Opositores al paso del gasoducto por Loma de Bácum pedirán que se aplique la sanción por delito de desacato a una orden judicial al Gobierno del Estado, a los alcaldes de Bácum, Guaymas y Cajeme, así como a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, además de la empresa Gasoducto de Agua Prieta.

Esta sanción es procedente pues el pasado 22 de julio se publicó el resolutivo judicial donde se establece que las entidades mencionadas violaron la orden judicial de suspender la construcción del gasoducto y garantizar que se respetara dicha orden.

Martín Valencia Cruz, secretario de la autoridad Tradicional de Loma de Bácum y el vocero Guadalupe Flores Maldonado, así como el asesor técnico Rodrigo González Enríquez consideraron un avance muy importante la resolución del 22 de julio para impedir que el gasoducto pase por territorio de Loma de Bácum.

Indicaron además que se interpondrá una denuncia por actos de terrorismo contra quien resulte responsable por los hechos ocurridos el pasado 21 de octubre en esa comunidad yaqui, donde murió una persona a causa del enfrentamiento entre pobladores.

La denuncia, dijeron, se hará en los Estados Unidos, ante autoridades federales en Washington o ante una corte judicial, según lo decida la pascua yaqui que habita en ese país, y la denunciada será la empresa Sempra Energy, propietaria del proyecto del gasoducto a través de su filial en México, Gasoducto Agua Prieta.

Adviertieron que volverán a utilizar las herramientas necesarias para impedir que funcione el gasoducto, e incluso que podrían convertir a éste en un acueducto para regar 10 mil hectáreas del territorio yaqui.

Por otra parte, aseguraron que seguirán luchando para obtener la libertad de Fidencio Aldama, presunto asesino de la persona muerta en los hechos del 21 de octubre, y a quien consideraron un preso político.

"No debe pasar más del año para que salga libre", anunciaron.