Una licitación que parecía diseñada para favorecer a un concursante, un ganador cuya primera actividad no era la venta de los bienes requeridos, y la adquisición de dichos bienes a precios más altos del promedio en el mercado nacional e internacional, fueron los hechos que sembraron dudas en el empresario Julio César Pablos Ruiz.

Él junto con otros industriales participó en la licitación publicada por el Gobierno de Sonora en junio del 2016 para la compra de 350 camas destinadas a los hospitales de la Secretaría de Salud. El recurso disponible era 42 millones de pesos (mdp).

Pablos Ruiz tiene en Cd. Obregón una fábrica de camas hospitalarias y ha provisto a diversas instituciones de salud en México; sus camas, dice, son funcionales, cumplen con los requisitos estandarizados y por su precios accesibles son competitivas.

"Pero desde que vimos la licitación nos pareció demasiado cerrada, con excesivos requisitos, como si estuviera hecha para desalentar a los proveedores tradicionales y dar el fallo a favor de alguien seleccionado de antemano", comenta.

Como no pudo concursar decidió solicitar a través del Instituto de Transparencia Informativa del Estado  (Ities) los documentos del caso para saber cómo se había realizado la licitación pues se trataba, dice, de una compra de camas atípica, demasiado grande.

Lo que descubrió le pareció aún más atípico.

El fallo de la licitación fue a favor de una empresa del Estado de México, Sucisa, que originalmente se dedicaba a proveer equipamiento educativo -mesabancos, material didáctico, etc.-, según aparecía en su sitio de internet, pero que después del fallo a su favor se presenta en especial como proveedora de todo tipo de material médico, además de educativo.

Aunque se rastreó a través de internet si dicha empresa tenía ventas anteriores de camas, no se encontró antecedente alguno, sostiene Pablos ruiz. "Al parecer la venta hecha al Gobierno de Sonora fue la primera; Sucisa compró las camas a un fabricante colombiano".

En esta especialidad industrial, las empresas internacionales líderes son Hillroom y Stryker, cuyas camas tienen costos más competitivos que la fábrica colombiana.


Compra atípica

La licitación emitida por el Gobierno del Estado era para adquirir 120 camas eléctricas y 230 camas manuales.

Llama la atención, dice Pablos Ruiz, el gran lote solicitado, pues en instituciones como el IMSS generalmente las compras son más pequeñas.

Lo más "raro" son los precios por los que falló el comité licitador a favor de la empresa Sucisa.

El IMSS -dice Pablos- compra camas eléctricas a empresas internacionales y "también a nosotros" en lotes más chicos a un promedio de 64 mil a 75 mil pesos por unidad; el Gobierno de Sonora las compró a Sucisa a un precio alrededor de 120 mil pesos, es decir, un promedio entre 45 y 55 mil pesos más por cada cama.

Incluso durante la administración estatal del Guillermo Padrés el Sistema de Servicios de Salud licitó camas eléctricas con precios promedio de 54 mil pesos, es decir, casi menos de la mitad de lo que ahora costaron.

También en los precios de la 230 camas manuales adquiridas hay fuertes contrastes.

Pablos Ruiz explica:

El costo por unidad en la licitación referida quedó en un promedio de 98 mil pesos; el IMSS las ha comprado en un promedio de 20 a 25 mil pesos.

Cabe señalar, añade, que en la licitación se especificaba que debían ser camas con un colchón de características especiales, pero las compradas tienen colchones normales.

"En resumen, de los 42 millones que gastaron en camas, si las hubiera comprado el IMSS hubieran costado en total 12 mdp, si las hubiera comprado Padrés, 14 mdp, dato contundente, allí están la información històrica, nadie está inventando nada. Estamos hablando de 28 mdp por encima de lo que pudieron haber pagado".


Ante la incongruencia de los datos, precios más altos del promedio, Pablos y sus socios presentaron una queja ante la Secretaría de la Contraloría del Estado el 4 de noviembre 2016; se entregó una copia a la Fiscalía Anticorrupción.

"Desde entonces hemos solicitado información y nos la han negado o retrasado. Incluso el Ities los ha multado por no cumplir con los tiempos que la ley estipula como plazo para entregar información solicitada por ciudadanos".

Para justificar el fallo, agrega, se dijo que estaba basado en un estudio de mercado y esos fueron los precios que encontraron.

"Ïnvestigamos y vimos que simularon haber solicitado información a través de un oficio, pero no existe la información solicitada, y empezamos a ver las cotizaciones que ellos obtuvieron. Las subieron el día después de haber entregado la propuesta económica".

"El 21 de junio hicimos un escrito de nuevo para la Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción donde damos información que demuestra que hicieron una simulaciòn de estudio de mercado".

Con esta experiencia negativa, Pablos Ruiz y socios han hecho una propuesta a los diputados del Congreo local para que modifiquen la Ley de Adquisiciones.
El cambio consistiría en obligar a la dependencia oficial a realizar un estudio de mercado antes de licitar porque "no puedes licitar algo si no tienes un referente de cuánto cuesta el bien o servicio a adquirir, las características del mercado y precios de referencia".

Presentaron la propuesta de reforma legal al diputado cajemense Omar Guillén Partida

A pesar de haber hecho entrega formal hace más de un año a través de CANACO Cd. Obregon, y con el respaldo de algunas de las organizaciones empresariales del Estado, hasta hoysu propuesta de modificación de la Ley de Adquisiciones no ha sido presentada al pleno del Congreso.

"En dicha modificación se establecen al menos 10 propuestas para evitar en el futuro posibles actos de corrupcion o contrarios a lo legalmente establecido. como los que aquí señalo", concluye Julio César Pablos Ruiz.