Alejandro de la Torre

El fondo del asunto en la demanda por municipalizar un pueblo de 30 mil habitantes no es la creación de un nuevo aparato administrativo o la insuficiencia del dinero público para sostenerlo. Es la marginación en el reparto de los recursos, pero principalmente en la toma de decisiones.

La gente que vive en pueblos y comisarias está excluida en todos los sentidos y aún más en el sentido político. En barrios y colonias la gente no decide. Pide.

Las carencias en servicios y desarrollo no solo se da en el área rural si no en todo lo basto del territorio urbano popular, por eso al no ser tomada en cuenta su participación no le queda otro camino a la gente más que pedir.

Pero un punto medular, básico y el origen y causa de todos los problemas, es que no la toman en cuenta a la gente a la hora de definir y aplicar presupuestos públicos, obras, nuevos servicios. A pesar de que ese dinero sea de su propiedad.

Si Pueblo Yaqui, Tobarito, Esperanza, Cócorit o Providencia no ven el desarrollo que aparantemente tiene Ciudad Obregón (que no lo tiene), también en esa postura Obregón podría reclamar el desarrollo aparente que tiene Hermosillo (que tampoco lo tiene).

Todos los gobiernos hasta nuestros días han mal administrado los asuntos públicos, el gasto público, y el ejemplo del corrupto ex gobernador Beltrones que lo balconearon en casos de que pidió “mochadas”, nos dan un indicador que esos hábitos indecentes se repiten y repiten a lo largo y ancho de todo el país cuando un político llega a un puesto gubernamental.

Eso explica el subdesarrollo de ciudades y pueblos y por qué no despunta un crecimiento ordenado, igualitario y de beneficio no para unos cuantos sino para todos.

Los políticos oficiales además de ladrones son mentirosos. Me viene al recuerdo aquel eslogan utilizado por la administración municipal de Sostenes Valenzuela que decía “Cajeme, Tierra de trabajo”, o la parodia más reciente de Manuel Barro de “El mejor lugar para vivir”.

Hay un deterioro generalizado de infraestructura urbana en la ciudad y una marginación terrible en los polvados rurales de Sonora.

Esto se genera por que el 80 por ciento de los recursos públicos totales los aplica y maneja el gobierno federal y tan solo menos del 6 por ciento los aplica el municipio.

Miles de millones de pesos se quedan arriba y se desvían, nunca llegan a generar el crecimiento que se merecen las urbanidades donde vive la gente.

Si la administración actual de Díaz Brown en Cajeme dice que se aplicarán 2 mil millones de pesos en obras públicas, la verdad es que los recursos que realmente tiene el municipio bajo su poder son tan solo alrededor de 300 millones de pesos al año.

Una verdadera reforma hacendaria y no como el remedo burlesco de Peña Nieto, sería que los Ayuntamientos cobraran y aplicaran la mayor parte de los impuestos recaudados. Hoy solo se quedan arriba en las chequeras de prepotentes secretarios de estado que los reparten discrecionalmente y también se los roban.

Que el municipio, en vez del 6 por ciento de los recursos públicos, se quedara y aplicara directamente el 80 por ciento con los que se queda el gobierno centralizado al mando del presidente del país.

Así, Cajeme estaría beneficiándose como todos los dos mil municipios del país, y no tuviera solo 300 millones de pesos por aplicar en obra pública y servicios.

Aplicaría y contaría con 4 mil millones de pesos al año, para su desarrollo y crecimiento. Evidentemente el municipio base del sistema federal cambiaría la faz y el horizonte del país, de la carencia a la sobresuficiencia.

Quetchehueca, la colonia Rosales, el campo 5, no buscarán dentro de 20 años convertirse en municipios como lo lograron Esperanza y Pueblo Yaqui en el año 2016.

Sin embargo como lo dije al principio, el fondo del asunto no son los recursos insuficientes o suficientes, si no la inclusión de los ciudadanos que viven los poblados rurales y en los barrios urbanos, en la toma de decisiones y en el involucramiento individual y colectivo para que por sí mismos resuelvan sus propias carencias y problemas a pesar de que esos mismos recursos públicos no lleguen y si llegan los apliquen según sus prioridades.

Al quitarle a la gente la elección democrática directa de los comisarios y delegados, le quitan su capacidad para acomedirse a resolver las dificultades y necesidades sociales y participar en los asuntos públicos, despojarlos de esta facultad participativa se generan “ciudadanos” atenidos a que el gobierno vaya y les resuelva todo. Provocando pesimismo y abstención; y en el peor de los casos la desmoralización de que las cosas no pueden mejorar y como consecuencia la profundización del subdesarrollo y el deterioro de las comunidades urbanas y rurales.

Así como en las delegaciones y comisarias los ciudadanos que viven en ellas deben y pueden elegir a sus autoridades sin la necesidad de solicitar la creación de municipios, así los barrios y colonias en el área urbana deben y pueden elegir Consejos Ciudadanos que sean sus representantes y sean sus autoridades inmediatas.

La concentración de la autoridad y la decisión en un presidente municipal genera la agudización de los problemas urbanos y sociales, de tal forma que este sistema presidencialista municipal está sustentado en un esquema de alcalde “superpoderoso” cuando en realidad tiene bajos recursos y no tiene ampliación política para resolverlos, pero simula tenerlos, junto a su sequito de funcionarios.

Es un esquema viciado y caduco causa de nuestro deterioro.