El desconocimiento de la Ley de Tránsito por parte de los ciudadanos los hace víctima de abusos por parte de la autoridad en los retenes del Alcoholímetro, denunció la regidora Sandra Luz Montes de Oca.

El artículo 223 de la Ley de Tránsito estipula, de acuerdo con el artículo 21 Constitucional, que las multas aplicadas por conducción punible y otras causas deben ser proporcionales al ingreso del infractor, y que no se puede pagar más de un jornal diario, explicó la regidora y expresidenta de la Comisión de Seguridad en el cabildo cajemense.

Es incongruente que a personas de bajos sueldos les apliquen multas por 2 mil 800 pesos, si pagan antes de 24 horas, pues dejan así a una familia sin sustento y se viola el derecho constitucional del pago proporcional, añadió.

En estos casos, dijo, el trabajo que hacen los juecces calificadores es violatorio de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución.

Antes de pensar en aplicar multas tan altas, debe remitirse a los infractores a un grupo de Alcohólicos Anónimos, como lo previenen los ordenamientos legales para no afectar a las familias, mencionó.

"Cualquier ciudadano apoyado en el artículo 21 de la Constitución puede ganar un amparo contra las multas que el impone la autoridad", expresó.

Montes de Oca aseguró que a los jueces les han quitado la facultad de calificar las multas de tránsito porque no les tienen confianza, y esto deja indefenso al ciudadano.