El Juzgado Séptimo de Distrito rechazó el uso de la fuerza pública solicitado por la empresa Gasoducto Aguaprieta para que sus empleados pudieran realizar reparaciones en el tramo del gasoducto ubicado en territorio indígena de Loma de Bácum.

En un edicto del 8 de septiembre se da respuesta a la solicitud formulada por Jorge Alberto Olea Jiménez, representante legal de la empresa, con estos términos:

"No ha lugar a acordar de conformidad la medida urgente que pide", pues de ser así se contravendría a la suspensión de plano otorgada el 6 de abril de 2016 para que no se ejecutara dentro del territorio de la comunidad indígena de Loma de Bácum "algún tipo de obra e infraestructura relativa al proyecto Gasoducto Guaymas - El Oro".

Asimismo, señala el edicto, se incumpliría con la ejecutoria de 30 de junio de 2017 pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito que requirió a las autoridades responables, para que en el término de 24 horas cumplieran con la suspensión de plano otorgada por ese órgano jurisdiccional con el apercibimiento que de no hacerlo, se efectuará la denuncia al Ministerio Público Federal por el delito que corresponda. 

Y puntualiza el texto firmado por María del Rosario Alcántar Trujillo, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora:

"Máxime que este tribunal federal no autorizó la construcción de alguna obra dentro del territorio de la parte quejosa, por lo que en todo caso si esa se realizó sería bajo la responsabilidad de Gasoducto de Aguaprieta, S. de R. L. de C.V.".

La solicitud denegada

El pasado 25 de agosto el abogado Olea Jiménez formuló ante la juez Alcántar Trujillo una "solicitud urgente" para que decretara "las medidas que considere necesarias para que personal de Gasoducto Aguaprieta pueda hacer las reparaciones requeridas".

Y las medidas que propuso el representante legal de Gasoducto Aguaprieta eran las siguientes:

"Solicitar el auxilio de la fuerza pública que garantice su seguridad (del personal) mientras se llevan a cabo las acciones de reparación; conminar a los quejosos para que no obstaculicen su realización, comisionar al C. Actuario de ese H. Juzgado para que acompañe al personal de mi representada en la ejecución de dichas labores y dé fe de las mismas; ordenar a los quejosos que se abstengan de volver a incurrir en conductas auto-justicieras mediante actos y hechos que, según su parcial óptica, tiendan a procurar el cumplimiento de la suspensión de oficio decretada en este juicio, pues no corresponde a ellos, sino a su Señoría exclusivamente, velar por dicho cumplimiento".

Esta solicitud días después tuvo eco en diferentes actores políticos que sugirieron la posibilidad de pedir la intervención de la Gendarmería nacional en la Loma de Bácum.

Hoy se dio a conocer que estas propuestas fueron rechazadas por el Juzgado federal.