CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los gobiernos de Baja California y Sonora tienen en sus planes seis proyectos de plantas desalinizadoras, y al menos una ya negocia con dependencias de Estados Unidos para vender agua.

Pese a que el gobierno de Baja California niega que haya intenciones de exportar agua al país vecino, California confirma la especie.

Sin embargo, en México las leyes no permiten la venta de agua, y en Estados Unidos los tratados sólo hablan de compartir el recurso de cauces naturales con su vecino del sur, de acuerdo con un reportaje de Alexandra Mendoza y Marco Tulio Castro publicado este lunes por Newsweek en Español.

Pero en épocas donde la sequía afecta a ambos países y las normas no están desarrolladas, un nuevo jugador entró en la ecuación, y a pesar de los impactos ecológicos para México, aceleró el proceso.

Así, empresas transnacionales se han instalado en el noroeste de México, la única región del país con dos mares y frontera, para construir plantas desalinizadoras cerca de Estados Unidos con el propósito de vender el agua nacional.

Se trata de Consolidated Waters Co. Ltd., con sede en Islas Caimán, que instaló una filial en Tijuana a través de NSC Agua SA, fundada en 2010 por el empresario Alejandro Valladolid de la Vega.

De esta forma los gobiernos de Sonora y Baja California han abierto la puerta a megaproyectos de desalinización en los últimos años bajo el esquema de asociación público-privado (APP), donde invierten Estado y particulares.

Según el artículo académico “Desalinización y seguridad del agua en la frontera Estados Unidos-México”, publicado en 2016, hay al menos dos proyectos que planean exportar agua a través de ductos transfronterizos.

“Se presta cada vez más atención a los proyectos de desalación de agua de mar en Rosarito, Baja California, y en Puerto Peñasco, Sonora. Ambos han considerado la posibilidad de exportar agua desalada a Estados Unidos, aunque no existe una decisión definitiva para hacerlo”, acota el reporte.

El panista Francisco Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California, se asoció con Consolidated Waters en una APP, y endeudó al estado con más de 66 mil millones de pesos que serán invertidos en la planta desalinizadora de Playas de Rosarito, ubicada a 40 kilómetros de la frontera.

Kiko Vega anunció en 2016 esa planta desalinizadora como la más grande de Latinoamérica.

Esta misma planta es mencionada desde 2012 por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) como “Planta desaladora binacional en Rosarito” en el acta 319 firmada por México y Estados Unidos.

De acuerdo con Óscar Gracia, subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Baja California, la planta producirá 4.4 metros cúbicos de agua por segundo, suficiente para casi 5 millones de habitantes.

Y la priista Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, sigue los mismos pasos.

La ahijada política de Manlio Fabio Beltrones propuso en marzo al Congreso sonorense una desalinizadora en el municipio de Empalme, presupuestada en 704 millones de pesos y que se licitará también en la modalidad de APP.

Más aún, en Sonora hay tres iniciativas de plantas desalinizadoras.

La más polémica se encuentra en planeación para instalarse en Puerto Peñasco, Alto Golfo de California, único lugar del mundo donde habita la vaquita marina, hoy a punto de desaparecer.

Es precisamente la planta de Puerto Peñasco la que se planea para exportar agua a Arizona a través de un ducto transfronterizo, con todo y los impactos ambientales que dejaría en México.

La doctora en ciencias de los recursos de tierras áridas, Adriana Zúñiga, advierte que “ahí hay reservas ecológicas marinas y terrestres. Entonces son zonas muy sensibles y la vaquita marina definitivamente sufriría”.

Para la investigadora de la Universidad de Arizona, que participó junto a otros ocho académicos en el artículo binacional, los proyectos desalinizadores en la frontera no son la panacea, especialmente el proyecto de Puerto Peñasco.

“Usan muchísima energía, y por lo tanto el agua es carísima. Entonces no es la solución tan mágica que se piensa. Hay que evaluar estos otros aspectos: impactos sociales, impactos ecológicos y políticos cuando se trata de lugares binacionales”, dice Zúñiga.

También explica que hay dos formas de abordar la problemática de la escasez de agua: a través de aproximaciones duras y blandas.

El abordaje duro consiste en construir plantas desalinizadoras, canales y toda obra hidráulica.

Las aproximaciones blandas resuelven necesidades actuales como sistemas de reúso, ahorro, atención de fugas y mejorar los modelos de cobro del servicio del agua.

Son estas aproximaciones son las que ella recomienda antes de las megainfraestructuras.

Pero los gobiernos involucrados en esta problemática binacional priorizan la inversión en plantas desalinizadoras y ductos transfronterizos. Y le apuestan más al conocimiento de trasnacionales como ahora sucede en la planta de Rosarito.

Reportaje completo en:

http://www.proceso.com.mx/481724/gobiernos-baja-california -sonora- preven-vender-agua-a-eu