Las organizaciones no gubernamentales (ONG) suelen producir urticaria a los políticos por muchas razones. Les resultan incómodas, entrometidas, críticas y difícilmente controlables. En suma, son intervenciones de la sociedad civil que atentan contra el monopolio sobre los asuntos públicos que desean ejercer los grupos en el poder.

No es casual que los gobiernos autoritarios conduzcan poco menos que una guerra constante contra la actividad de estas asociaciones. Vladimir Putin prohibió en 2005 que las ONG rusas recibieran fondos internacionales en su intento por acotar a los activistas de derechos humanos y a los grupos en favor de prácticas democráticas.

En agosto de este año el Gobierno acusó a Madres de Soldados de San Petersburgo de constituir un agente extranjero: es un grupo que busca información sobre los soldados rusos que han sido muertos o lesionados en Ucrania. En Venezuela son conocidos los esfuerzos de Chávez y de Maduro a lo largo de los años para sacar de la arena pública todas las ONG que no sean las suyas.

En México la hostilidad en contra de las organizaciones no afiliadas al sistema ha ido en aumento. En algunas regiones de la peor manera: mediante el simple expediente de asesinar activistas, amedrentar empleados y saquear oficinas de las pocas asociaciones civiles que trabajan en favor de los derechos humanos.

Luego del asesinato de quince balazos de Sandra Luz Hernández, ocurrido el 12 de mayo de 2014 en Sinaloa, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) publicó una lista de 35 mujeres activistas asesinadas o desparecidas en los dos años anteriores.

Mucho más sutil, pero igualmente dañina, resulta la agresión económica que se ejerce en contra de las finanzas de las ONG en México. En los últimos años ha disminuido la asignación de fondos públicos a las asociaciones civiles que operan en el país en materia de salud. El Estado escamotea recursos a orfanatos, centros de salud para sectores marginales, casas de protección a mujeres golpeadas y una infinidad de organizaciones filantrópicas destinadas a llenar vacíos en la cobertura oficial.

Además del recorte de recursos públicos, o el uso de los mismos con criterios políticos electorales, la agresión en contra de las ONG es de carácter fiscal. Hacienda ha convertido en una vía poco menos que intransitable los trámites exigidos a una organización para poder recibir donaciones deducibles de impuestos. Esto provoca la asfixia de las ONG, pues les imposibilita el acceso al financiamiento de los particulares.

El caso del Centro de Atención a Víctimas de Cancún, CIAM, fundado por Lydia Cacho, es ilustrativo de esta agresión velada. Cerró luego de diez años de acoger y apoyar a miles de mujeres y niños afectados por la violencia de género. El CIAM se convirtió en una institución clave en Cancún. La ausencia de redes familiares en un puerto turístico cuya población ha llegado de otras partes del país convirtió a este centro en una institución clave en la comunidad.

Mujeres violentadas y sus hijos, carentes de apoyos de hermanos o padres, podían refugiarse durante meses en el CIAM y recibir apoyo psicológico, jurídico y facilidades para reinsertarse en la vida económica y hacerse autosuficientes. Cientos de vidas fueron salvadas de ese modo, miles de niños tuvieron la posibilidad de convertirse en adultos diferentes y romper el cruel círculo de la violencia transmitida de generación en generación. Incapaz de poder financiar su operación, el CIAM tuvo que cerrar sus puertas hace dos años.

Como el CIAM, cientos de ONG están a punto de colapsarse a todo lo largo del territorio nacional. El tema es preocupante porque muchas de estas organizaciones son incapaces de continuar con actividades que solían subsanar las ausencias y vacíos del Estado en materia social. Ya no digamos aquellas que trabajan a contrapelo de la política oficial en materia de ecología, derechos humanos, prácticas democráticas, transparencia y rendición de cuentas.

Se han fortalecido los programas institucionales, canalizados a través de la burocracia, y desalentado todo gasto que no esté directamente controlado por el aparato político. En un esfuerzo por monopolizar esta agenda, el gobierno ha buscado fundar instituciones propias para atender temas urgentes de derechos civiles, como las oficinas y fiscalías especiales (de defensa contra agresiones a la mujer, ataques a periodistas, programas para discapacitados, etc.). Por lo general se convierten en cascarones vacíos, sin recursos jurídicos ni voluntad política real para ejercer sus tareas.

El Gobierno difícilmente podrá encarar los problemas estructurales que aquejan al país sin una participación decidida de la sociedad civil. Hace tiempo que la globalización y la complejidad social y económica quitaron al Estado el monopolio del poder. Las agresiones abiertas y veladas en contra de las ONG constituyen una cruzada absurda y, en última instancia, inútil aunque muy dañina.

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Publicado en El País (24 - Sept - 2014)