Soy un preso político, afirma Mario Luna
Gloria Muñoz Ramírez / La Jornada
Miércoles 17 de Septiembre de 2014

CD. DE MÉXICO.- Mario Luna Romero, autoridad y vocero de la tribu yaqui, una de las figuras más visibles del rechazo al acueducto Independencia, obra impugnada desde su licitación en Sonora, habla por primera vez desde que fue detenido, el pasado 11 de septiembre, en Ciudad Obregón. Las preguntas de La Jornada son enviadas por escrito por medio de la organización de la tribu yaqui comisionada para las visitas.

Mario no duda en responsabilizar al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, de lo que pueda sucederle a él y a su familia. De igual manera, advierte, “responsabilizo al Estado mexicano en su conjunto por lo que pueda pasarle a cualquier miembro de la tribu yaqui y a la integridad territorial del mismo pueblo, ya que el Estado con sus omisiones a las leyes nacionales e internacionales está poniendo en riesgo la supervivencia de este pueblo milenario que lucha por no morir”.

Es irónico, indica, que “mientras se anuncia una danza de miles de millones de pesos para callar las protestas de los habitantes (de la ribera) del río Sonora, a los voceros de la tribu yaqui nos persiguen y encarcelan para no cumplir con las resoluciones judiciales que ordenan detener la operación del acueducto Independencia y su posterior desmantelamiento”.


Solidaridad internacional

Luna Romero, de 43 años y padre de cuatro hijos (un varón y tres mujeres), espera hoy tras las rejas el dictamen de libertad o el auto de formal prisión del juzgado tercero de primera instancia de Hermosillo, Sonora. También mientras espera el veredicto, su pueblo bloquea la carretera Internacional y en distintas partes del mundo se organizan expresiones de solidaridad. En México exigen su libertad inmediata el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y más de 150 organizaciones que integran la Misión Civil de Observación.

Su detención, le informaron, fue en cumplimiento de la orden de aprehensión girada hace un año por privación ilegal de la libertad y robo de vehículo, denunciados por Viviana Bacasegua y Francisco Delgado Romo: “Me dijeron que sólo hasta hoy habían podido ejecutarla. Yo le dije al subprocurador que me fue a ver que no me habían aprehendido porque no habían querido, pues yo tengo constante actividad pública en toda la tribu y en varias ciudades dentro y fuera del estado. Me detuvieron cuando quisieron, pues realmente yo nunca me escondí ni opuse resistencia”.

Junto con su defensa, el representante yaqui solicitó la ampliación del término constitucional y se reservó el derecho a declarar. “El lunes 15 mis abogados trajeron a declarar al juzgado tercero de lo penal a los testigos que yo presenté, aparte de las autoridades tradicionales, para hacer constar que no estuve en el lugar de los hechos y yo no doy órdenes en mi tribu, al contrario: yo estoy bajo las órdenes de mis autoridades y del pueblo”.

La detención del integrante de la autoridad de Vícam, uno de los ocho pueblos que conforman la tribu, se da en un contexto en el que –dice Luna desde el Centro de Readaptación Social número dos, en Hermosillo– los gobiernos estatal y federal “se encuentran enfrascados en una lucha mediática en la que ninguno de los dos quiere asumir las responsabilidades jurídicas, políticas y sociales de las acciones corruptas y de omisión que han derivado en malversación de fondos del ejercicio público, acaparamiento y venta de recursos naturales como agua y minerales, sin olvidar los grandes lotes en Hermosillo y demás partes de la sierra sonorense, y acciones tan criminales como los tandeos de agua a la población de la capital del estado”.

El panorama, añade, “contempla también la publicación de que el gobernador Guillermo Padrés se construye para uso particular una presa con capacidad de 4 mil millones de metros cúbicos, a la par que construye el acueducto Independencia, obra mediante la cual despoja de agua a nuestra tribu yaqui, sin un estudio mínimo de impacto ambiental y mucho menos justificación alguna. Y todo ante la complacencia y silencio cómplice de la Conagua, Profepa, Semarnat y demás”.

Otro elemento que rodea su detención “es la contaminación del río Sonora, que debería abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo y sus habitantes. Y todo esto mientras se abren 3 mil hectáreas de cultivo agrícola y se proyectan desarrollos inmobiliarios con lagos artificiales y parques acuáticos. Y al mismo tiempo organizan una campaña de odio racial contra la tribu yaqui y fabrican escenas criminales para desprestigiar a los defensores del río Yaqui”.

En estos cinco días de prisión, Mario Luna no sólo ha recibido la solidaridad de organizaciones nacionales e internacionales. En el Cereso, custodios e internos le muestran respeto y le brindan apoyo y seguridad. Escucharon por la radio sobre su detención y desde que llegó le manifestaron simpatía y adhesión a su causa. Los reos le ofrecieron una cobija, un traste para comer y agua limpia, como “muestra de apoyo e indignación con el gobierno”.


No debemos caer en el juego del gobierno


Hombre de campo, curtido en las batallas por los derechos indígenas, Mario Luna no duda en advertir que “no debemos caer en el juego perverso del mal gobierno de enfocar la lucha en mi liberación y descuidar la lucha por el agua y territorio”.

Además, indica, “no tienen ningún argumento jurídico válido para mantenerme encerrado. Es claro y evidente que soy un preso político, porque están violando todos mis derechos políticos, constitucionales y humanos. Me acusan de un delito inexistente, del cual no fui partícipe; en la tribu yaqui se aplicaron las normas y leyes internas, y usos y costumbres, a una persona que se dijo yaqui y que además resultó un conocido operador político de Guillermo Padrés”.

Inscribe su detención en el contexto de persecución a quienes luchan por defender su territorio. Hoy, dice, “veo con más claridad y admiro aún más la fortaleza y dignidad de otros luchadores sociales que se encuentran en la misma situación que yo, como (José Manuel) Mireles, de Michoacán; Ernesto Salgado, Juan Carlos Flores y Enedina Rosas, de Puebla, y muchos otros que enfrentan penas injustas.

“A los compas zapatistas les agradezco su solidaridad y apoyo por medio de mis compañeros de lucha dentro del Congreso Nacional Indígena (CNI). Agradezco también a la Misión Civil de Observación a la consulta yaqui, integrada por más de 150 organizaciones de la sociedad civil. A las compas y los compas solidarios que desde sus humildes trincheras han manifestado su preocupación y apoyo, sólo les puedo decir que permanezcan firmes. ¡Namakasia! ¡Vamos a ganar!”

 
 

Copyright © 2006-2024. Todos los Derechos Reservados
InfoCajeme
www.infocajeme.com