HERMOSILLO, Son. (apro).- Los 33 diputados locales de Sonora se aprobaron una partida –hasta ahora secreta– por 99 mil pesos mensuales, cifra que se suma a los 117 mil que reciben de salario cada 30 días, informa la revista Proceso.

Con base en el reporte oficial emitido por la dirección general de Administración del Poder Legislativo, los congresistas locales reciben esos 99 mil pesos por concepto de “gestión legislativa”, otros 52 mil 800 pesos de “sueldo base”, más 38 mil 318 por el rubro de “riesgo laboral” y 25 mil 964 de “dieta”, lo que da un total de 219 mil pesos. Con ello, la prebenda partidista 3919 representa casi la mitad del salario de los representantes populares.

De esta manera, el Congreso local entrega a cada congresista local 99 mil pesos mensuales y una ministración extra anual por la misma cantidad para los casos en los que ese dinero haya sido utilizado en contratación de personal y tengan que cubrirse las diversas bonificaciones de fin de año, señala Milton Martínez, corresponsal de Proceso.

(Esta partida se justifica también como "apoyo" para pago de asesores y todo lo que tiene que ver con actividades legislativas -renta de oficinas, pago de ayudantes, viáticos, aviones, hoteles, comida, eventos y otros).

Anualmente cada legislador recibe aproximadamente 1.3 millones de pesos, que multiplicados por los 33 representantes populares dan 42.8 millones que se “autopresupuestan” cada diciembre.

Esta ministración está sustentada en el artículo 165 de la Ley Orgánica del Congreso sonorense, que señala: “Los grupos parlamentarios –integrados por dos o más diputados– y las representaciones parlamentarias –cuando existe un solo diputado de un partido– contarán con presupuesto para asesores, personal y elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

De acuerdo con la Dirección General de Administración, la comprobación de los montos repartidos por la partida 3919 es cuasidiscrecional, porque los legisladores que reciben este dinero sólo están obligados a entregar un reporte financiero semestral que únicamente analiza la bancada a la que pertenecen.

A su vez, por mayoría el grupo parlamentario avala esta mínima fiscalización y después se envía al Pleno del Congreso por medio de “correspondencia”. Los congresistas dan por visto el reporte financiero (o sea que lo aprueban sin que medie un análisis) y solo ordenan que se archive en la Oficialía Mayor, y ya en esta etapa queda fuera del alcance de los ciudadanos.