CIUDAD DE MÉXICO—Un presunto capo del narcotráfico que se encuentra en prisión acusó en una carta a altos miembros del gobierno del presidente saliente de México, Felipe Calderón, incluyendo el máximo funcionario policial del país, de aceptar sobornos del crimen organizado.

Edgar Valdez Villarreal, conocido como "La Barbie" por su piel blanca y cabello claro, dijo en una carta enviada a Reforma, el diario más influyente del país, que desde 2002 le ha estado pagando a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, quien supervisa a la Policía Federal, y a otros altos funcionarios de seguridad del país.

"Me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y de la delincuencia organizada", escribió Valdez, de 39 años. Además de García Luna, el capo también mencionó al menos otros ocho funcionarios de la Secretaría, incluyendo a casi toda la cúpula de la Policía Federal, el principal cuerpo de orden público del país.

"Yo pude haber hecho lo que haya hecho pero ellos, los funcionarios públicos que menciono, también son parte de la estructura criminal de este país", dijo el presunto narcotraficante.

José Ramón Salinas, vocero de la Policía Federal, dijo en una breve conferencia de prensa que las acusaciones de soborno de Valdez eran un intento por desacreditar la organización y de crear obstáculos a los esfuerzos de las policía contra las organizaciones criminales.

Salina, que no respondió preguntas directas de los reporteros, agregó que Valdez ha intentado chantajear a las autoridades para conseguir un mejor tratamiento. El portavoz anotó que el presunto cartel de Valdez ha sido desmantelado por la policía

Edgar Valdez Villarreal está actualmente detenido en una cárcel de máxima seguridad en México

"Yo pude haber hecho lo que haya hecho pero ellos, los funcionarios públicos que menciono, también son parte de la estructura criminal de este país", dijo el presunto narcotraficante.

José Ramón Salinas, vocero de la Policía Federal, dijo en una breve conferencia de prensa que las acusaciones de soborno de Valdez eran un intento por desacreditar la organización y de crear obstáculos a los esfuerzos de la policía contra las organizaciones criminales.

Salina, que no respondió preguntas directas de los reporteros, agregó que Valdez ha intentado chantajear a las autoridades para conseguir un mejor tratamiento. El portavoz anotó que el presunto cartel de Valdez ha sido desmantelado por la policía.

Valdez fue arrestado por la Policía Federal en 2010 y actualmente se encuentra en una prisión mexicana en espera de su extradición a Estados Unidos. El mexicano enfrenta acusaciones de tráfico de drogas y asesinatos en México y de narcotráfico en EE.UU. Valdez niega todos los cargos, dijo su abogada Erandira Jocelyn Guerra.

Las acusaciones de Valdez se producen a pocos días de que Calderón entregue la presidencia a su sucesor, Enrique Peña Nieto, quien asume el mando el sábado. El nuevo mandatario quiere desmantelar la Secretaria de Seguridad Pública y pasar la Policía Federal bajo la supervisión de la Secretaría de la Gobernación, que según él mejorará la coordinación en la lucha contra el crimen organizado.

Analistas dijeron que no estaba claro cuán confiables eran las acusaciones de Valdez. "Es probable que la Policía Federal diga que no se le puede creer al tipo, es un asesino. Y eso es verdad. Pero puede resultar que sepa de lo que está hablando", dijo Eric Olson, un experto en asuntos de seguridad en México y miembro del Instituto de México del Woodrow Wilson International Center for Scholars en Washington.

Las acusaciones se producen en momentos en que crece el escrutinio tanto de García Luna como de la Policía Federal, creada por Calderón como línea de frente en la lucha contra el narcotráfico e ideada con la intensión de ser la primera fuerza policial profesional, honesta y capaz del país. En los últimos seis años, el cuerpo ha crecido de unos pocos miles de miembros a 35.000, y apunta a reclutar a graduados universitarios.

Pero las dudas sobre la agencia han estado aumentando. Hace unos meses, tres policías federales fueron asesinados en el aeropuerto de Ciudad de México por colegas presuntamente involucrados en una red de narcotráfico. En septiembre, policías federales aparentemente trataron de asesinar a dos agentes de la CIA a las afueras de la capital mexicana. Los oficiales están detenidos mientras continúa la investigación.

Entretanto, la Procuraduría General de la República acusó a cinco comandantes de la Policía Federal de ordenarles a los 14 agentes que participaron en el tiroteo que mintieran a los investigadores para hacer creer que los agentes estadounidenses y otro oficial mexicano de la Marina dispararon primero.

Durante años, México ha sufrido de un caso grave de corrupción a los más altos niveles. El principal funcionario antidrogas del país, un general del ejército, fue arrestado en 1997 y condenado por haber trabajado con un cartel. En 2008, el jefe de la principal unidad antidroga de la Procuraduría General de la República también fue arrestado bajo cargos similares.

La raíz del problema, dijo Olson, es que el sistema legal disfuncional de México no puede llegar al fondo de la mayoría de las acusaciones de corrupción de alto nivel. En años recientes, los casos contra presunta corrupción de políticos en los estados de Michoacán y Tamaulipas se han desmoronado.

"En otro país, uno acude a un sistema judicial que puede arbitrar y decidir sobre estas cosas", señaló Olson. "Pero el sistema de tribunales de México ha sido por demasiado tiempo el huérfano olvidado", el talón de Aquiles en todo el proceso de fortalecimiento institucional, y estos casos resaltan cuán desesperadamente el país necesita eso.

García Luna ha sido durante mucho tiempo una figura polémica. En 2005, como jefe de otra fuerza policial, llevó a cabo una redada para "arrestar" secuestradores para las cámaras de televisión, a pesar de que los delincuentes habían sido detenidos un día antes. La medida estaba orientada a mejorar la imagen pública de la fuerza, pero el tiro le salió por la culata cuando se hizo público y los acusados, entre ellos una mujer francesa acusada del delito, intentaron —sin éxito— usarlo en la corte para obtener su libertad.

Valdez nació y creció en Laredo, Texas, y ganó notoriedad como brutal sicario para la agrupación mafiosa Beltrán Leyva. Cuando el líder del cártel fue asesinado en 2009, Valdez se embarcó en una sangrienta batalla por la sucesión, según la policía y los analistas.

En la carta, Valdez alega que Calderón trató de negociar una tregua con los capos de la droga en los últimos años y ordenó la detención de Valdez porque éste se negó a tomar parte en el pacto. La oficina de Calderón no respondió a una consulta antes de la publicación de este texto.

Guerra, la abogada, dijo que la policía federal había falsificado los detalles de la captura de Valdez hace dos años. En ese momento, las autoridades dijeron que Valdez había sido detenido por patrullas de la Policía Federal mientras conducía en una carretera en el estado de México. Sin embargo, en realidad, Guerra sostuvo que había sido detenido junto con su cocinera y otros colaboradores domésticos en su casa. "No estaba armado, no estaba con guardaespaldas, no estaba en un convoy en la carretera, todo eso es falso", anotó.

Se quejó de que Valdez ha sido maltratado en la cárcel, donde ha perdido casi 17 kilos, es mantenido en una celda helada y se le permiten pocas visitas de su familia.

Guerra dijo también que Valdez había sido presionado por la Procuraduría General para testificar contra tres generales retirados y en actividad, incluyendo un subsecretario de Defensa, quien ha sido acusado de estar a sueldo de los traficantes de drogas, algo que ha negado. "Me dijo que nunca los había visto", añadió.