La Ley de Seguridad Interior será aprobada sin que los respresentantes legislativos de Cajeme le hayan dado una oportunidad a la sociedad civil de opinar y fijar su postura sobre este tema tan trascendente, afirmó Rosendo Arrayales Terán.

Para el activista de derechos humanos, el diputado federal Abel Murrieta y la senadora Anabel Acosta estaban obligados a convocar a foros donde la ciudadanía se expresara y emitiera su apoyo, rechazo o modificaciones a este ordenamiento legal que tendrá una influencia decisiva en el México de los próximos años.

"Hemos visto a la senadora Acosta regalando pelotas y al diputado Murrieta haciendo declaraciones sobre la Ley, pero ninguno de los dos intentó organizar un debate; sólo quieren imponer su punto de vista al resto de la sociedad", comentó.

Arrayales consideró que la Ley de Seguridad Interior es un mecanismo legal para coartar libertades y facilitar medidas represivas contra la población, como lo han señalado diversos especialistas.

"Un comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Fundación Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, además de juristas, académicos, intelectuales y gente de todo tipo ha manifestado su rechazo a esta Ley", dijo.

Pero aquí no hubo debates, el diputado federal y la senadora sólo han querido imponer su opinión sobre el resto de la sociedad y esa opinión es la que les dice su partido, agregó.

Es lo mismo que ahora ocurre con la próxima designación del Comisionado Estatal de Derechos Humanos, señaló. "Hemos propuesto a los diputados locales que se abra el tema a la opinión de la sociedad civil pero no nos han respondido".

"Ni Emeterio, ni Omar, Rafael, Brenda y Kiki, a ninguno parece interesarle la opinión de los cajemenses sobre quién debe ser el comisionado de Derechos Humanos en Sonota", puntualizó.