CD. DE MÉXICO.- Decenas de organizaciones civiles nacionales e internacionales acusaron a Guillermo Padrés Elías, de emprenden una campaña “racista y de odio” en contra de los yaquis luego de la detención de su vocero Mario Luna Romero, una de las cabezas más visibles de la tribu, en su lucha contra la construcción del Acueducto Independencia.

También acusaron al gobierno federal de ser participe de las violaciones a los derechos humanos de la tribu al ignorar las agresiones de las que eran objeto por parte del gobierno estatal.

“Las más de 100 organizaciones que conformamos la Misión Civil exigimos la liberación inmediata de Mario y que cese el hostigaminento del gobierno de Sonora en contra de la tribu”, dijo Citlalli Hernández, vocera de la Misión.

“Esto se da en un momento difícil porque en las última semanas Padrés se ha visto evidenciado por la corrupción y negligencia de su gobierno. Sorprende el cinismo con el que asume que tiene una presa particular con la que podría abastecer por más de un mes a la ciudad de Hermosillo. Se ha emprendido desde el gobierno una campaña racista, de odio, se han referido a ellos como criminales por defender su derecho al agua; la detención de su vocero es una muestra del desdén con el que el gobierno mira el proceso de justicia”, señala el pronunciamiento presentado en una rueda de prensa por las organizaciones.

Adolfo Gilly, profesor de Historia y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también pidió la liberación inmediata de Luna y señaló que su detención es prueba del clima de ilegalidad que se vive en el país.

“La escalada que acaba de hacer Padrés apresando a Mario Luna es una síntesis de la situación nacional de ilegalidad que estamos viviendo; si este señor Gobernador se permite actuar como ni siquiera en las épocas de ‘Don Porfirio’ se permitía porque cuidaban más las formas porque le temían a ‘Don Porfirio’, es porque estamos viviendo en este momento en un país fuera de toda ley”, expresó.

“Estamos ante un círculo perverso que echó a andar el gobierno de Sonora y de la Federación porque viola los derechos de participación, de consulta, de derecho al agua y a un ambiente sano. La tribu inició un proceso por la vía de sus derechos y en dos años logró una sentencia de la Corte para lograr su reparación, pero a pesar de ello, el Estado mexicano sigue violando sus derechos”, dijo por su parte Úrsula Garzón, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

“Nos queda claro que el Gobernador actúa al margen del derecho, incluso, violando suspensiones dictadas por el Poder Judicial; la tribu yaqui buscó tener un diálogo con el estado y la Federación para poder llevar este conflicto a buen término, pero, rebasados, se vieron obligados a emprender una resistencia civil pacífica”, agrego.

Los activistas cuestionaron también el hecho de que el Gobernador tenga una presa privada en la que almacena 4 millones de metros cúbicos de agua “para hacer negocios propios, la misión se pregunta dónde estamos, cómo se llama ese régimen donde un servidor público se aprovecha de un cargo para apropiarse de un bien que es de todos y que demás arrebata a las personas”, señaló Rodrigo Gutiérrez, miembro de la Misión Civil de Observación por la Consulta de la Tribu Yaqui.


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