Rafael Lucero Ortiz

Las crisis estructurales tienen un amplio potencial de enseñanza-aprendizaje y es necesario profundizar nuestra crisis para rediseñar las estructuras del Estado y de la sociedad mexicana. Desde hace ya casi medio siglo, las cosas fundamentales para una vida digna como nación nos salen mal y nos vienen hundiendo. Esperamos que Ayotzinapa, si es la gota que derramó al vaso, también sea  el fondo que nos haga resurgir.

Apostamos a la alternancia y nos fue peor que en la continuidad; apostamos a la vuelta al pasado y, a dos años, nos va peor que en el pasado.

Lo profundamente grave del caso, es que se pudo prevenir y haber evitado. Desde que esta administración asumió el poder tuvo en sus manos un diagnóstico del crimen organizado  en el Estado de Guerrero y los vínculos con autoridades y policías municipales,  al igual que todo mundo, medianamente informado, conocemos y padecemos el mismo perfil de  crímenes en  nuestras propias regiones.

Lo más grave de un mal es no reconocerlo ni aceptarlo y creer que pueden salir de la crisis contándonos, otra vez, el cuento de Paulette.
 
Zaffaroni plantea que la indiferencia de las condiciones previas, implica la omisión y aceptación de la situaciones que llevan a un crimen de lesa humanidad, definido como el  crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad  en su conjunto.

De acuerdo al Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad son aquellas conductas, acciones, tipificadas como: asesinato, deportación, exterminio, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución con motivos políticos, religiosos, raciales, étnicos, ideológicos, secuestro, desaparición forzada o cualquier otro acto carente de humanidad y que cause severos daños tanto psíquica como físicamente y que además sean cometidos como parte de un ataque integral o sistemático contra una comunidad.

Las racionalizaciones de EPN y su gabinete para deslindarse de los crímenes de Iguala y responsabilizar a los gobiernos locales del municipio y del estado de Guerrero, son solo justificaciones, típicas de un crimen de Estado, como atinadamente se denunció en el zócalo capitalino y como lo afirma la indiferencia moral previa, la negación póstuma y el pretendido liderazgo moral del ejecutivo, en su discurso de condena y rasgado de vestiduras. En síntesis: la negación de responsabilidad como jefe de Estado.