Sergio Anaya

Algunos amigos lectores de Infocajeme me han comentado en buena onda que a veces les parece excesiva la información publicada en este portal sobre los hechos violentos cometidos por la delincuencia organizada. Que nos estamos pareciendo a la “Alarma!” por destacar las ejecuciones mafiosas, es lo menos que me dijo un compañero cuyas primeras lecturas existenciales fueron las de esa revista de época donde el Pifas y las Poquinachis ganaron fama.

Estas críticas las acepto y justifico porque incluso a mí me desagrada la edición de tanta información trágica como la generada durante los últimos años en nuestra región. Pero una obligación elemental del periodista es informar sobre los sucesos más importantes que ocurren en su sociedad, y en estos tiempos por desgracia nada tiene más impacto y trascendencia en el entorno cajemense, como en todo el país, que la guerra del narcotráfico cuya intensidad ha sumido en un sufrimiento profundo, desgarrador, a cientos de miles de familias mexicanas.

Obvio, el acontecer diario de nuestra sociedad tiene múltiples expresiones interesantes y significativas. Todas ellas forman en conjunto la mayor parte del material informativo difundido en Infocajeme, sin embargo las noticias sobre ejecuciones criminales acaparan la atención del lector no por un manejo amarillista del editor (no al menos en nuestro caso) sino por el peso específico de estos hechos en la vida de nuestra comunidad. Dicho esto sin desconocer un hecho cultural evidente: la preferencia de los lectores por la información policiaca, un fenómeno presente en todos los países, incluso los de mayor nivel educativo; tema que merece un análisis por separado.

Pero así como entiendo y justifico las críticas de nuestros lectores buena onda, rechazo también las que hacen, cada vez con mayor frecuencia, funcionarios públicos, dirigentes empresariales y otros personajes que sugieren a los periodistas “bajarle el volumen” a la información sobre ejecuciones mafiosas. Aseguran estos críticos que los periodistas exageramos la importancia de los hechos y apoyan este argumento comparando la situación local con lo que sucede en otros países como Estados Unidos y Brasil donde, dicen, hay tanta o más violencia que en México.

“Los medios de Phoenix y Tucson, ciudades más violentas que Cajeme, no ponen al frente los crímenes cometidos por las bandas delictivas, más bien los esconden en espacios interiores”, dijo alguna vez el dirigente empresarial y hoy diputado Mario Sánchez en una conferencia. Sus palabras después fueron repetidas por un conocido político priista regional y por un funcioinario panista del gobierno estatal.

Esta postura fue difundida por el gobierno calderonista en todos sus niveles, y hoy es reforzada por la administración federal priista que desde sus primeros días hizo explícita la estrategia de disminuir la percepción que tiene la opinión pública nacional e internacional sobre la inseguridad pública en México. No importa que la violencia siga en aumento, o cuando menos al mismo nivel de los años recientes, si se logra modificar la imagen de un país violento a la de un país pacífico.

Hay en esta postura no sólo un interés práctico de orden política y económica, sino también un factor clasista, discriminatorio. Mientras las víctimas de la violencia sean en su gran mayoría habitantes de las colonias populares o marginales, donde se generan la mayoría de estos delitos, el resto de la sociedad puede dormir tranquila, no hay por qué alarmarla. Mas cuando la víctima es un miembro de la élite social, la reacción es diferente, explosiva, y la procuración de justicia se vuelve eficiente y expedita, “con toda la fuerza del estado”.

Entre los críticos de la información sobre hechos violentos, son los empresarios quienes tienen una justificación válida pues ellos corren el riesgo de perder sus inversiones e incluso todo su patrimonio, de manera especial los del sector Mipymes, si prevalece la imagen de un país violento.

No así los funcionarios y políticos de todo nivel que viven o aspiran a vivir en el paraíso ecconómico, de corrupción e impunidad en el que se ha convertido el estado mexicano pues la obligación fundamental de éste -el estado y sus administradores- es garantizar la seguridad de la población, no con campañas de imagen pública, con discursos triunfalistas y cifras dudosas, poco confiables, sino con estrategias eficientes que se reflejen en la disminución real de los índices de violencia.

Y por lo que respecta a los periodistas, tenemos dos opciones: La primera es acatar las sugerencias del poder, “bajar el volumen” a la información sobre hechos criminales, esconder la cabeza como el avestruz y dar más relevancia a las luchas mezquinas entre grupos políticos, los discursos triunfalistas de los funcionarios de todo nivel, las hazañas deportivas y los últimos escándalos de la farándula. Tal como lo han hecho los medios apegados al oficialismo.

La segunda opción es dar prioridad a los hechos más relevantes, aunque éstos sean de sangre, sudor y lágrimas. No es una opción atractiva que se asume por gusto o para ganar lectores. Es una obligación profesional.