Tres puntos que deberán estar en el discurso de toma de posesión de CP

   En la toma de posesión de todo nuevo gobernador, se encuentra éste (o ésta) obligado a dar a conocer su programa de gobierno, que servirá para que los diversos sectores de la sociedad orienten sus relaciones con la administración, y para que los ciudadanos sepan qué pueden esperar de los funcionarios que llegan.

  Pero la masa de habitantes de la entidad desea oír determinaciones contundentes y claras sobre ciertas cuestiones que preocupan a todos, que en algunos casos determinaron el triunfo del mandatario, para medir su valor, su carácter, su decisión de cumplir compromisos.

  En el discurso de toma de posesión de Alejandro Carrillo Marcor destacó su resuelto propósito de combatir la corrupción, lo que se puso en evidencia en la consignación de su antecesor Carlos Armando Biébrich por robo, peculado, enriquecimiento inexplicable (ilícito, se llama ahora) y otros delitos. En el discurso de Manlio Fabio Beltrones ganó los espacios principales de los medios el anuncio de que promovería una nueva ley orgánica para la Universidad, lo que ejecutó de inmediato.

  Creo que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano deberá incluir en su discurso del 13 de septiembre una definición clara sobre el acueducto Independencia y otra sobre la averiguación (y consignación, en su caso) de las irregularidades de la administración de Padrés. Miles de los votos que inclinaron la balanza electoral a su favor fueron emitidos con esa esperanza. Y si para entonces continúan en la cárcel los presos políticos yaquis, es legal y éticamente lícito confiar en que ordenará el desistimiento de la acción penal.

  Los reporteros que asistieron este martes a la conferencia de prensa que ofreció el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se quejaron de que éste, fiel a su expresión moderada y serena, no dio noticia. Pero al exponer a la gobernadora electa, en la breve entrevista que tuvo con ésta, dio a la causa de los yaquis un buen empujón. Digamos que los colocó en la antesala de una próxima buena noticia.

   Hay un cuarto problema que la gobernadora puede ayudar a resolver antes de su toma de posesión: el destino de los 110 millones de pesos que no se entregaron a la Universidad de Sonora por culpa del actual gobierno. Está obligada a ello porque fue,  todavía como senadora y precandidata, mensajera de la cantidad  gestionada y obtenida  por el diputado Manlio Fabio Beltrones. .En rueda de prensa con el Rector se informó que 60 millones se destinarían para instalaciones deportivas en el campus  universitario de Cajeme, y 50, para modernizar la Biblioteca y Museo de Hermosillo.

  Se sabe que los 110 millones de pesos fueron enviados al gobierno del Estado, de acuerdo con el trámite de rigor, para que de allí viajaran los recursos a las presidencias municipales respectivas, pero por indolencia, irresponsabilidad, mala fe o deseo de impedir que brillara un éxito de los adversarios políticos, el gobernador dejó avanzar el año de 2014 hasta su final sin que el dinero llegara a los destinatarios.

  Ayer, el diputado Carlos Navarro López solicitó en el Pleno del Congreso que se cite al secretario de Hacienda del gobierno del Estado para que explique, si hay explicación, por qué este daño a la Universidad, y sobre todo, añade este columnista, si hay la posibilidad de recuperar los 110 millones. Este es un asunto que ojalá ayude la gobernadora electa a resolver a la brevedad posible; de lo contrario, habrá que acumularlo a la lista de daños causados a la sociedad sonorense por la administración que se va.

INICIATIVA DE LEY PARA PROTEGER A LOS CORRUPTOS

   Ya que una combinación de casualidades permitió ocupar curules en el Congreso del Estado a los suplentes, ¿por qué no gozan la breve experiencia y se quedan quietos (quieta, en este caso) sin causar daño?

  La diputada Selma Guadalupe Gómez Cabrera, deseosa de plasmar su nombre en los anales del Poder Legislativo, presentó una “Iniciativa con proyectos de Ley de Responsabilidad civil para la protección del derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen del Estado de Sonora (el Estado de Sonora debe sentirse agradecido) y de Decreto que reforma el artículo 2087 del Código Civil para el Estado de Sonora”.

  El artículo en cuestión,  invocado, aunque no con frecuencia, cuando alguien se siente acreedor de una indemnización por haber sido difamado o calumniado, y no  quiere emprender acciones penales, prácticamente sigue igual en la iniciativa de la diputada.

  Lo reprobable es que la Ley sanciona “el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho de información y de la libertad de expresión” (Art. 1, 2º párrafo), y protege a “los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado de Sonora, los funcionarios y empleados, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública…” (Art. 7-III).

  Y para que los ricos e influyentes no se quejen, extiende su manto protector a “La persona que posee notoriedad o trascendencia colectiva, sin ostentar un cargo público y aquellas otras que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan… “(Art. 7-VII) El pérfido periodista deberá indemnizar al funcionario, político e influyente que se sienta herido por la publicación, inclusive por la caricatura (Art. 20).

  ¿No se ha puesto a pensar (¡pensar, qué insulto!) la diputada en que somos los ciudadanos quienes estamos terriblemente ofendidos? Hombre, el día último de este mes se clausura el último periodo de sesiones. Aguante un poco su anhelo de inmortalizarse.

carlosomoncada@gmail.com