Los maestros de Derecho Penal harían bien en enseñar a sus estudiantes el caso del dirigente del PAN, Juan Bautista Valencia, como modelo de reacción del sujeto a quien se coloca frente a la prueba contundente de su delito. Hay unos que se quedan sin habla y no les queda más que inclinar la cabeza; si poseen al menos un asomo de inteligencia (y de vergüenza), entienden que sería tonto alegar inocencia. Y esperan con hombría el castigo de sus actos.
  
Y hay algunos, y es el caso del dirigente panista, que responden con frases sin sentido, bien porque creen que  los que los observan y dan fe de su derrota son idiotas, bien porque son idiotas ellos mismos.
  
Los medios han explicado que cuando Javier Gándara fue presidente municipal de Hermosillo, se fingió que Trinidad Ayala Valencia había adquirido varias hectáreas de terrenos del Municipio por la vía de la jurisdicción voluntaria; que las dividió en 14 predios y  vendió éstos a diversos compradores, entre ellos, el citado Juan Valencia, su esposa y su hija.
 
Hace meses que una reportera de Denise Maerker, la conocida periodista de México, descubrió en un barrio de Navojoa a Trinidad Ayala, quien no tenía la menor idea de que era “el dueño” de los terrenos objeto de compraventas y que por ellos le había pagado al Ayuntamiento casi 8 millones de pesos. En su nombre, vendía los predios su apoderado (Trinidad ignoraba, desde luego, que tuviera apoderado) el abogado Fernando Cano Valenzuela y hacía constar las operaciones el síndico Luis Enrique Romero Terrazas, también abogado.
  
Trinidad vino en estos días a Hermosillo y fue al Ayuntamiento para renunciar a sus supuestos derechos de propiedad, o más bien, a dejar bien asentado que nada tiene que ver con la sucia maniobra que unos tipos hicieron para enriquecerse, ante la indiferencia o la complicidad de Javier Gándara.

  Y aquí viene la reacción de Juan Valencia. Cuando le preguntaron su opinión al respecto, dijo que el señor Ayala es “de condición humilde”, lo que para el panista parece significar que es un pobre hombre que no sabe lo que dice. De hecho, estaba diciendo a los reporteros: “Es un loquito, no le hagan caso”. Aquí se plantea la cuestión que constituye el núcleo de esta columna: la estupidez que muestra el presunto fraudeador ¿debe considerarse que atenúa su culpa o debe ser agravante de su conducta antisocial?

  No asentaré aquí una opinión personal porque será más provechoso, para los estudiantes de Derecho, que con la guía de su maestro intenten el análisis del caso y arriben a una conclusión con apoyo en sus razonamientos. La verdad que uno encuentra por esfuerzo propio es más útil que la que le dan como alimento digerido. Naturalmente, me gustaría conocer tal conclusión.

NOMBRES PARA AMPLIAR LA INVESTIGACIÓN

  En cuanto a los medios de comunicación, sugiero que agreguen los dos nombres que he asentado en párrafos anteriores: el del abogado Fernando Cano Valenzuela y el del ex síndico municipal Luis Enrique Romero Terrazas, pera el efecto de que sean sujetos de investigación. Y también los nombres de quienes, igual que Juan Valencia y sus familiares, compraron terrenos que no pertenecían a Trinidad Ayala.

   Si hay entre ellos un inocente, es aconsejable que comparezca por su propia voluntad y aclare su papel en este episodio vergonzoso, o considere la posibilidad de que el nuevo gobierno de Hermosillo lo considere coautor de un fraude tan escandaloso y cínico.

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