisiones”, entre ellas la afirmación de que la SSP ha aceptado todas las recomendaciones.

“Tan no es apegada a la verdad, que el presidente de la Comisión (Raúl Plascencia Villanueva) ha solicitado al Senado la comparecencia del secretario (Genaro García Luna), precisamente por no aceptar las recomendaciones del organismo, no sólo en el caso de tortura, sino en otros, como por ejemplo el de Ayotzinapa”, puntualizó.

Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), resaltó la falta de transparencia de las autoridades federales en el manejo de las cifras de amparo.

“La delegación aseguró que una persona arraigada puede solicitar varios amparos y que por ello había más de 6 mil solicitudes, porque los tiempos judiciales dificultan que una persona interponga otro amparo antes de que se termine el arraigo”, acotó.

Y agregó que en el caso de la reforma al fuero militar, “lo cierto es que la iniciativa está congelada, y esta legislatura puede retomarla o no”.

Por último, Felícitas Treue, coordinadora del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), celebró que la mayor parte de los cuestionamientos hechos por los integrantes del CAT tuvieran su origen en las inquietudes que los miembros de las organizaciones no gubernamentales hicieron en el encuentro que tuvieron con ellos en días previos, así como en los informes alternativos entregados previamente.

Las conclusiones de los expertos del CAT se darán a conocer formalmente el próximo 23 de noviembre.