Mientras en Cd. Obregón algunos productores agrícolas hablaban abiertamente sobre la responsabilidad de Claudia Pavlovich en la operación del acueducto Independencia, en Hermosillo la Gobernadora anunció este lunes su propuesta de ley que regule los próximos comicios electorales en el Estado.

La propuesta a simple vista puede parecer interesante e incluso digna de apoyo por todos los partidos, pero ya examinada con detenimiento presenta aspectos para pensar que se trata nada más de una estrategia mediática, ausente de criterios jurídicos sólidos o por lo menos coherentes.

Como estrategia mediática incluye el punto más sensible en la opinión pública no solo sonorense sino de todo el país, me refiero a la propuesta de reducir drásticamente los gastos de campaña y no permitir que nuestras ciudades se llenen de la basura visual de cada tres años cuando a donde quiera que uno voltee mira pancartas, espectaculares, muros pintados y otros horribles productos de la propaganda electoral de partidos y candidatos.

Propone además campañas más cortas (bastarían con una semana, pienso yo) y por lo tanto menos dinero público a los contendientes electorales.

Pavlovich reitera también su iniciativa de una real equidad de género en la asignación de candidaturas, 50% hombres y 50% mujeres, un tema que ya no es novedoso pero que al mencionarlo deja dividendos en el rating de popularidad.

Todos desde ahora levantamos la mano para que todo esto suceda y con ello se coloca una medallita más a la Gobernadora a quien los comentaristas políticos exaltaran por el valor de suiniciativa y hablarán, como ahora se estila en nuestra entidad, de la lección que Sonora le está dando a todo México.

Sin embargo, la propuesta se tambalea con todo y sus buenas intenciones cuando se cuestiona si es posible hacer una ley electoral para el Estado de Sonora en el marco de una elección nacional, es decir, aquí no sólo elegiremos alcaldes y diputados locales sino también diputados federales, senadores y Presidente de la República. Un experto en estos temas, un experto independiente por supuesto, deberá explicar los enredos que supone un escenario de esta naturaleza, con campañas simultáneas en una misma entidad pero regidas por leyes diferentes, la estatal y la federal, a menos que en todo el país se adopte y legisle ipso facto la propuesta de la gobernadora sonorense.

Otro punto débil, polémico y que representa un galimatías legal es la buena intención de la propuesta cuando habla de suprimir las campañas negras. De inicio, este término no tiene validez jurídica como para sustentar una ley. Nadie hasta ahora puede definir con exactitud qué es una campaña negra, aunque todos tengamos la noción de qué se trata, no es un concepto objetivo. De hecho la idea de legislar sobre campañas negras a nivel nacional ha provocado debates inútiles por tratarse de un tema muy maleable.

Si se refiere a evitar calumnias o difamación, esto ya está en las leyes y se aplican a cualquier ciudadano como a cualquier candidato.

Puede pensarse con un poco de malicia que desde el Gobierno se quieren sancionar las "campañas negras" para evitar acusaciones contra candidatos oficiales cuya honestidad está en entredicho, o que tienen algunos pecadillos ya sea por motu proprio o por apoyo a decisiones gubernamentales negativas. El tema, repito, es demasiado amplio como para tratar de encasillarlo en una prohibición absurda. Además la realidad imperante hoy nos confirma que las "campañas negras" llegaron para quedarse no sólo en Sonora o México sino en todo el mundo. Pregúntenle a Hillary Clinton y a Donald Trump.

Una objeción más: Limitar el tiempo y los gastos de campaña suena interesante, pero sería una regla de competencia desleal, injusta, entre los funcionarios que viven de manera permanente en campaña, exhibiendo sus gracias en los medios, mientras otros contendientes no tendrían el tiempo necesario para que los conozcan siquiera en sus colonias.

En resumen, esta propuesta de ley electoral es digna de aplauso superficial, sí, pero tal vez poco resistente al análisis crítico.

Aunque si nuestra Gobernadora quiere evitar el dispendio en los gastos electorales y hacer así más parejas las campañas, podría empezar por poner orden en los diputados locales, como los de Cajeme, que se la pasan un día sí y otro también haciendo con dinero público sus campañas personales con miras a las próximas elecciones.