Por Sergio Aguayo


La privatización de la banca es un referente para la discusión de la reforma energética y un recordatorio de cuán urgente es proteger a los usuarios de servicios financieros.

Carlos Salinas justificó la privatización de los bancos con argumentos bastante parecidos a los que ahora utiliza el presidente Enrique Peña Nieto y su partido: “México necesita un sistema financiero más moderno [...] más competitivo y útil para la nación”. Para garantizarlo Salinas aseguró que el “Estado reforzaría la vigilancia” sobre la banca. Puros buenos deseos. Vino el error de diciembre de 1994 y el colapso de la banca, el costoso rescate y su entrega a extranjeros. ¿Qué balance puede hacerse de esa privatización?

Estoy entre los que se acercan a los bancos con resquemor y desconfianza.

Su atención es tan mediocre como caros sus servicios. Según Parametría, en mayo pasado, 67 por ciento de la población pensaba que las instituciones financieras “abusan de la necesidad de la gente”. Los expertos que consultó la misma encuestadora coincidían en que la “banca nacional presenta niveles de eficiencia bajos” y que la “fuerte penetración de la banca extranjera reduce la competencia, el fomento al crédito y el crecimiento del país”.

Un mes después, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) salió de su habitual marasmo para entregarnos unas cifras que dimensionan la magnitud del problema. En 2012 hubo ¡4 millones 238,863 reclamaciones por razones económicas contra 29 bancos! Gracias a las quejas los usuarios pudieron recuperar 5 mil 711 millones de pesos (la mitad de lo reclamado).

Reviso el caso de BBVA Bancomer en más detalle por ser la institución financiera con más quejas en 2012 (se elevó 29 por ciento del total). Los españoles de BBVA encontraron en el siglo XX la mítica ciudad de El Dorado que, según la leyenda, estaba construida de oro. Compraron Bancomer en julio de 2000 por 1,400 millones de dólares y sólo en el primer semestre del 2013 tuvieron ganancias por 1,160 millones de dólares.

Tanta rentabilidad es posible porque los usuarios fuimos maniatados por el Estado mexicano. Creó a la Condusef en 1999, pero la entregaron con un doble grillete. Fueron nombrando como presidentes a personajes mansos y predispuestos a favor de la banca y metieron en el Consejo Consultivo Nacional de la Condusef a “tres representantes de las instituciones financieras” que han maniobrado para tener siempre a un representante en su ¡Junta de Gobierno!

Todavía ahora la Asociación de Bancos de México participa en la Junta de Gobierno del organismo público que atiende a quienes se quejan de los bancos.

El conflicto de interés es monumental; es como si los cárteles tuvieran a un representante en el gabinete de seguridad. Es un hecho: la banca extranjera tiene en México más privilegios que en sus países de origen. El equivalente español de la Condusef son los Servicios de Reclamaciones, antes llamados “Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros”. En su reglamento original ya se establecía que deben actuar “con independencia [de] las entidades a que se refieren sus funciones” para evitar los “conflictos de interés”.

En este panorama hay que destacar un rasgo positivo de los nombramientos peñanietistas: está designando a personajes comprometidos en algunos organismos públicos que tutelan derechos. Nombró para la Condusef a Mario Di Costanzo, un personaje con un largo historial en la lucha por la rendición de cuentas en el sistema bancario. Es por ello que la Condusef está generando estudios como el citado anteriormente y está tomando algunas medidas para frenar el patrón de abusos cometidos por una banca que avasalla y atropella los derechos de quienes nos vemos obligados a utilizar sus servicios.

El caso de la banca privatizada no es excepcional. La privatización de las grandes empresas públicas mexicanas tiene, como patrón, la creación de empresas monopólicas u oligopólicas que benefician en poco a las mayorías y que han servido para acentuar las desigualdades y alimentar las listas de multimillonarios que cada año publica la revista Forbes.

Carlos Slim apareció en esa lista en 1991 con 1,700 millones de dólares; este año tiene 73 mil millones. Ricardo Salinas Pliego entró en 1994 con 1,400 millones de dólares y en 2013 roza los 10 mil millones.

La iniciativa privada es positiva siempre y cuando haya un Estado que preserve el interés general. En el caso de la energía se deben modernizar las empresas públicas, consultar a la sociedad y luego abrir a la iniciativa privada. Y, de serles posible, sacar a la banca de la Condusef.

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