La candidata del PRI a la diputación local del Distrito XVII sí tiene su residencia legal en esta demarcación electoral, aseguró Gabriel Baldenebro Patrón.

El presidente del comité directivo del PRI en Cajeme hizo esta afirmación para rechazar las versiones que, dijo, genera el Consejo Estatal Electoral para poner en duda la legalidad de dicha candidatura.

Por ese motivo, señaló Baldenebro, el PRI ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), sala Gaudalajara, para solicitar la destitución de Gilberto de Jesús Araujo Arenas, secretario técnico del Consejo Distrital XVII.

Baldenebro precisó que funcioinarios de dicho Consejo han eliminado pruebas del domicilio de Rosana Coboj y han falseado todo a partir de las declaraciones de una vecina de la candidata.

"Tenemos testigos que aseguran que los funcionarios del Distrito han recibido presiones por parte del director jurídico del CEE, Nery Ruiz Arvizu,  para que tomen un postura parcial en este proceso electoral", comentó.

Sobre la presunta compra de votos por parte del PRI en el Distrito XVII, versión difundida por la dirigencia estatal del PRD, Baldenebro expresó que dicha acusación se hizo hace 15 días y hasta ahora no ha pasado de allí "porque es falsa, no tienen ninguna prueba".

Además aseguró que el PRI y su candidata realizan una campaña austera, sin mucha inversión, pero "algunos medios de comunicación creen que las campañas son para hacer negocio".


Responde Araujo

El proceso electoral del Distrito XVII es muy polémico, cada quien habla de lo que más le conviene y por eso se hacen acusaciones sin sentido, señaló Gilberto Araujo Arenas en torno a la solicitud de su destitución por parte del PRI.

Quien interpuso un acuerdo de revisión constitucional ante el Tribunal (Tepjf) por la presunta ilegalidad del domicilio de la candidata priista fue la dirigencia del PAN, precisó.

"Nosotros no interveminos en este tipo de polémicas, sólo recibimos la documentación que nos entregan los partidos y la turnamos a la instancia correspondientes, notificamos a quien debe decidir", añadió.

"Es una disputa entre partidos, no nos compete a nosotros cuestionar si se acredita o no la residencia, eso lo hace el Ayuntamiento", indicó.