En las últimas semanas, varios funcionarios mexicanos han hablado en Estados Unidos con banqueros, inversionistas y analistas sobre el impacto de las acciones económicas que ha anunciado Donald Trump en contra de México. La respuesta colectiva ha sido que una cosa es el candidato y otra el presidente, por lo que han buscado tranquilizar a los mexicanos con el mensaje de que todo lo que escuchan no necesariamente se convertirá en realidad. Los planteamientos tienen que ver con los contrapesos en Estados Unidos –el Capitolio, los gobernadores, las empresas y los grupos de interés–, que creen aportarán racionalidad a las relaciones bilaterales. Pero si de cordura se trata, Trump tendría que modificar buena parte de sus planes, así como matizar el tono de sus amenazas.

Un reciente estudio del Centro de Investigación Automotriz (CAR por sus siglas en inglés), el "tanque de pensamiento" de la industria que se encuentra en Ann Arbor, Michigan, señala que un incremento de 10 por ciento promedio en el empleo de una armadora afiliada a las estadounidenses genera un incremento de 1.3 por ciento en el empleo en ese país, mientras que uno de 1.7 por ciento en las exportaciones estadounidenses producen un aumento de 4.1 por ciento en investigación y desarrollo, que es la principal razón por la que ese país es superior al resto del mundo, al generar valor agregado a los avances tecnológicos, que son los que les dan supremacía industrial y donde se centran los grandes márgenes de utilidad.

Trump, por alguna razón desconocida hasta ahora, ha enfocado sus guerras comerciales en la industria automotriz, bajo el supuesto de que reubicando las inversiones de México en Estados Unidos, el impacto económico y laboral en aquella nación va a ser positivo. Sin embargo, las cosas son bastante distintas, de acuerdo con el reporte del CAR. “El comercio no es de un solo lado”, apuntó. “Estados Unidos está alimentando a la industria automotriz con miles de millones de dólares de materiales. En 2013, Estados Unidos tuvo un superávit comercial con México de casi siete mil millones de dólares exportando plásticos. También tuvo grandes superávit en otras materias primas, incluido el acero y el aluminio”.

En el mediano y largo plazos, esos sectores resultarían perjudicados y traería consecuencias para el sector laboral. Por ejemplo, el traslado de ensamblaje de una futura planta de Ford en San Luis Potosí a Michigan, con la pérdida de dos mil 800 nuevos empleos durante un periodo de cuatro años, creará en aquél estado que votó por Trump por la promesa de que crearía nuevas fuentes de empleo, 700 nuevos empleos con una inversión que es la cuarta parte de lo que iba a inyectar en México. Si se ve en forma mecánicamente inversa, por más que Ford compense con su inversión el impacto del traslado de esa planta a Estados Unidos, ¿cuánto tiempo podrá sostener el costo antes de transferirle el incremento de sus gastos al consumidor?

Ford había llevado sus plantas a México para mantenerse en competencia, al ser una de las empresas que más ha sufrido la crisis automotriz. En septiembre del año pasado tuvo que recortar 13 mil plazas –nueve mil de ellas en Estados Unidos y el resto en México–, ante la caída de sus ventas. La diferencia salarial con México le permite mantener sus precios competitivos en el mercado doméstico, pero las presiones de Trump afectarán a la empresa. El tema de los salarios ha sido manejado tramposamente. El CAR reportó que los trabajadores en las plantas armadoras en México ganan en promedio 5.64 dólares la hora, mientras que en Estados Unidos obtienen 27.78 dólares. En la cadena productiva, los abastecedores de autopartes ganan 2.47 dólares la hora en México, contra 19.65 dólares en Estados Unidos. “La pregunta –planteó el Centro–, es si la reubicación de las plantas es completada, cuánto afectará el precio de cada unidad y cuánto costará un automóvil en Estados Unidos”. Si fuera un incremento lineal, el costo por unidad costaría cuatro veces más que en la actualidad, lo que llevaría esos modelos de Ford a estar fuera, por completo, de la competencia en el mercado”.

Las armadoras estadounidenses han ido doblegándose ante Trump, pero tienen razones objetivas para subordinarse a su próximo gobierno. Al final de su administración, el presidente George W. Bush inyectó 17 mil 600 millones de dólares a Chrysler y a General Motors –32 por ciento de la empresa es hoy propiedad del gobierno estadounidense– para salvarlas, y al arrancar la de Barack Obama, su intervención para fortalecer el rescate evitó un colapso de la industria. Aunque Ford no participó en aquel paquete, en 2015 recibió un apoyo de cinco mil 900 millones de dólares, que evitó su bancarrota.

Hasta dónde llegarán o aguantarán las armadoras de Michigan, no se sabe. Hasta dónde llegará Trump con sus amenazas de gravar con 35 por ciento a las compañías que decidan mantener sus operaciones en México y exportar a ese mercado, tampoco se sabe. Los lances de Trump han tambaleado a la industria automotriz, que desde 2010 anunció inversiones por más de 24 mil millones de dólares en México. ¿Cuántas de ellas serán canceladas? Por lo pronto, casi 10 por ciento de ellas se detuvieron, incluso con plantas prácticamente terminadas.
En Estados Unidos insisten a los mexicanos que las cosas serán diferentes cuando llegue a la Casa Blanca, pero como dijo una funcionaria que ha hablado con ellos, “lo mismo nos decían hace más de un año que Trump no iba a ganar y ganó”. Ciertamente, no hay razones para estar tranquilos.

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