El pasado martes la gobernadora Claudia Pavlovich anunció la implementación de la plataforma que utiliza el teléfono 911 como estrategia de seguridad pública y de servicio para emergencias.

La información oficial destacó la utillidad de dicha estrategia pero omitió mencionar la razón que propició su aplicación en nuestro estado:

Dos municipios de Sonora, Cajeme y Hermosillo, se encuentran en la lista de los 50 municipios más violentos de México, según lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación.

En esa deshonrosa lista, Cajeme ocupa el lugar número 19 con 86 asesinatos en el año reciente, y Hermosillo está en el número 24 con 76 crímenes.

La presencia de ambos municipios no extraña a los sonorenses, que casi a diario nos enteramos de nuevas ejecuciones mafiosas en las calles de Cd. Obregón y de la capital del Estado, una realidad dura que evidencia al gobierno de Pavlovich, quien en este tema heredó la incapacidad del gobierno de Padrés para frenar a la delincuencia organizada.

Sólo que en este caso el gobierno actual no puede culpar al anterior como responsable de lo que ahora ocurre pues en los últimos doce meses no se ha visto la mínima diferencia en el combate a la delincuencia organizada, con el agravante de que hoy la Procuraduría de Justicia del Estado parece más dedicada a investigar los delitos de los políticos padresistas que los originados por el narcotráfico.

En el caso de Cajeme destaca además la disminución de fuerzas de seguridad pública estatales y federales, así como la exclusión de la corporación municipal en los operativos conjuntos, aspecto denunciado por el propio alcalde Faustino Félix Chávez.

La inlcusión de Cajeme y Hermosillo entre los más violentos de México motiva reacciones, legítimas, del sector empresarial que ve afectada sus actividades por la "mala imagen" que esta relidad proyecta.

En el sector oficial sólo motivó silencio.

Pero entre la población estar en la lista negra de los 50 municipios más violentos es un golpe a las aspiraciones de recuperar un nivel de seguridad pública que se perdió hace diez años.