Los niveles de corrupción en México aumentan cada vez más, mal que genera pérdidas por 1.5 billones de pesos al año, según reveló la organización Transparencia Internacional (TI) al Congreso de la Unión.

Sin embargo, los líderes del Senado de la República mantienen como pendiente la elección – entre 23 aspirantes-- del que será en titular de la nueva Fiscalía Anticorrupción, por lo menos hasta que transcurran los doce días que se aprobaron para las vacaciones de Semana Santa.

Mientras esto sucede, TI recordó que el costo de la corrupción en nuestro país es de 1.5 billones de pesos al año, cifra que equivalente a una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB), según cifras emitidas por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

Más aún, el informe subraya que “la corrupción tiene un costo de 70 mil millones de pesos para las empresas instaladas solamente en la ciudad de México”, agregó la organización internacional, al citar cifras del último informe de la Confederación de Patrones de la República Mexicana (Coparmex) en la materia.

Así las cosas, en el Senado de la República han desarrollado diversos foros a fin de proponer a una persona que mantenga un índice de calidad social para fungir con el nuevo encargo, sin embargo, los cinco partidos políticos representados no llegan a algún acuerdo, debido a que dicha posición es vista como un escaño político.

En marzo pasado, Luis Carlos Ugalde –expresidente del IFE (ahora INE)— indicó que el comité ciudadano, que acompaña la decisión de los legisladores, evaluó las características de los 23 aspirantes finalistas, y calificó con el mejor promedio a cuatro de ellos.

Se trata de César Alejandro Chávez Flores, José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón, Miguel Ángel González Félix y Manuel Luciano Hallivis Pelayo, quienes determinó el Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Evaluación de los Perfiles e los Aspirantes a Fiscal Anticorrupción.

Transparencia Internacional (TI) advierte al Congreso de la Unión que el incremento de este mal “debilita a los gobiernos, hacen más difícil la gobernabilidad y la estabilidad de una región o un país generan desconfianza de los ciudadanos hacia los gobernantes y por consiguiente, se debilita el tejido social”.

El documento explica que la corrupción de da en un marco discrecional del uso del poder y la posición monopolística que gozan los funcionarios públicos cuando tienen que ver con cuestiones con particulares o ciudadanos.

“Pero sobre todo de asimetría de la información en la gran mayoría de los casos, lo que incentiva al agente público a medir las ganancias de extraer renta de un particular versus el costo de ser sorprendido y enjuiciado, o llevado a la cárcel”, sostiene.

http://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/04/09 /sociedad-el-proceso-corrupto-del-fiscal-anticorrupcion