Ciertamente, los trágicos crímenes de Ayotzinapa han desembocado en una crisis política y social de enorme trascendencia para el país, por la indignación que han despertado no sólo en México sino en el extranjero. Y hay que agregar a esa situación que la economía no muestra señales de mejoría.

Junto a esta tendencia hay que añadir que en los últimos meses se está gestando una nueva problemática que muestra muchos aspectos semejantes a aquella de los ochentas, cuando, durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), el país, al encontrarse en la insolvencia, terminó por aceptar las políticas neoliberales.

Ya me he referido en estas páginas al hecho de que la participación de la iniciativa privada en la explotación de los hidrocarburos, propiciada por la reforma energética, implica necesariamente la renuncia a una parte significativa de la llamada renta petrolera, de la que se beneficiarán las empresas nacionales y extranjeras que inviertan en el sector.

Esa disminución de la renta petrolera tiene una gran repercusión en las finanzas públicas, puesto que los impuestos aplicados a Pemex han servido en estos años para financiar más del 30 por ciento del gasto público. Para compensar esa pérdida, el gobierno ha recurrido a aumentar ligeramente la carga fiscal, y sobre todo a contratar créditos directamente con la banca internacional o a emitir distintos tipos de papeles que representan igualmente una deuda.

Y ahora a ese aumento del endeudamiento, se añade la baja en el precio del petróleo en el mercado internacional, que tiene como causa fundamental el aumento de la producción de petróleo por el método del fraking en Estados Unidos. Frente a ese fenómeno, el principal productor de petróleo del mundo, Arabia Saudita y con él los demás integrantes de la OPEP, han respondido con una nueva estrategia. Hay que tomar en cuenta que la extracción del petróleo de esquisto, que es el campo en el que se han especializado las empresas estadounidenses y que también se busca aplicar en México, tiene un alto costo. Y esta condición es la que explica la nueva estrategia de los países productores de petróleo que ahora no están buscando, como en el pasado, sostener o aumentar el precio del petróleo a través de reducir la producción, sino están dejando que baje el precio a fin de que deje de ser rentable para las empresas estadounidenses que han proliferado en los últimos tiempos y son la causa de la tendencia a la baja del precio.

Para México, sin embargo, la baja en el precio del petróleo tiene enormes repercusiones, porque los ingresos por la venta de hidrocarburos seguirá siendo clave para el financiamiento del gasto público y éste a su vez para impulsar el crecimiento de la economía. O sea que entre el aumento acelerado de la deuda pública y la baja en el precio del petróleo, se está gestando una situación de crisis como la que se vivió en el sexenio de De la Madrid.