Aunque el Gobierno panista de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés Elías, no está matando periodistas, con la corrupción, el chantaje y la represión sí está aniquilando al periodismo.

Convenios de “te pago para que no me pegues”; sugerencias a directivos de los medios para eliminar de la nómina de periódicos, radio o televisión a los periodistas críticos; represión y un enorme uso del dinero público para callar a unos y beneficiar a los “amigos”, es el panorama del periodismo en Sonora.

Apoyada por los mercantilistas intereses de los dueños de la mayoría de los medios de comunicación, a la descomposición de la vida política de Sonora, con tantas mentiras, prepotencia y soberbia de quienes alguna vez la sociedad pensó que al llegar al poder iban a cambiar las formas de atención ciudadana, se le suma una maquinaria de comunicación tendiente a callar los errores oficiales, magnificar los deslices de la oposición y someter a los “enemigos del régimen”.

Ya se sabe que a lo largo de la historia algunos medios de comunicación en Sonora siempre han estado sujetos a los juegos del poder político, pero desde hace unos 15 años las crisis económicas del país, que han golpeado las finanzas de todos los sectores, y el periodístico no es la excepción, han logrado que esa maquiavélica relación del pago de convenios económicos haya envuelto a la gran mayoría de los medios, al grado que quien manda en una redacción es el Secretario de Comunicación Social. Hay sus excepciones, claro está.

El periodismo de Sonora enfrenta hoy una grave crisis. No hay periodistas muertos físicamente pero si hay muchos a los que el Gobierno estatal considera sus críticos y los ha “sacrificado”, es decir están fuera de la nómina de su medio o, sencillamente, fuera del periodismo, a la espera de mejores tiempos.

Ana Luisa Pacheco, con trayectoria en estaciones de Grupo Acir, Grupo Uniradio y Radio Sonora; Reyna Haydee Ramírez, corresponsal del periódico Reforma; Juana María Olguín, ex locutora de Uniradio; María del Socorro Rodríguez, del noticiero DM Noticias 1580; Sebastián Moreno, de El Imparcial; Francisco González Bolón, ex corresponsal de Expreso en Ciudad Obregón; Eduardo Gómez Torres, de la torre informativa “Hermosillo flash”, y Marcelo Beylis, ex corresponsal de El Universal, son solamente una muestra de cómo se presiona a los dueños de los medios de comunicación para que actúen en contra de los reporteros “incómodos” al gobierno sonorense.

El periodismo de investigación prácticamente ha desaparecido en Sonora y pocos, muy pocos, se atreven a cuestionar la opacidad gubernamental en el uso de recursos públicos para campañas políticas internas y externas, del PAN por supuesto.

Así como hay medios que en su momento fueron imparciales y hoy, desafortunadamente, son conocidos como el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, habrá que aceptar la presencia de algunos periodistas opositores al Gobierno estatal por razones partidistas. Ambas actitudes son condenables.

Así como quienes alentamos un periodismo crítico, imparcial y honesto, reprochamos la fascista actitud oficial de no tolerar siquiera “preguntas incómodas”, también recriminamos la de quienes, bajo la bandera del periodismo, sólo fomentan las mezquinas ambiciones de los políticos que en nada ayudan a la paz social del Estado.

Sonora no se merece más esta profunda crisis política y social que se vive a consecuencia de gobernantes alimentadores de la división entre hermanos y una oposición incapaz de construir mejores condiciones de vida para los sonorenses.

Aquí se ha pisoteado  el estado de derecho con el pretexto de una obra pública poco transparente;se ha alimentado el odio entre los sonorenses del norte, centro y sur de la entidad; no hay real separación de poderes; se implantó el cobro demás impuestos cuyos fines sociales no están muy claros y no se investigan denuncias sobre enriquecimiento de algunos allegados o familiares del primer orden de gobierno. Todo ello evidencia el alto grado de corrosión de las estructuras institucionales, políticas, sociales y hasta morales en Sonora.

Desde la óptica periodística imparcial, es tiempo ya de poner las cosas en su lugar. Que el Gobierno deje de fincar su política de comunicación en la corrupción por el uso excesivo del dinero público y que el resto de los actores públicos haga del diálogo y la negociación la mejor arma para sacar al Estado de la encrucijada en que se encuentra.

De otro modo, entre todos estaremos aniquilando al periodismo como la mejor vía de los que hoy no tienen voz para aspirar a esa superación que están esperando por parte de aquellos a quienes le entregaron el poder por la vía del voto.

Red de Periodistas de Cajeme

Responsable de la comunicación: Francisco González Bolón