La imagen es elocuente: Un indígena yaqui se introduce en una zanja para impedir que la maquinaria de la empresa Gasoducto Aguaprieta continúe la reparación del gasoducto en el territorio de la Loma de Bácum.

El hombre llegó con un numeroso grupo de yaquis decididos a impedir que el gasoducto sea puesto en funcionamiento y advirtieron que están dispuestos "a todo" con tal de impedirlo. 

El suceso ocurrió hace una semana y desde entonces los indígenas han tomado el control de ese tramo en disputa donde una orden judicial ordenó meses atrás suspender la obra mientras se resuelve el conflicto jurídico entre la empresa constructora y los opositores al gasoducto.

Un manejo político erróneo de este caso ha tensado la situación hasta llegar al grado en el que hoy se encuentra, donde es más peligroso un estallido social que el del propio gasoducto.

División yaqui ignorada

En el origen del conflicto destaca la equivocada concepción del control que creían tener las autoridades gubernamentales sobre la etnia yaqui.

Creyeron que bastaba apoyarse en los líderes indígenas aliados al Gobierno del Estado para introducir sin problema la tubería del gasoducto por todo el territorio de los ocho pueblos tradicionales. 

Así lo creyó también la empresa IEnova y apostó junto con el gobierno a congraciarse con líderes que habían encabezado la oposición contra el acueducto Independencia, oposición que no detuvo el proyecto del exgobernador Guillermo Padrés pero sí le infringió un fuerte desgaste político que impidió a éste y a su partido, el PAN, retener la gubernatura del Estado y le hizo perder las principales alcaldías -Hermosillo y Cajeme.

En esos líderes progobiernistas confiaron el control de la situación mediante la entrega de fuertes sumas de dinero que la empresa niega, aunque entre la población de los ocho pueblos tradicionales se dice lo contrario y se habla incluso de conflictos internos por el inequitativo reparto de ese dinero, concentrado en "el que parte y reparte", los líderes.

Dichos líderes marginaron de la negociación a las autoridades tradicionales de la Loma de Bácum, con las que mantienen una adversidad basada en diferencias políticas, y en esta exclusión tuvieron el apoyo del Gobierno del Estado y de la empresa. Menospreciaron la capacidad de respuesta de uno solo de los ochos pueblos tradicionales.

Desde entonces el conflicto ha escalado hasta llegar a la situación actual en la que los yaquis de Loma de Bácum han retomado el control de la zona e insisten en impedir esta obra que, sin duda, es indispensable para el crecimiento económico de Cajeme y el sur de Sonora, una región que se quedó atrás con respecto al centro del Estado, donde el gas natural está disponibe desde hace varios años.

En la evolución del conflicto, el Gobierno y la empresa descartaron la negociación con Loma de Bácum, han echado mano de su poder económico y político así como del control que tienen sobre los medios de comunicación. Siempre en el afán de imponer su fuerza, pasando por encima de órdenes judiciales, y negando de manera constante el diálogo y la negociación con las autoridades tradicionales del pueblo opositor.

Una solución a la vista, pero...

El pasado viernes, durante su visita a Cd. Obregón, un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación, Rafael Oceguera Ramos, informó a los medios locales que ese día en Hermosillo el delegado de SeGob, Wenceslao Cota Montoya, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Ciprián, y Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, estaban reunidos con las autoridades yaquis para llegar a una solución negociada y pacífica del conflicto.

Oceguera subrayó el interés del Gobierno Federal para que este caso se resuelva de manera pacífica y con apego irrestricto a la ley.

"Vamos a encontrar una solución sin hacer uso de la represión, vamos por la vía del diálogo y la aplicaciónde las leyes por un tema que interesa mucha para el desarrollo económico y social de la región", reiteró.

Las declaraciones de Oceguera debieron haber alimentado la esperanza de autoridades y empresarios del sur de Sonora, urgidos de la llegada del gas natural.

Pero lo que faltó puntualizar al funcionario fue que dichas negociaciones eran, de nuevo, con los líderes aliados al Gobierno del Estado, no con las autoridades tradicionales que encabezan la oposición al gasoducto.

Aún así, ha trascendido que la semana por empezar, este lunes tal vez, se propondrá a las autoridades tradicionales de Loma de Bácum el inicio de un diálogo con la empresa Gasoducto Aguaprieta y autoridades del Gobierno del Estado, diálogo donde los indígenas serían representados por una organización civil (ONG) afín a sus intereses. El objetivo, dicen, es destensar la situación y empezar el camino hacia un acuerdo.

Las autoridades tradicionales podrían aceptar.

Pero falta que la empresa y el Estado admitan, por fin, que la negociación no es con sus aliados dentro de la tribu sino con el pueblo de la Loma de Bácum. Algo que debieron entender desde el principio y aún no lo han hecho.