Hermosillo.- Tierras dotadas en posesión precaria que fueron decomisadas con cultivos con enervantes, en el Valle del Yaqui, serán regresadas a narcotraficantes, denunció el Presidente de la CNC Sonora, Salvador Sánchez Peñuelas.
El Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Sonora, demandó al subsecretario de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Ricardo Sheffield Padilla, una revisión exhaustiva de cuatro expedientes de tierras dotadas en posesión precaria en el Valle del Yaqui desde 1989, las cuales por órdenes judiciales deben regresar a manos de narcotraficantes.
Explicó el dirigente campesino que los procedimientos mal fundamentados por parte de la SRA provocaron la pérdida de los juicios agrarios en los núcleos cenecistas “México es mi patria”, “Antonio Rosales (Capetamaya)”, “Abelardo L. Rodríguez” y “Andrés Tolano”, asentados todos en el Valle del Yaqui.
“Nosotros no estamos de acuerdo, los campesinos se quedarán desprotegidos por eso hago un enérgico reclamo a la Reforma Agraria, para que junto con la Procuraduría Agraria defienda los intereses de los campesinos y resuelva de la mejor manera esta situación”, dijo.
Sánchez Peñuelas precisó que en el caso de los núcleos agrarios cenecistas que tienen posesión precaria, con tierra vía narcotráfico, cuentan con la actualización censal, por lo que demandó al funcionario federal una exhaustiva revisión del marco jurídico agrario.
El Presidente de la CNC Sonora planteó también la problemática de la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y Mayo (CECVYM), quien firmó un convenio para encontrar alternativas de solución para atender 40 asuntos jurídicos que se ubican en los municipios de Bácum, Cajeme, Etchojoa, Guaymas y Navojoa.
Agregó, “la Reforma Agraria no ha cumplido con el convenio al ofrecer un millón de pesos para cada grupo, donde a algunos se les dio la mitad de la cantidad pactada faltando por cubrir la otra parte en lo económico como finiquito”.
Sánchez Peñuelas dijo que la Reforma Agraria es la responsable para solucionar este problema, donde involucró con su compromiso a otras dependencias federales y a la fecha han transcurrido diez años y no ha cumplido con su promesa.
En este caso, dijo, “a cada beneficiado se le entregaron cinco hectáreas, cuando la ley marcaba diez hectáreas por solicitante, y tal vez debido a la poca área entregada, la SRA condicionó a los beneficiados por medio de las resoluciones presidenciales que la explotación de terrenos debería ser bajo el sistema colectivo”.
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